Cuatro hombres abandonan Guantánamo; dos se enfrentan a juicios poco
claros en Italia
05 de diciembre de 2009
Andy Worthington
El lunes, el Gobierno de Obama anunció que había trasladado a cuatro presos de Guantánamo: Sabir Lahmar,
de nacionalidad argelina, fue trasladado a Francia; un palestino no
identificado fue trasladado a Hungría; y dos tunecinos, Adel Ben Mabrouk bin
Hamida Boughanmi y Mohammed Tahir Riyadh Nasseri, fueron puestos bajo la
custodia del Gobierno italiano.
Sabir Lahmar, un argelino puesto en libertad en Francia
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La puesta en libertad de Sabir Lahmar se ha retrasado demasiado. Este erudito islámico
residía en Bosnia-Herzegovina y trabajaba para una organización benéfica, el
Alto Comité Saudí de Ayuda Humanitaria, cuando, en octubre de 2001, el Gobierno
estadounidense lo acusó, junto con otros cinco argelinos que vivían en
Bosnia-Herzegovina como ciudadanos o residentes, de conspirar para hacer
estallar la embajada de Estados Unidos en Sarajevo. Tras una investigación de
tres meses, que las autoridades bosnias se vieron obligadas a llevar a cabo por
presión del Gobierno estadounidense (el activista de derechos humanos Srdjan
Dizdarevic afirmó que «las amenazas de los estadounidenses eran enormes» y que
«había histeria en su comportamiento»), los hombres fueron absueltos de todos
los cargos. Sin embargo, el 18 de enero de 2002, cuando fueron puestos en
libertad, fueron secuestrados por agentes estadounidenses y enviados a
Guantánamo, donde sufrieron un trato brutal y descubrieron que las autoridades
estadounidenses no tenían ningún interés en el supuesto complot para colocar
una bomba, sino que, en cambio, los estaban utilizando para intentar obtener
información sobre los árabes que se habían establecido en Bosnia-Herzegovina
tras la guerra étnica de 1992-95.
En noviembre de 2008, los seis hombres tuvieron finalmente la oportunidad de impugnar los fundamentos de
su detención ante un tribunal estadounidense. La vista tuvo lugar cinco meses
después de que el Corte Suprema concediera
a los presos los derechos de hábeas corpus garantizados por la
Constitución, tras dictaminar que la legislación aprobada por el Congreso en
2005 y 2006, que pretendía privar a los presos de los derechos de hábeas corpus
que el Corte Suprema les había concedido inicialmente en junio de 2004, era
inconstitucional.
El juez del Tribunal de Distrito Richard Leon, un juez de línea dura nombrado por el presidente George
W. Bush, estimó
las solicitudes de hábeas corpus de cinco de los seis hombres, incluido
Lahmar, tras concluir que el Gobierno no había aportado pruebas creíbles de
que, tal y como se alegaba en lugar del complot para cometer un atentado con
bomba, tuvieran la intención de viajar a Afganistán para tomar las armas contra
las fuerzas estadounidenses. Se dictaminó que el sexto hombre, Belkacem
Bansayah, estaba detenido legalmente como «combatiente enemigo», basándose en
las afirmaciones del Gobierno de que estaba «vinculado a Al Qaeda y, más
concretamente, a un facilitador de alto rango de Al Qaeda», aunque actualmente
está apelando la sentencia.
En su fallo, el juez Leon también imploró al Departamento de Justicia, al Departamento de Defensa y a las
agencias de inteligencia que no apelaran su veredicto, lo que “como mínimo,
supondría otros 18 meses a dos años de sus vidas”. Tal y como explicó: “Me
parece que llega un momento en el que el deseo de resolver cuestiones jurídicas
novedosas y tomar decisiones que no sean vinculantes para mis colegas palidece
en comparación con lograr un resultado justo basado en el estado de las pruebas”.
No obstante, aunque tres de los cinco hombres —Mustafa Ait Idr, Hadj Boudella y Mohammed Nechla— fueron
puestos en libertad pocas semanas después de la sentencia, el cuarto, Lakhdar
Boumediene, tuvo que esperar hasta mayo
para ser liberado, cuando fue acogido por el Gobierno francés, y Lahmar ha
tenido que esperar otros seis meses antes de que también se le asignara un
nuevo hogar en Francia.
