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Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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(Nuevo)
03-15-11

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El fallo del juez del Tribunal de Apelaciones designada por Trump determina que los prisioneros de Guantánamo no tienen los derechos de debido proceso

2 de septiembre de 2020
Andy Worthington


La jueza Naomi Rao (izquierda), designada por Donald Trump, del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que recientemente escribió una opinión polémica para la corte en el caso del hombre de negocios yemení Abdulsalam al-Hela (derecho), prisionero de Guantánamo, tomando la decisión de que los prisioneros de Guantánamo no tienen derechos de debido proceso. En otras palabras, no puede ni ver ni refutar ninguna evidencia que tenga el gobierno que supuestamente justifique su detención.

En la larga y profundamente desesperanzadora historia de los esfuerzos de los prisioneros de Guantánamo para desafiar su encarcelamiento sin cargos ni juicio a través de medios legales, sus victorias en Rasul v. Bush en 2004 y Boumediene v. Bush en 2008, en donde se les concedió derechos de habeas corpus, se evaporaron a través de un número de fallos del tribunal de apelaciones del 2009 y 2011, que terminó con los derechos de habeas corpus siendo arrancados de cualquier significado.

Entre 2008 y 2010, a 38 prisioneros se les aprobaron sus derechos de habeas corpus, lo cual quiere decir que, incluso aunque el gobierno tenía un obstáculo muy bajo de evidencias, no podían demonstrar a un rango de jueces del tribunal de distrito que los hombres en cuestión estaban involucrados, en cualquier sentido, con Al-Qaeda o con los Talibanes. Desde 2010, sin embargo, a ningún prisionero se le ha concedido su petición de habeas corpus y los esfuerzos para persuadir a la Suprema Corte a tomar de vuelta el control del destino de los prisioneros tampoco han llegado a algo.

Finalmente, sin embargo, el pasado junio, los prisioneros aseguraron una victoria significativa en el Circuito D.C. (la Tribunal de Apelaciones en Washington D.C) en un caso argumentado por el co fundador de Close Guantánamo Tom Wilner, como expliqué en un artículo titulado A Rare Court Victory Offers Hope for Guantánamo’s “Forever Prisoners” (Una rara victoria ofrece esperanza a los “prisioneros eternos” de Guantánamo).

Esto, por supuesto, debería de ser la piedra angular de una audiencia justa, pero en ese periodo cuando el parcial Circuito D.C. lucho en contra de Boumediene v. Bush, los jueces en un caso conocido como Kiyemba v. Obama “declararon”, como describió Tom Wilner, “que, aunque los detenidos pudieran tener derecho a una audiencia de habeas, no tienen derecho constitucional al debido proceso.

Desde entonces, como Wilner procede a explica, la Circuito D.C. ha “seguido estrictamente e interpretado uniformemente la decisión de negarle a los detenidos el derecho a ver cualquier supuesta evidencia en contra de ellos que el gobierno considerara como clasificada” y “porque el gobierno dice que casi toda la evidencia es clasificada, la decisión de Kiyemba efectivamente previene a los detenidos de ver, confrontar o refutar la supuesta evidencia en contra suya, haciendo que virtualmente fuera imposible para ellos prevalecer en un proceso de habeas”.

Ese fallo, Qassim v. Trump, involucró a los jueces de la Circuito D.C. enviando el caso de Qassin de Vuelta a la corte baja en donde, tristemente, ha languidecido desde entonces.

La pasada primavera, sin embargo, un numero de distinguidos profesores de derecho, incluidos Kermit Roosevelt III, Bruce Ackerman, Douglas Cassel, Erwin Chemerinsky, Eugene Fidell, Eric Freedman, Laurence Tribe y Steve Vladeck, presentaron un reporte amicus, reforzando por qué el caso de Qassim es tan significativo, en el cual reiteraron que es inconstitucional interpretar Boumediene como una justificación para invocar la Cláusula de Suspensión en relación al habeas corpus para los prisioneros de Guantánamo, como el gobierno había tratado de hacer, bajo la base de la nacionalidad de los prisioneros reivindicando que los derechos de habeas no necesariamente involucra un proceso de derecho completo y significativo.

Como los profesores de derecho de amicus declararon explícitamente “primero, después de Boumediene simplemente no es el caso que los no ciudadanos fuera de los Estados Unidos categóricamente sean incapaces de invocar las protecciones de la Constitución. Segundo, costear procesos inadecuados de detenidos a retar su detención es una suspensión del mandato de habeas corpus. Y, por último, la litigación en tribunales federales dentro de los Estados Unidos siempre es gobernada por la cláusula de proceso debido. Al negar estas propuestas, el gobierno niega tanto el entendimiento básico de nuestra orden constitucional y el control directo de la autoridad de la Suprema Corte”.

Ahora, sin embargo, en un fallo en un caso que involucraba a otro prisionero de Guantánamo, Abdulsalam al-Hela, un panel de jueces del tribunal de apelaciones lidereado por la designada de Trump la jueza Neomi Rao pareciera estar para perjudicar o socavar el fallo de Qassim del año pasado.

Como explicó American Military News en un artículo, en la opinión del tribunal publicado el viernes pasado, la jueza Rao escribió: “rechazamos el proceso debido de Al-Hela porque la cláusula correspondiente no debiera ser invocada por un extranjero sin propiedad o presencia en el territorio soberano de Estados Unidos”.

Al hacer esto, se unió a la jueza Rao un colega, el juez senior A. Raymond Randolph, que estaba involucrado en decisiones horribles hace una década, aunque vale la pena notar, sin embargo, que estaba claro en Qassim, que es explícitamente no lo que la Suprema Corte decidió en Boumediene

Este caso, es casi certero que irá a un completo panel en banc de revisión, uno que, desafortunadamente, también incluirá al juez Randolph, aunque no incluirá en absolutamente la bendición de la mayoría de la Suprema Corte que decidió Boumediene a favor de los prisioneros todos esos años atrás.

Los prisioneros merecen justiciar, pero eso no es algo que se les ha dado, después de esos pocos años de 2008 a 2010 cuando la ley actualmente aplicaba en Guantánamo. Desde entonces, ha sido rota de nuevo, inconstitucionalmente aplastada por jueces políticamente motivados y, tristemente, no queda claro si podrá ser enmendada.


 

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