Blanqueo de torturas: La exhaustiva averiguación de dos asesinatos de la CIA concluye la investigación de la administración de Obama sobre el programa global de tortura de Bush
Andy Worthington
10 de julio de 2011
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
22 de julio de
2011
¿Cuán conveniente es que una puerta se cierre al programa global de la administración Bush de entregas extraordinarias
y la tortura, precisamente cuando el complejo militar-industrial de Estados Unidos juega la sillita musical dejando a Robert Gates,
ruinosa reliquia republicana como secretario de Defensa, para ser reemplazado por Leon Panetta, quien ha pasado los últimos dos años
como director de la CIA, mientras que el general David Petraeus, comandante militar en Afganistán, asume el papel de Panetta en la CIA?
La respuesta tiene que ser que sería difícil imaginar un ejemplo más nítido de cómo los militares y las agencias de inteligencia–o la CIA, por lo
menos-están en el corazón mismo del gobierno.
La puerta que se está cerrando la responsabilidad por los numerosos prisioneros sometidos a las
"entregas extraordinarias", y, en algunos casos, el asesinato en el programa "alto valor del
detenido" de la administración de Bush. Esto implicó la creación de cárceles secretas de tortura en Tailandia,
Polonia, Rumania y Lituania y, por un tiempo, en Guantánamo, así como también otras en Afganistán e Irak, la
entrega de prisioneros entre estas instalaciones, y también a las mazmorras de los aliados en Jordania, Egipto,
Siria y Marruecos.
El programa del gobierno de Bush también comprendió la elaboración de cínicos memorandos que
pretenden redefinir la tortura de manera que la CIA pudiera practicarla. Estas notas, que serán conocidas
por siempre como "memorandos sobre la tortura" -fueron escritas en la Oficina de Asesoramiento Legal del
Departamento de Justicia (Office of Legal Counsel, OLC) por John Yoo, y aprobados por su jefe, Jay S. Bybee. Yoo
fue parte de un equipo de abogados agrupados en torno del vicepresidente Dick Cheney, responsables de encontrar la manera de justificar el
programa de tortura en el que también estuvieron involucrados el presidente Bush y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, así como también
otros altos funcionarios, incluso Condoleezza Rice. Los otros abogados fueron: David Addington, ex jefe de gabinete de Cheney y el asesor legal
William J. Haynes II, ex consejero general del Pentágono, su adjunto, Daniel Dell'Orto, ex abogadode la Casa Blanca (y más tarde Fiscal General),
Alberto Gonzales y su adjunto, Tim Flanigan.
En los Estados Unidos de Obama, donde el propio Presidente llegó al poder al declarar
su "convicción de que tenemos que mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás," ninguno de estos hombres
hatenido que rendir cuentaspor sus acciones. Lo cierto es que, como ya expliqué en un artículo la semana pasada, el Presidente
ha hecho todo lo posible para asegurarse de que quienes autorizaron la torturao trataron de justificar su uso han sido blindados contra la
posibilidad de rendir cuentas de sus actos. Como lo escribí:
Obama se limitó a observar cómo en febrero del año pasado, una investigación interna de cuatro años John Yoo y Jay S. Bybee, abogados
de la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia fue anulada cínicamente por un negociador del Departamento de
Justicia, David Margolis. Yoo había escrito los famosos “memorandos sobre la tortura", emitidos el 1 de agosto de 2002, que pretendía redefinir
la tortura para que pudiera ser utilizada por la CIA, y Bybee los había aprobado, pero cuando la investigación llegó a la conclusión
de que ambos hombres habían sido culpables de "mala conducta profesional", Margolis decidió, en cambio, que sólo habían ejercido "mal juicio".