En declaraciones a la AFP, Rob Kirsch, el abogado de Lahmar, afirmó que a su cliente, que ahora tiene 39
años, se le permitirá “reconstruir su vida como hombre libre tras casi ocho
años de detención ilegal. El Sr. Lahmar sufrió años de encarcelamiento inhumano
y en régimen de aislamiento. Estuvo privado de todo contacto humano hasta un
mes después de que el juez Leon dictaminara que la detención del Sr. Lahmar era
ilegal”. También elogió al presidente francés, Nicolas Sarkozy, y al ministro
de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, calificándolos de “personas francas y
directas a lo largo de todo este proceso”, y añadió: “Agradecemos las
oportunidades que han brindado a Sabir Lahmar y Lakhdar Boumediene”.
Un palestino liberado en Hungría
Aún se sabe poco sobre el preso liberado en Hungría. El 16 de septiembre, el primer ministro Gordon
Bajnai anunció que Hungría «acogería a un antiguo preso, probablemente de
nacionalidad palestina», y la semana pasada Gabor Juhasz, ministro responsable
de los servicios secretos civiles, confirmó que el Gobierno húngaro había «dado
su consentimiento oficial al acuerdo entre Hungría y Estados Unidos para acoger
a un detenido de Guantánamo». Añadió, sin embargo, que, al igual que en las
demás liberaciones ocurridas en Europa en los últimos meses (en Portugal,
Irlanda
y Bélgica),
el Gobierno había decidido "no revelar la identidad del exprisionero, ni la
fecha de su llegada ni su lugar de residencia". También explicó que el Gobierno
“prestaría apoyo al antiguo detenido para su integración en el país, incluyendo
el acceso a servicios sanitarios, oportunidades de aprendizaje de idiomas [y]
sistencia para encontrar un empleo”.
De una cárcel a otra: los tunecinos transferidos a custodia italiana
Se trata de una buena noticia para Sabir Lahmar y el palestino no identificado, pero para Adel Ben
Mabrouk bin Hamida Boughanmi y Mohammed Tahir Riyadh Nasseri, los dos tunecinos
transferidos a custodia italiana, el futuro se presenta tan sombrío como los
últimos siete años que han pasado en Guantánamo. Tal y como explicó el
Departamento de Justicia en un comunicado
de prensa en el que se anunciaba su traslado, “Ambos detenidos son objeto
de órdenes de detención pendientes en Italia y serán procesados allí… Estos
traslados se llevaron a cabo de conformidad con un memorando de entendimiento
firmado por el fiscal general Eric Holder y el ministro de Justicia italiano
Angelino Alfano en septiembre. Estados Unidos ha coordinado con el Gobierno de
Italia para garantizar que los traslados se realicen bajo las medidas de
seguridad adecuadas y seguirá consultando con el Gobierno de Italia en relación
con estos detenidos”.
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Quizás esto suene relativamente inofensivo, pero, tal y como
informé en julio, cuando surgieron los primeros rumores de que Silvio
Berlusconi había aceptado acoger a varios presos tunecinos de Guantánamo,
existen serias dudas sobre las circunstancias en las que se ha llevado a cabo el
traslado de los presos. Estas dudas no se disipan con la cuidadosa mención de
un memorando de entendimiento, y difícilmente justifican el agradecimiento
expresado por el Departamento de Justicia —“Estados Unidos agradece al Gobierno
de Italia su ayuda para cumplir la directiva del presidente Obama de cerrar el
centro de detención de la bahía de Guantánamo”— a menos que esa frase fuera
seguida de las palabras “por cualquier medio necesario”.
Como señaló Daniel Gorevan, portavoz de Amnistía Internacional, en marzo, después de que el comisario de
Justicia de la UE, Jacques Barrot, declarara que el Gobierno de EE.UU. había
planteado la posibilidad de un memorando de entendimiento entre la UE y EE.UU.
sobre la protección de los detenidos en Guantánamo, durante una reunión
celebrada el 17 de marzo: “Cualquier memorando de entendimiento entre EE.UU. y
Europa sobre los detenidos de Guantánamo debe tener en cuenta este requisito
fundamental: todos los detenidos que no hayan sido acusados y juzgados de forma
justa en los tribunales estadounidenses deben ser puestos en libertad de forma segura”.
Evidentemente, este no es el caso de los dos hombres que acaban de llegar a Italia desde Guantánamo, tal
y como expliqué en julio, cuando unos artículos publicados en La Repubblica
y la información obtenida de fuentes estadounidenses me permitieron confirmar
que, después de que el Gobierno de Estados Unidos solicitara de manera informal
al Gobierno italiano en abril que acogiera a seis o siete presos de Guantánamo,
el Departamento de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia elaboraron una
lista de presos de Guantánamo que tenían procesos penales pendientes en Italia,
y luego se centraron en tres presos, entre ellos Boughanmi y Nasseri, con el
fin de que fueran trasladados de Guantánamo a cárceles italianas.
