Un grupo activista presenta una solicitud en virtud de la Ley de
Libertad de Información para obtener el informe de la OPR sobre los memorandos
relativos a la tortura
08 de enero de 2010
Andy Worthington
El jueves, miembros del Comité Directivo Robert Jackson (RJSC) presentaron una solicitud
en virtud de la Ley de Libertad de Información para obtener el informe, oculto
durante mucho tiempo, de la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) del
Departamento de Justicia sobre la conducta de los principales abogados del
presidente Bush en la Oficina de Asesoría Jurídica, autores de memorandos que
pretendían autorizar
la tortura y la guerra de agresión.
Fundado en septiembre de 2008, el RJSC trabaja para lograr el enjuiciamiento penal de altos funcionarios
del Gobierno de Estados Unidos acusados de haber cometido crímenes de guerra.
El comité recibió su nombre en honor al juez del Corte Suprema de Estados
Unidos Robert Jackson, quien fue el principal fiscal estadounidense de los
criminales de guerra nazis en Nuremberg. Presidido originalmente por Lawrence
Velvel, los miembros actuales del RJSC son David Swanson (presidente), John
Bonifaz, Kristina Borjesson, Shahid Buttar, Marjorie Cohn, Colleen Costello,
Ben Davis, Charlotte Dennett, Valeria Gheorghiu, Jeanne Mirer, Chris Pyle,
Elaine Scarry, Peter Weiss, Andy Worthington y Kevin Zeese.
La solicitud, que se reproduce a continuación junto con una carta de presentación, solicita el
informe de la OPR que el fiscal general Eric Holder lleva tanto
tiempo prometiendo, así como un informe anterior de la OPR elaborado
durante los últimos meses del Gobierno de Bush. La solicitud también recaba la
refutación de 10 páginas del informe de 2008 realizada por el entonces fiscal
general Michael Mukasey. Tanto la carta como la solicitud fueron remitidas a
Marlene M. Wahowiak, asesora especial de la OPR para las Leyes de Libertad de
Información y Privacidad.
Charlotte Dennett, abogada miembro del RJSC y una de las autoras de la solicitud en virtud de la
FOIA, declaró: “Ha llegado el momento de abordar de frente el papel de estos
abogados. ¿Crearon nuevas leyes que redefinían el delito de tortura después de
que las fuerzas estadounidenses ya hubieran comenzado a torturar a los
prisioneros? Y, de ser así, ¿con qué propósito y bajo las órdenes de quién? No
podemos tolerar más retrasos ni aceptar una versión muy edulcorada del informe
original. Debemos conocer los hechos y luego decidir si el Departamento de
Justicia del presidente Obama está continuando con el encubrimiento iniciado
bajo su predecesor”.
Peter Weiss, otro abogado miembro del RJSC y autor de la solicitud en virtud de la FOIA,
añadió: “No nos limitamos a pedir que se publique cuanto antes un informe
prometido desde hace tiempo. Pedimos transparencia en el procedimiento sin
precedentes de permitir que los propios sujetos de un informe sobre conducta
indebida del Departamento de Justicia propongan modificaciones al mismo. La
actual investigación Chilcot en Inglaterra sobre los preparativos de la
invasión de Irak de 2003 ha revelado un proceso de edición en el que el fiscal
general de ese país cambió su opinión de que la guerra sería ilegal. Si se ha
llevado a cabo un trabajo de edición similar en el informe original de la OPR,
el público estadounidense tiene derecho a saberlo”.
David Swanson, presidente del Comité Directivo Robert Jackson, que también trabajó en la
solicitud de la FOIA, dijo: “Hay mucho en juego con este informe. Los colegios
de abogados han retrasado las inhabilitaciones. Las comisiones del Congreso han
retrasado las citaciones y los procesos de destitución. El Departamento de
Justicia ha retrasado los procesos judiciales. Uno de los abogados investigados,
John Yoo, se enfrenta a una demanda civil por parte de una de las víctimas de
sus acciones, José Padilla. Si el Departamento de Justicia se niega a publicar
el informe con el fin de ocultárselo al abogado de Padilla, el público tiene
derecho a saberlo”.
Las palabras del juez Robert H. Jackson en su declaración inicial como fiscal jefe en Nuremberg tiene
una especial relevancia hoy en día: “El sentido común de la humanidad exige que
la ley no se limite al castigo de delitos menores cometidos por gente común.
