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Los esfuerzos tropiezos de Donald Trump por reavivar Guantánamo


Collage de Donald Trump y el letrero de Camp Delta en Guantánamo.

Andy Worthington
Close Guantánamo
16 de julio de 2017

En Guantánamo, Donald Trump, esencialmente ha hecho nada desde que tomó la presidencia a pesar de haber prometido, durante su campaña, llenar nuevamente la prisión con “malos tipos” y reavivar la tortura. Poco tiempo después de convertirse en presidente, un borrador de una orden ejecutiva fue filtrado. En este documento se proponía el montaje de nuevos “sitios negros” y el envío de nuevos prisioneros a Guantánamo, pero en lo primero fue bloqueado inmediatamente con críticas del ambiente político y por algunos de sus consejeros y su silencio en relación a lo segundo ha significado que ha sido aconsejado acerca de no hacerlo, no mandar nuevos prisioneros a Guantánamo.

Existe un número de razones por las cuales este consejo era de esperarse: las cortes federales tienen un exitoso historian en el manejo de casos relacionados con terrorismo y, porque la legislación que autoriza la detención en Guantánamo, la autorización del uso de fuerza militar, que pasó días después de los ataques del 11 de septiembre, se enfocan en el 11/9, en al-Qaeda, los talibanes y fuerzas relacionadas, y no en nuevas amenazas, como el Estado Islámico, por ejemplo, para lo cual se necesitaría una nueva legislación.

Como resultado, aunque Guantánamo está prácticamente borrado del radar, dando la impresión que los hombres que siguen ahí están atrapados en un lugar que Trump ha decidido ignorar, reasegurando que se ha mantenido en silencio en relación a su promesa de reavivar la prisión.

Fue, más que nada, lectura para desconectarse, en The Hill, el 8 de julio, el titular “Oficiales de Trump firman intento para rellenar Guantánamo”. The Hill estaba escribiendo acerca de una visita a Guantánamo el viernes 7 de julio del fiscal general Jeff Sessions y el fiscal general adjunto Rod Rosenstein, quien acompañó a Dann Coats, el Director de Inteligencia Nacional y Thomas Bossert, el consejero de la lucha contra el terrorismo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quienes hicieron el viaje para “ponerse al corriente de las operaciones, siendo esta la primera acción concreta que ha tomado la administración de Trump en relación a este lugar”. Como añadió el artículo “hasta ahora, Guantánamo ha sido manejado en auto piloto; la orden ejecutiva del ex presidente Obama para que fuera cerrado es, técnicamente todavía la ley en el terreno”.

El New York Times reportó que la visita fue “un gesto de apoyo para la continua detención de sospechosos de terrorismo sin juicio” en Guantánamo, “y para procesar a algunos mediante las comisiones militares”. En una declaración Ian Prior, un vocero del Departamento de Justicia, dijo que Sessions y Rosenstein estaban “reuniéndose con gente que están encabezando los amplios esfuerzos del gobierno” en la prisión, añadiendo que “es importante para el Departamento de Justicia estar al corriente y tener conocimiento y entendimiento de las operaciones que se llevan a cabo ahí”.

Sessions, para la preocupación de todos los que hacen campaña para el cierre de Guantánamo, ha estado hablando en apoyo de que la prisión se mantenga en uso y a favor del sistema de juicios de las comisiones militares, mostrando su apoyo desde que era senador representante de Alabama. Poco después Trump lo nominó como Fiscal General, definió la prisión como un “muy buen lugar” para detener, interrogar y procesar a sospechosos de terrorismo”, describió el Times.

En contraste, Rosenstein, un abogado de Maryland bajo las administraciones de Bush y Obama, le dijo al Congreso que “esperaba que los casos de terrorismo fueran procesados en cortes civiles”, en cortes federales, durante su confirmación para ser Fiscal General Adjunto. “Numerosos casos relacionados con terrorismo han progresado a través juicios del Artículo III y espero que eso continúe”, escribió en respuesta al senador demócrata Sheldon Whitehouse.

Para el Times, Charlie Savage y Adam Goldman, notaron que, por meses, “oficiales han tratado de traer a Abu Khaybar, sospechoso de ser miembro de Al Qaeda, que está detenido en Yemen, al Distrito Este de Nueva York para que enfrente cargos ahí en una corte civil”, explicando, de cualquier manera, que “no está claro si el gobierno de Trump ha tomado una decisión acerca de la custodia de este sujeto y de ser así, qué hacer con él”. Escribí acerca de esto el febrero pasado.

Autoridades estadounidenses actuales y pasadas, hablando de manera extra oficial, también le han dicho al Times, que el FBI “esperan traer de vuelta y juzgar un par de americanos sospechosos de terrorismo que se encuentran detenidos en Turquía.”. El Times añadió “bajo la ley actual, los tribunales militares de Guantánamo podrían no usarse para procesar ciudadanos estadounidenses, aunque el Sr. Trump dijo durante su campaña que estaba “bien” con expandir su uso para incluir a sus ciudadanos”.

Trump podrá estar bien con esto, pero cumplir con sus deseos no es una labor fácil. Los ciudadanos estadounidenses tienen considerablemente más derechos que los extranjeros detenidos en Guantánamo, e incluso cuando se trata de llevar extranjeros a la prisión, expertos legales le han advertido a Trump que, como lo puso el Times, “no está claro que la autoridad del gobierno en época de guerra contra los ejecutores de los ataques del 11 de septiembre -que es Al Qaeda- cubra al Estado Islámico y que llevar detenidos a miembros de ese grupo podría crear riesgos legales”.