Como también señalé:
[La Repubblica] sugirió que Roberto Maroni, Ministro del Interior (y miembro de la Liga Norte
italiana, notoriamente de derechas), sólo aprobó su traslado cuando recibió
garantías de que no serían puestos en libertad. Así lo confirmó un artículo
del Christian Science Monitor,
en el que la reportera Anna Momigliano escribió que Maroni, cuyo partido fue
descrito sin rodeos como "opuesto a la presencia de inmigrantes
musulmanes" en Italia, declaró: "Me opongo a acogerlos [a los presos]
mientras no tengamos la certeza de que permanecerán entre rejas".
La Repubblica añadió que los presos no recibirían "crédito" por sus siete años en
Guantánamo, y señaló que, en 2007, la Fiscalía milanesa había solicitado la
extradición de dos de los hombres, pero el Ministerio de Justicia se negó a
remitir la solicitud de extradición al gobierno estadounidense porque
Guantánamo "no era territorio estadounidense". En consecuencia, se
entiende que el traslado de los hombres a la custodia italiana por parte del
gobierno estadounidense no implicará su extradición, sino su expulsión, por lo
que el gobierno italiano puede tratarlos no como presos que ya han cumplido una
pena de cárcel, sino como fugitivos obligados a cumplirla íntegramente.
Estos temores no se han disipado con el traslado, al amparo de un memorando de entendimiento, de dos de
los tres hombres mencionados en julio. Ambos fueron detenidos a su llegada a
Milán y actualmente están siendo interrogados; aún no se ha dado ninguna indicación
sobre si serán juzgados ni si, en caso de ser condenados, se tendrán en cuenta
los años que pasaron en Guantánamo.
La niebla de las pruebas
En la niebla de rumores y acusaciones que rodea a estos hombres, es difícil saber dónde está la verdad. Según la fiscalía
italiana, ambos estaban vinculados a un centro islámico de Milán que tenía
conexiones con Al Qaeda, y se dictaron órdenes de detención contra ambos
mientras se encontraban en Guantánamo. En 2005, Boughanmi fue acusado de
“terrorismo internacional, falsificación de documentos, ayuda a la inmigración
ilegal, robo y tráfico de drogas”, y en 2007 Nasseri fue acusado de “organizar
en Afganistán la logística para combatientes procedentes de Italia, “donde
fueron entrenados en el uso de armas y en la preparación de atentados
suicidas””, y también fue descrito como “el jefe de los tunecinos en
Afganistán, “desde donde mantenía relaciones constantes con las estructuras en
Italia y Milán””.
Sin embargo, Boughanmi, que tenía 31 años cuando fue detenido al cruzar de Afganistán a Pakistán, explicó
a sus abogados que había trabajado en restaurantes de Nápoles y Roma, y
como barbero en Milán, y afirmó que viajó a Afganistán a principios de 2001
“porque me convertí al islam cuando estaba en Europa. Mi país era muy duro con
los musulmanes. Afganistán era un país donde estaban dispuestos a acoger a
cualquiera, no se necesita dinero para vivir allí y dan la bienvenida a todos
los musulmanes”.
Además, como expliqué en julio:
En Guantánamo, negó la acusación de que formaba parte de una red terrorista en Italia y de que "posiblemente"
falsificaba pasaportes "para combatientes de Al Qaeda que huyen y
consiguen llegar a Europa" (ese uso de la palabra "posiblemente"
indica, en general, que incluso los militares estadounidenses consideraban que
la acusación no era fiable). También refutó las acusaciones de que fue un
"extremista" en Bosnia-Herzegovina durante la guerra civil y, para
demostrarlo, mostró al tribunal los sellos de visado de su pasaporte, que
solicitó como prueba. Al parecer, la información sobre sus supuestas
actividades en la antigua Yugoslavia se la proporcionó el gobierno tunecino,
que lo había condenado en rebeldía a 20 años de prisión por ser presuntamente
miembro de una organización terrorista que operaba en el extranjero.
Se sabe menos públicamente sobre Nasseri, que tenía 35 años en el momento de su captura en Afganistán, ya que se negó a
participar en ninguno de los procesos de revisión militar en Guantánamo (los
Tribunales de Revisión del Estatus de Combatiente y las Juntas de Revisión
Administrativa anuales), aunque se señaló que refutó todas las acusaciones en
su contra. Algunas de estas acusaciones estaban relacionadas con la orden de
detención italiana mencionada anteriormente; la afirmación de que luchó en
Bosnia podría provenir del Gobierno tunecino (que le condenó en rebeldía a diez
años de prisión por ser miembro de una organización terrorista que operaba en
el extranjero), y no se aportó ninguna prueba que respaldara la acusación de
que «lideró una banda de ladrones en Italia y España que cooperaba con
terroristas argelinos".
