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21 de agosto de 2015

El Mundo no Puede Esperar moviliza a las personas que viven en Estados Unidos a repudiar y parar la guerra contra el mundo y también la represión y la tortura llevadas a cabo por el gobierno estadounidense. Actuamos, sin importar el partido político que esté en el poder, para denunciar los crímenes de nuestro gobierno, sean los crímenes de guerra o la sistemática encarcelación en masas, y para anteponer la humanidad y el planeta.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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Del 11-S a Guantánamo

Andy Worthington/Nueva York
© The Guardian
Traducción: Franco Cubello
(http://impreso.milenio.com)
12 de septiembre de 2009


En la base de EU en el Caribe permanecen 225 reos en “conexión” con actos terroristas Foto: Brenan Linsley/AP

El ataque del 11 de septiembre de 2001 provocó una reacción desmedida de EU contra centenares de hombres que esperan, en la cárcel estadounidense en Cuba, una salida justa a su situación.

A hacer una pausa por aquellos que murieron en los ataques terroristas en EU, el 11-S de 2001, deberíamos recordar también que todavía falta mucho para solucionar las consecuencias de la respuesta extraordinaria de la administración Bush a dichos ataques.

En Guantánamo, 225 personas permanecen en prisión, ostensiblemente en conexión con estos ataques, o con la “guerra contra el terrorismo” que siguió, aun cuando sólo han sido acusados de un delito apenas unas pocas docenas de casos, y sólo un hombre (Ali Hamza al-Bahlul) ha sido juzgado y condenado.

Hay dos problemas pendientes con Guantánamo. El primero concierne a las pocas docenas de prisioneros acusados de haber estado involucrados en los ataques del 11-S u otros actos de terrorismo internacional. Como resultado del enfoque arrogante del gobierno de Bush en la aplicación de la ley, y de su enfoque sin sentido e ilegal sobre el uso de la tortura, estos hombres siguen detenidos sin una fecha de juicio.

Si la administración Bush hubiera tratado el 11-S como acto criminal y hubiese presentado un caso penal contra estos hombres, en vez de torturarlos en una red de prisiones secretas, probablemente ya habrían sido juzgados y sentenciados. Y sin embargo, sólo Ahmed Khalfan Ghailani ha sido presentado para su juicio en una corte federal, y el gobierno planea perseguir judicialmente otros casos utilizando una versión modificada de las comisiones militares introducidas por el ex presidente George W. Bush, que están dañadas más allá de cualquier reparación posible.

Para presentar a estos hombres ante la justicia —y para que ésta se haga—, el presidente Obama tiene que perseguir estos casos en cortes federales, sabiendo que ningún jurado evitará condenarlos si el gobierno muestra evidencias genuinas de su culpa. Para los otros prisioneros en Guantánamo, la situación es más complicada. En junio de 2008, la Suprema Corte de EU dictaminó que se les debían garantizar derechos de habeas corpus. Desde entonces, los tribunales distritales han otorgado 29 de 36 apelaciones de habeas, burlándose del gobierno por haber confiado en informantes dudosos dentro de Guantánamo, niveles múltiples de habladurías y “mosaicos” débiles de evidencia. Estos no son resultados sorprendentes, dado que los prisioneros no fueron adecuadamente seleccionados (ni en el momento de su captura, ni en los años que han pasado desde entonces), y a que muchos fueron vendidos a las fuerzas estadounidenses para cobrar recompensas de 5 mil dólares por cabeza.

La situación de los prisioneros es complicada aún más por el hecho de que la inter-agencia Guantánamo Task Force está compitiendo efectivamente con las cortes, aun cuando opera en secreto y sólo ha logrado, hasta ahora, a la liberación de un puñado de prisioneros. Sin embargo, hasta en las cortes, hay problemas con la manera en la que el gobierno define a los prisioneros. Los tribunales están obligados sólo a considerar si el gobierno ha demostrado “por una preponderancia de la evidencia”, que los hombres estuvieron conectados con Al-Qaeda y/o los talibanes. Como resultado, los jueces han dictaminado, en otros casos, que personajes marginales en la guerra intermusulmana entre los talibanes y la Alianza del Norte (que se ha convertido en una guerra contra EU después del 11-S) pueden continuar siendo detenidos.

Después de ocho años, ha llegado el momento de examinar si es plausible o no continuar reteniendo hombres en conexión con una “guerra contra el terrorismo” que, a pesar de haber sido renombrada por Obama, parece ser considerada como un combate que puede seguir para siempre, aun cuando el conflicto específico en el que fueron capturados estos hombres —el derrocamiento de los talibanes— terminó en noviembre de 2004, cuando Hamid Karzai fue electo como el presidente afgano.

Además de Guantánamo, quedan otros problemas. Obama insiste en sus afirmaciones de que los prisioneros extranjeros internados en la prisión de EU en Bagram —detenidos en circunstancias similares a los de Guantánamo— pueden continuar siendo retenidos sin acceso a abogados. Además, los prisioneros afganos en Bagram, que deberían ser detenidos como prisioneros de guerra, de acuerdo a las Convenciones de Ginebra, son considerados, al parecer, como bienes para los cuales los derechos son secundarios comparados con su valor percibido para la Inteligencia.

Cerniéndose sobre todos estos problemas hay asuntos todavía más oscuros —el destino de cientos de hombres detenidos en prisiones secretas de la CIA o entregados a otros países, y el largo camino hacia responsabilizar a aquellos que implementaron estas políticas—, pero como el símbolo más representativo de la respuesta de la administración Bush al 11-S, Guantánamo sigue siendo el desafío más obvio a la ambición declarada de Obama de “recuperar la estatura moral de EU ante el mundo”.

En el octavo aniversario del 11-S, sin embargo, no se les está haciendo justicia ni a aquellos considerados genuinamente peligrosos, ni a aquellos cuya importancia ha sido exagerada.


 

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