Cierren Guantánamo: Abogados denuncian sistema roto de Comisiones Militares y status de “prisioneros siempre” en opinión del Washington Post
16 de enero de 2021
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 26 de enero de 2021
Activistas hacienda un llamado para el cierre
de la prisión de la bahía de Guantánamo, afuera del Congreso el pasado 11 de
enero del 2021, en el aniversario 19 de su apertura. (Foto: Alli Jarrar de
Amnistía Internacional).
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Mientas se desvanece el aniversario 19 de la apertura de la prisión en la bahía de Guantánamo y la toma de posesión de Joe Biden se
acerca, sigue siendo crucial que todos los que nos oponemos a la existencia de
Guantánamo continuemos a discutir acerca de los 40 hombres
todavía detenidos ahí el inadecuado estatus de todos ellos (seis aprobados
para ser liberados pero todavía detenidos, nueve acusados o enjuiciados en un
sistema de juicios que no funciona y veinticinco condenados al olvido como
“prisioneros siempre”), y para exigir su clausura.
En el aniversario, junto con varios eventos en línea y entrevistas, Newsweek se
distinguió por ser el único medio de comunicación mainstream estadounidense en
enfocarse en el aniversario, publicando una poderosa
opinión de un ex detenido, víctima
de tortura y exitoso autor Mohamedou Ould Salahi, la cual publiqué el día
posterior en el
sitio web de Close Guantánamo.
La otra cobertura de medio de comunicación mainstream
fue la que encontré el día después del aniversario en el Washington Post, en la que dos
abogados de la Organización de Defensa de las Comisiones Militares, el abogado
civil defensor Brian Bouffard y Aaron Shepard, teniente comandante Abogacía
General de la Marina de EE.UU. (JAG por sus siglas en inglés), escribieron lo
que en realidad fue un epitafio para el sistema quebrado de comisiones
militares y para la política podrida de detención indefinida sin cargos ni
juicio que es el principal sello distintivo del excepcionalismo imperdonable de
Guantánamo, mientras la prisión comienza su veinteavo año de operación. La opinión
está publicada al final.
Bouffard y Shepard notaron cómo las comisiones habían
fracasado de manera espectacular para llevar justiciar, con únicamente uno de
los números limitados de convicciones aseguradas en 19 años, solo ocho en
total, sobreviviendo intacto a un proceso de apelaciones y anulaciones. Además,
resaltan el escándalos de “cinco años acusados de planear los ataques del 11/9,
que fueron acusados por primera vez en el 2008 pero cuyo juicio no ha
comenzado”, sobre todo por las dificultades de retener a los jueces y oficiales
que supervisan el sistema defectuoso y, por supuesto, la aparente tensión sin
solución entre la insistencia del equipo defensor que ningún juicio podría ser
justo a menos que se discutiera abiertamente la tortura de los hombres y la
obsesión de los fiscales con mantener la secrecía.
Recordé una discusión que tuve en enero del año pasado, en Washington D.C. con alguien que había pasado varios años trabajando
en las comisiones, cuya realización me iluminó acerca de que, después de varios
años en los que EE.UU. obsesivamente insistió en no olvidar los ataques del
11/9, sosteniendo un día de luto cada año, para echarle fuego al continuo
sentimiento de insaciable venganza, ahora estamos en la posición en la que no
solo el cumplimiento de la justiciar ha fallado, pero además una entera
generación de estadounidenses jóvenes está creciendo sin saber qué fue el 11/9 en
gran parte porque el fracaso en condenar a los hombres responsables lo ha hecho invisible.
Significativamente, Bouffard y Shepart también discutieron la particular situación de los “prisioneros siempre”, aquellos considerados demasiado peligrosos para ser
liberados pero que jamás serán acusados. Esta fue una posición inaceptable hace
11 años cuando se estableció, en el reporte del Equipo de Trabajo para Revisión de Guantánamo, un proceso de
revisión de alto rango establecido por el ex presidente Obama, que recomendó
que 156 prisioneros fueran liberados, 36 enjuiciados y 48 catalogados como
“prisioneros siempre”.