Obama también se mantuvo al margen en septiembre pasado, cuando cinco hombres sometidos a las "entregas extraordinarias"
y la tortura por la CIA, entre ellos los residentes británicos Binyam Mohamed y Bisher al-Rawi, introdujeron una demanda contra Jeppesen
Dataplan Inc., una subsidiaria de Boeing que había funcionado como agente de viaje de la CIA, bloqueada por la administración, y por el Tribunal
9 º Circuito de de la Corte de Apelaciones, que acordó con el Departamento de Justicia de Obama que era adecuado utilizar la doctrina "secretos
de Estado", poco conocida y poco utilizada, para bloquear cualquier intento de exponer la verdad en cualquier tribunal de EE.UU. sobre
la base de que pondría en peligro la "seguridad nacional" - una decisión que fue confirmada por la Corte Suprema el mes pasado.
En diciembre pasado, también descubrimos, a través de WikiLeaks, que la Administración Obama había ejercido presión sobre el gobierno español
para que impidiera que los tribunales de España prosiguieran una investigación sobre seis ex abogados del gobierno de Bush: David Addington,
William J. Haynes II, Alberto Gonzales, Jay Bybee, John Yoo y Douglas Feith, ex subsecretario de Defensa para la política por "crear un marco legal que supuestamente
permitió la tortura".
Como resultado, la noticia de que el fiscal especial John Durham ha completado una investigación de dos años en 101 casos relacionados con
el tratamiento de la CIA a los detenidos, y ha concluido que sólo dos se merecen la continuación de acusaciones procesos penales, es verdaderamente
deprimente. El presidente Bush, como hemos visto en febrero, no puede viajar fuera de Estados Unidos, ya que, después de que él se jactara
en su autobiografía de que había autorizado la tortura (el submarino de Khalid Sheikh Mohammed), los abogados lo demandarán por tortura donde
quiera que vaya, pero en los EE.UU. los únicos que se enfrentan a un proceso penal son aquellos cuyas acciones se consideran que han superado
los parámetros establecidos por John Yoo y Jay S. Bybee
Para ser justos con John Durham, su investigación fue obstaculizado desde el principio, debido a los límites que le impusieron. Como
Eric Holder explicó en un comunicado que anunciaba las conclusiones de Durham:
El 24 de agosto de 2009, sobre la base de la información recibida del Departamento relacionada con presuntos malos tratos a los
detenidos de la CIA, anuncié que se había ampliado el mandato del señor Durham
[desde enero de 2008, cuando el Procurador General de Bush, Michael Mukasey, lo
designó para investigar la destrucción de cintas de vídeo que muestran la tortura
de los "detenidos de alto valor"] para realizar un examen preliminar
para determinar si se violaron las leyes federales en relación con el interrogatorio de los detenidos en lugares
específicos en el extranjero. Aclaréé en ese momento que el Departamento no procesaría a nadie que haya actuado
de buena fe y en el ámbito de la orientación jurídica dada por la Oficina de Asesor amiento Legal
en relación con el interrogatorio de los detenidos. En consecuencia, la revisión del señor Durham
examina principalmente si las técnicas de interrogatorio autorizadas fueron utilizadas por los interrogadores
de la CIA, y en caso afirmativo, si tales técnicas pueden constituir violaciones de la Ley contra la tortura o cualquier otra
aplicable.
Esos comentarios particulares de que el Departamento de Justicia no procesaría a nadie que hubiese actuado de buena fe
y en el ámbito de la orientación jurídica dada por la Oficina de Asesoramiento Legal sobre el interrogatorio de los detenidos
es la clave para el blanqueo que ha ocurrido, y es tan importante que lo repitió en agosto de 2009 Robert Gibbs, secretario de
prensa de la Casa Blanca cuando el nombramiento de Durham fue anunciado. Gibbs señaló que "el Presidente está
de acuerdo con la Procuraduría General en que los que actuaron de buena fe y en el ámbito de la orientación
jurídica no deben ser procesados."
Lo que nadie ha explicado aún es quien autorizó la revisión de las conclusiones de una
investigación interna de cuatro años en la "guía legal" proporcionado por Yoo y Bybee. Como ya
lo señalé anteriormente, esa investigación concluyó en que Yoo y Bybee eran culpables de "mala conducta profesional",
lo que les hubiera permitido ser investigados por sus colegios de abogados, y podría haber abierto un camino claro a la
Casa Blanca, pero a David Margolis, veterano del Departamento de Justicia, le fue permitido anular las conclusiones
de la investigación, con la excusa de que los dos abogados simplemente habían ejercido un "mal
juicio".