Lo más preocupante es la afirmación de que era «el jefe de los tunecinos en Afganistán», lo cual, por supuesto, puede ser
cierto, pero lo que lo hace sospechoso en el contexto de la recopilación de
información en Guantánamo es que proviene de una acusación de que fue
“identificado por un alto mando de Al Qaeda como alguien que se había entrenado
en el campamento de Khaldan y que finalmente asumió el cargo de emir del Grupo
Tunecino en Afganistán.”
Las referencias a «un alto mando de Al Qaeda» en los procedimientos de Guantánamo se refieren invariablemente a
“detenidos de alto valor”, quienes, en aquel momento, se encontraban recluidos
en prisiones secretas de la CIA, donde fueron sometidos a “técnicas de
interrogatorio mejoradas” aprobadas
por los abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de
Justicia; en otras palabras, donde fueron torturados.
Por supuesto, ninguna indicación sobre quién era este “detenido de alto valor” en concreto, pero dado que la referencia es
al campo de entrenamiento de Khaldan, parece probable que la acusación fuera
formulada bien por Abu
Zubaydah (el guardián del campo y la
víctima de tortura más conocida de la CIA, junto con Khalid
Sheikh Mohammed) o por Ibn al-Shaykh al-Libi, el “prisionero fantasma” más
famoso de la CIA. Torturado en Egipto en 2002, al-Libi hizo
una confesión falsa sobre los vínculos entre Al Qaeda y Sadam Husein que se
utilizó para justificar la invasión de Irak. Trasladado
a otras prisiones gestionadas por la CIA o en su nombre durante los cuatro
años siguientes, fue devuelto a Libia en 2006, donde
murió en mayo de este año, supuestamente tras suicidarse.
Con al-Libi convenientemente fuera de escena y Abu Zubaydah psicológicamente
destrozado (en abril de este año, uno de sus abogados, Joe Margulies,
escribió que “sufre daño cerebral permanente” y que “solo en los últimos dos
años ha sufrido unas 200 convulsiones”), parece poco probable que alguna de
estas dudas sobre Nasseri llegue a aclararse.
Por su parte, las autoridades italianas parecen estar apoyándose en gran medida en un informante, Lazhar Ben Mohamed
Tlil, un tunecino que viajó a Afganistán para recibir entrenamiento militar y
que ahora es la principal fuente de información —tanto para los funcionarios
estadounidenses como para las autoridades italianas— sobre los movimientos de
tunecinos y otras personas en Afganistán y Europa. Hace tres semanas, el fiscal
italiano Elio Ramondini declaró a Associated Press que, sin Tlil, el enjuiciamiento
de los sospechosos de Guantánamo en Italia “no es difícil, es imposible”.
Se Tlil merece este protagonismo es algo que se desconoce. Su testimonio puede, por ejemplo, ser poco fiable, pero tal vez
un tribunal pueda aclararlo si sigue cooperando. Por ahora, su abogado ha
explicado que está “insatisfecho con el programa de protección de testigos de
Italia” y se siente “abandonado”, y que, como consecuencia, está “amenazando
con negarse a testificar”, tanto ante los estadounidenses, que quieren que testifique
en Estados Unidos, como ante los fiscales italianos.
Igualmente preocupante, dada la falta de información sobre las circunstancias del traslado de estos hombres a Italia, es
el hecho de que el Gobierno italiano anunciara el martes que aún estaba estudiando
otros casos de presos de Guantánamo. Franco Frattini, ministro de Asuntos
Exteriores, afirmó que Italia ha aceptado “acoger a otros”, pero añadió que
“aún no hemos concretado” a qué presos acoger.
Si los juicios se justifican sobre la base de pruebas fehacientes de delitos, entonces presumiblemente será aceptable que
las extradiciones, expulsiones o “entregas a la justicia” sean una nueva
herramienta para un presidente al que se le han
cerrado tantas puertas a sus planes de cerrar Guantánamo, pero sin
garantías transparentes y fiables de que los juicios serán justos, y de que a
esos hombres se les reconozca el tiempo perdido en Guantánamo, no veo cómo este
acuerdo entre Barack Obama y Silvio Berlusconi puede considerarse un paso
válido para poner fin a las injusticias de Guantánamo y a la “guerra contra el terrorismo”.
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