Revisiones tipo libertad condicional— como los Juntas de revisión periódica — fueron establecidas para
estos hombres y para cuando comenzaron, en el 2013, algunos de ellos
inicialmente recomendados para ser enjuiciados habían migrado este grupo, así
que 64 fueron revisados. Los 25 “prisioneros siempre” son los únicos cuya liberación no fue recomendada
por el PRB e incluyen hombres considerados como una amenaza por cómo se han
comportado desde que fueron llevados a Guantánamo, no por algo que
supuestamente hayan hecho antes, aparentes casos de identidad confundida o de
significado exagerado, así como un número de hombres que supuestamente
estuvieron involucrados en terrorismo, pero sin que se haya comprobado esas
acusaciones en un tribunal.
Bouffard y Shepard representan a uno de estos hombres
— Mohammed Nazir Bin Lep, de Malasia, detenido en Tailandia en el 2003,
torturado en “sitios negros” de la CIA y después aventado en Guantánamo en
septiembre del 2006, junto con otros supuestos “detenidos de alto valor”. Bin
Lep no está acusado de estar involucrado con algún tipo de ataques en los
Estados Unidos, en lugar de eso, supuestamente transfirió dinero para un grupo
terrorista en Asia. Y, sin embargo, como explican Bouffard y Shepard, “a pesar
de tenerlo por más de 17 años, a un costo de casi un cuarto de billones de
dólares, nuestro gobierno todavía se niega a llevarlo a juicio. A este punto,
los testigos clave están Muertos, la evidencia está perdida para siempre y su
oportunidad de defenderse de manera justa se ha evaporado”.
Como se preguntan puntualmente hacia el final de su artículo “¿Cuál es el final para
los detenidos que jamás verán un juicio? ¿Los encarcelamos indefinidamente, sin
importar qué tal frágil pudiera ser su conexión con los ataques contra los
Estados Unidos?
La respuesta, ciertamente, debe ser no. Después de 19
años, ya es tiempo para que los hombres todavía en detención sean o acusados o
liberados y espero que esta sea una posición que le sea expresada al gobierno
de Biden tan urgentemente como se pueda, después de que Joe Biden tome el poder
el miércoles.
No existe justiciar en la bahía de Guantánamo.
Por el bien de Estados Unidos, eso debe cambiar.
Por Brian Bouffard y Aaron Shepard, Washington Post, 12 de enero del 2021
Solo algunos meses después de los ataques del 11/9,
Estados Unidos comenzó a transferir prisioneros desde centros de detención y
sitios negros alrededor del mundo a una prisión remota en Cuba. Diecinueve
años después, el dentro de detención de la bahía de Guantánamo sigue operando.
La justificación general para las comisiones militares en Guantánamo fue para llevar a los acusados de terrorismo a la justicia
mientras, de manera simultánea, se preservaba la seguridad nacional. Pero en
las dos décadas, desde el 11/9, después de contabilizar todas las apelaciones y
anulaciones por parte de tribunales superiores, las comisiones han producido
únicamente una
convicción final.
En cambio, en ese momento, nuestro sistema de justiciar civil ha condenado a casi 700
individuos con cargos relacionados con terrorismo. A este punto, debería
ser abundantemente claro que la justiciar jamás llegará o saldrá de Guantánamo.
Esta claridad, tal vez mejor demostrada en el caso
de los cinco hombres acusados de planear los ataques
que fueron acusados por primera vez en el 2008 pero cuyo juicio no ha
comenzado. En algo tiene la culpa el Covid-19, pero ciertamente no es
responsable de que el gobierno de repetidamente
nominadora
nuevo
liderazgo para las comisiones, las complejidades de la litigación de la
pena de muerte y la
poco fiable evidencia derivada de la tortura; o la designación de cuatro
nuevos
jueces
en los últimos ocho meses, con un quinto próximamente después de la descalificación
de uno de ellos.