Esto fue en enero de 2010, pero la designación de Durham como titular en agosto de 2009,
y sus comentarios en el momento, así como los de la Casa Blanca, indican que todos los involucrados ya
sabían que los resultados de la investigación OPR podrían ser reescritos para que Yoo y Bybee fueran
exculpados. Las preguntas pendientes, por lo tanto, son las siguientes: ¿Alguien ejerció presión sobre el gobierno
de Obama para encubrir a Yoo y Bybee? y, ¿pasó eso como parte de un acuerdo entre la administración y la CIA anterior
al 17 de abril de 2009?
Esa fue la fecha en que el Presidente lanzó cuatro "memorandos sobre la tortura" clasificados OLC previamente
de 2002 a 2005 como parte de un proceso judicial, además de que también declaró de forma explícita: "Al dar a conocer
estos memos, es nuestra intención asegurar a quienes llevaron a cabo sus tareas confiando de buena fe en el asesoramiento
legal del Departamento de Justicia que no van a ser objeto de enjuiciamiento”.
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Por si sirve de algo, los procesos penales recomendados por John Durham y aprobados por Eric Holder investigarán el
asesinato de noviembre de 2003 en la tristemente célebre prisión de Abu Ghraib en Irak, de Manadel al-Jamadi, también
conocido como "el Hombre de Hielo" (lo que fue recientemente informado por Adam Zagorin de Time, como ya comenté
aquí), y el asesinato de noviembre de 2002, en la prisión secreta en Afganistán conocida como el "Pozo de Sal", de
Gul Rahman. Esta historia fue reportada inicialmente por Dana Priest en el Washington Post en marzo de 2005, pero no fue
hasta marzo de 2010 que Adam Goldman, de la Associated Press reveló su nombre y dio detalles cruciales acerca de las circunstancias
de su muerte.
En ambos casos, hay razones para el optimismo extremadamente cauteloso de que el procesamiento no sólo va a sacrificar a
unos cuantos funcionarios de menor jerarquía como "manzanas podridas", sino que también se verán algunas muescas
en la cadena de mando, como Marcy Wheeler lo ha estado informando en FireDogLake. En general, sin embargo, el anuncio
de Eric Holder es una mala noticia para la rendición de cuentas, ya que sugiere que el proceso de "mirar hacia adelante en lugar
de mirar hacia atrás" es casi completo, con sólo un par de cabos sueltos por atar antes de que todos estemos obligados a
seguir adelante, siempre que envíe al olvido cualquier demanda pendiente que pudiéramos, como un relato completo de lo que
se llevó a cabo en el "detenido de alto valor" del programa, y lo que pasó con los que no terminan en Guantánamo, y, lo más
importante, otra pregunta, formulada repetidamente hasta que se le dé una respuesta satisfactoria: ¿cómo puede ser que los altos
funcionarios de la administración Bush y sus abogados rompieran la ley contra la tortura de EE.UU., que requiere que los torturadores
sean procesados, y se hayan salido las suyas?
El 30 de junio de 2011 pasará a la historia como un día gris y deprimente para la justicia en los Estados Unidos.
Andy Worthington es el autor de The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America’s
Illegal Prison (Los Archivos de Guantánamo: Los Relatos de los 774 Detenidos en la Ilegal
Prisión (publicado por Pluto Press, distribuido por Macmillan en los Estados
Unidos y disponible en Amazon hacer click en los siguientes para US y UK y otros dos libros: Stonehenge: Celebration and Subversion y The Battle of the Beanfield. Para recibir más artículos en su buzón,
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prisioneros de Guantánamo, actualizada en junio de 2011 detalles sobre el nuevo film documental “Outside the Law: Stories from Guantánamo”, con la subdirección de Polly
Nash y Andy Worthington, de gira en la UK en 2011 y disponible en DVD here — or here en los Estados Unidos, mi lista definitiva de habeas en Guantánamo y el índice cronológico de todos mis artículos, y si
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