Desde que se convirtió en Fiscal General, Jeff Sessions ha “expresado frustración ante el ritmo de las comisiones militares”, también reportó el Times. Casos en proceso en contra de cinco hombres acusados de estar involucrados en los ataques del 11/9 y del supuesto autor intelectual del bombardeo del Cole en el 2000, han estado detenidos en audiencias previas a juicio por años, orillando a Sessions a declarar que “ya es tiempo de poder acordar cómo usar el sistema de una manera eficiente”.

Nuevos cargos levantados en las comisiones militares

Como con Trump, los deseos de Sessions también son difíciles de lograr. Como ejemplo, la decisión tomada para un caso el mes pasado por el Departamento de Justicia de acusar al “detenido de gran valor” Hambai por su supuesto rol en dos ataques terroristas en Indonesia en el 2002 y 2003. Capturado en el 2003, Hambali fue mantenido en “sitios negros” hasta septiembre del 2006, cuando fue enviado a Guantánamo y ha estado detenido sin cargos o juicio desde entonces, aunque el año pasado su caso fue revisado por la Junta de Revisión Periódica (Periodic Review Board), un proceso tipo “libertad condicional” introducido en el 2013, en donde se aprobó que continué su detención.

Acusarlo formalmente ha sido, sin duda, algo bueno para Jeff Sessions, pero los críticos no están convencidos. Para el Daily Beast, Spencer Ackerman, fresco de una larga y aclamada carrera en Guardian, escribió en un artículo francamente titulado “El primer juicio de Guantánamo para Trump es dañado desde el día uno”, en el que un miembro de la administración de Trump, que está “familiarizado con un debate interno acerca de futuras detenciones”, le dijo, anónimamente, que “acusar a Hambali era de “mente limitada” y un “indicador de la falta de entendimiento de las complicaciones de la política estadounidense de detenciones”, particularmente sin una política completa que pueda enmarcar el caso de Hambali”, añadiendo, “es lo mismo que dar inicio a un proceso que va a tomar un tiempo indefinido resolver. Este sistema no funciona”.

Por medio de análisis objetivo, es pacientemente verdadero. Sólo ocho convicciones han sido aseguradas en las comisiones militares en 15 años y, como dijo Ackerman, “la mayoría han sido refutadas o descartadas”. Añadió que “las convicciones más sólidas vienen de tres acuerdos logrados y no de victorias por parte del gobierno”.

Como también explicó Ackerman, “un asunto importante para los equipos de defensa que facilita el Pentágono es que sus clientes quieren evidencia de tortura introducida en sus casos de pena de muerte, para poder discutir la inadmisibilidad de lo que fue dicho a los interrogadores. Pero intentar eso requiere sobre pasar una enorme pared de secrecía oficial, incluso después de la publicación de sanciones del Informe de la Tortura del Senado del 2014, que nos da una idea de lo brutal que es el trato de la CIA con los detenidos como Hambali”.

Añadió que “es una de las mayores razones por las cuales el más importante crimen terrorista del siglo, el 11/9, no irá a juicio por un número desconocido de años. Un preludio de esto, el ataque de Al Qaeda en el 2000 en el Cole de Estados Unidos en Yemen, no procede un juicio para el acusado Abd al-Rahim al Nashiri hasta el 2018 por lo menos.”

El caso de Hambali no es fundamentalmente nada distinto. Como notó Ackerman:

    Porciones desclasificadas del reporte del Senado del 2014 no detallan en específico qué tipo de tortura fue infligida sobre Hambali. Pero los documentos de la CIA citan en el reporte el indicio de que Hambali cooperó con los interrogadores antes del “uso de más procedimientos intrusivos de interrogación estándar, mucho menos de medidas mejoradas”. Posteriormente se retractó de lo que les dijo bajo tortura, decía un cable oficial de la CIA: “Él dio información falsa para reducir la presión sobre él mismo…y para dar una historia congruente con lo que Hambali creía que los interrogadores querían escuchar.” Los Estados Unidos dirían posteriormente que la tortura de Hambali llevaría a la captura de una célula de Al Qaeda en Karachi, algo que el reporte del Senado llama “inacertado”). Por lo menos un interrogador le dijo a Hambali “no podemos dejar que el mundo sepa lo que te hicimos, nunca”, menciona el reporte.

James Connell, un abogado para el acusado Ammar al-Baluchi del 11/9, dijo que “la decisión de acusar a Hambali después de seis años de persecuciones sin éxito en otros casos de comisiones militares, sugiere que Estados Unidos no ha aprendido de sus errores insistiendo en estas comisiones en primer lugar”, añadiendo, como lo puso Ackerman, que “era casi certero que el equipo legal haría de la tortura de Hambali el punto más importante en su juicio por crímenes de guerra”. Como declaró Connell, “está claro que el caso de Hambali presenta puntos similares de tortura que el caso de Nashiri y el 11/9”.

Los fiscales aparentemente le dijeron a Hambali que no buscarán la pena de muerte en su caso, que potencialmente facilita el progreso en casos de pena capital relacionados con el 11/9 y el Cole, pero la intención del gobierno de Trump de continuar con un nuevo juicio fundamentalmente no tiene sentido, y nosotros en “Close Guantánamo” estamos decepcionados por eso, además de sorprendidos.

Como explicó Laura Pitter, de Human Rights Watch, “acusar a Hambali en una corte militar es una terrible decisión”, agregó “el caso del 11/9, el caso de Nashiri habría terminado ya en una corte federal. En su lugar, tenemos todos estos retrasos que son consecuencia de la sobre clasificación en las comisiones”.

Nota: para un análisis legal más detallado, por favor checa el “A Test Case for Guantánamo’s New Convening Authority" por Ryan Goodman y Steve Vladeck para Just Security


 

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