Pero las deficiencias
de las Comisiones Militares son más profundas. Más infame es el efecto sobre
aquellos que están encarcelados sin juicio, una violación de cada norma y
costumbre bajo nuestro sistema constitucional.
Representamos a uno de estos hombres que jamás ha tenido la oportunidad de defenderse. Mohammed Nazir Bin Lep es un malayo de 44
años que fue arrestado en Tailandia en el 2003. Nuestro gobierno lo torturó
severamente por tres años y después lo encerró en Guantánamo. No estuvo
involucrado en algún ataque en los Estados Unidos, en lugar de eso,
supuestamente estaba afiliado con un grupo asiático que cometió ataques en
Indonesia. Aunque nadie supone que planeó, ejecutó o incluyo sabía algo de
estos ataques, fue acusado con supuestamente
transferir dinero que el gobierno cree, pero no ha probado, ayudó a
para dichos ataques.
Sin embargo, a pesar de encarcelarlo por más de 17 años, a un costo de casi un cuarto de billones de dólares, nuestro gobierno
todavía se niega a llevarlo a juicio. A este punto, los testigos clave están
Muertos, la evidencia está perdida para siempre y su oportunidad de defenderse
de manera justa se ha evaporado. El gobierno ha negado acceso a su expediente
médico y todavía tiene que otorgarle una valoración legalmente requerida del
daño mental y físico que le ha causado la tortura. Más allá de eso, mientras el
gobierno decidió
acusarlo hace más de 10 años, a Bin Lep le negaron asistencia legal para un
juicio hasta el 2019. Si no hubiera sido por la intervención
imparcial de un juez federal, este descabellado proceso legal hubiera
continuado a degenerarse todavía más.
Esperamos que muchos estadounidenses no levanten una
ceja con esto o que puedan pensar que los detalles son meramente tecnicismos,
pero Guantánamo existe en una sombría zona gris legal y solo la luz del sol
puede iluminar las preguntas que levanta acerca de nuestros valores
fundamentales y el compromiso con el estado de derecho. Por ejemplo, ¿cuál será
el final para los detenidos que jamás verán un juicio? ¿Los detenemos de manera
indefinida, sin importar qué tan débil pudiera ser su conexión con ataques
contra EE.UU.? Y si el gobierno crea leyes y procesos destinados a la justicia ¿los tiene
que seguir o simplemente ignorarlos
cuando no sea conveniente?
Estas preguntas demandan respuestas y es por eso que presentamos una petición
pidiéndole a un juez federal que las conteste. Si esto fuera un caso normal
dentro de nuestro sistema de justicia civil, nuestra petición no sería
necesaria porque el trato de Bin Lep es una clara violación de la Sexta
Enmienda (el derecho a un juicio público sin retrasos innecesarios). Pero,
aunque el gobierno haya retenido derechos constitucionales básicos y de
derechos humanos para Bin Lep y sus compañeros prisioneros, esto no ha
acelerado el ritmo de la justicia. Décadas después, las víctimas y sus familias
no están más cerca de un cierre, el sistema enfrenta la correcta condena en
casa y en el exterior y los contribuyentes continúan pagando una cuenta de más
de $500 milliones por año. Haciendo a un lado las preocupaciones
pragmáticas, ¿qué base moral hemos entregado al permitir que las Comisiones eludan
nuestros principios? ¿Qué dice eso acerca de nosotros cuando conjuramos excusa
tras excusa para ignorar nuestros valores?
Algunos podrían ver como algo difícil preocuparse por los hombres en Guantánamo, pero como escribió el juez Felix Frankfurter de la
Suprema Corte en 1950: “Los salvaguardias de la libertad han sido forjado
frecuentemente en controversias que afectaban a gente no muy agradable”. Estos
salvaguardias en contra del gobierno que extralimitan y abusan son críticamente
importantes para todos nosotros, tanto los “agradable” como los “no muy agradable”.
Y, a menos que exista un cambio fundamental en nuestro fracasado acercamiento a
la justicia en Guantánamo, todo nuestro compromiso moral sin lucro será el
equivalente a nada más que la pérdida de nuestra alma nacional.
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