También debe alcanzar a los hombres que ostentan un gran poder… [pues ellos,
también], como le dijo el presidente del Tribunal Supremo Coke al rey Jacobo,
[están] “bajo… la ley”. Y permítanme dejar claro que, si bien esta ley se
aplica en primer lugar contra los agresores alemanes, la ley incluye, y si ha
de cumplir un propósito útil, debe condenar la agresión de cualquier otra
nación, incluidas aquellas que ahora se sientan aquí a juzgar”.
La solicitud en virtud de la FOIA
Esta es una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información («FOIA»), 5 U.S.C. § 522, y se
presenta en nombre del Comité Directivo Robert Jackson.
Solicitamos lo siguiente:
1. El informe ético de la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR), pendiente desde hace mucho tiempo,
sobre la actuación de los abogados de la Administración Bush en la Oficina de
Asesoría Jurídica (OLC) entre 2002 y 2007. El fiscal general prometió por
última vez publicar este informe a finales de noviembre de 2009, y aún no se ha publicado.
2. El primer informe ético de la OPR sobre la actuación de los abogados de la administración Bush en la
OLC, finalizado en diciembre de 2008.
3. La refutación de 10 páginas del exfiscal general Michael Mukasey al informe de diciembre de 2008, a
la que se hace referencia en el New York Times del 6 de mayo de 2009.
4. Una copia de la normativa de la OPR relativa al procedimiento establecido para llevar a cabo
una investigación por conducta indebida y elaborar un informe.
5. Una copia de cualquier normativa de la OPR que permita a los sujetos de la investigación: a) leer el
informe final, b) introducir cambios en el informe, y c) permitir que el fiscal
general rebata el informe.
6. Copias de todas las advertencias escritas, a partir de 2001, de miembros veteranos del programa de
entrenamiento de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Fuga (SERE) dirigidas al
Departamento de Justicia, incluida la OLC, en las que se afirma que los métodos
de interrogatorio SERE aplicados a los detenidos eran ineficaces para obtener
la verdad y estaban diseñados más bien para obtener confesiones falsas.
7. Copias de todas las comunicaciones enviadas por abogados y profesionales del ámbito militar y de la
seguridad nacional al Departamento de Justicia, incluida la Oficina del Asesor
Jurídico, en las que se oponían a los métodos de interrogatorio propuestos por
la CIA y adoptados por la Casa Blanca de Bush y los abogados de la OLC en 2002.
8. Dada la declaración de John Yoo en la página 15 de la revista New York Times Magazine del 3 de enero
de 2010, en la que afirma que «si hay un conflicto entre el presidente y el
Congreso, hay que elegir a uno u otro», solicitamos asimismo cualquier
documento que aclare a quién se supone que debe «representar» un abogado de la
OLC al emitir un dictamen jurídico: ¿al presidente, al Congreso, a la
Constitución o a todo el marco del derecho nacional e internacional?
A efectos de la evaluación de las tasas de la FOIA, solicitamos que nuestra solicitud se clasifique en la
categoría de solicitante de medios de comunicación. Un buen número de nuestros
miembros son periodistas, incluidos dos de los abajo firmantes, y escriben con
frecuencia sobre el tema del trato a los detenidos. La información
obtenida de esta solicitud se difundirá al público.
Además, solicitamos la exención de todas las tasas de tramitación, ya que la divulgación de esta
información contribuirá de manera significativa a la comprensión por parte del
público de la actividad y las operaciones del Gobierno.
La carta
Estimado abogado Wahowiak:
Adjunto a esta carta se encuentra una solicitud, en virtud de la Ley de Libertad de Información, para
que se presente el informe ético de la Oficina de Responsabilidad Profesional,
pendiente desde hace mucho tiempo, relativo al desempeño de los abogados de la
administración Bush en la Oficina de Asesoría Jurídica entre 2002 y 2007.
Verá que también solicitamos el informe de la OPR finalizado en diciembre de 2008, la refutación
de dicho informe por parte del fiscal general Michael Mukasey y una serie de
documentos específicos relacionados con las objeciones no solicitadas de los
interrogadores y los abogados del Gobierno respecto al programa de tortura
previsto por los abogados de la OLC. Según tenemos entendido, la OPR es
responsable de investigar las denuncias de conducta indebida por parte de los
abogados del Departamento que se refieran, entre otras cosas, a su autoridad
para prestar asesoramiento jurídico. Los documentos solicitados en el documento
adjunto se refieren a dicha conducta indebida; por lo tanto, no deberían quedar
exentos por tratarse de formulaciones de política previas o posteriores a la
toma de decisiones, sino que deberían considerarse como pruebas de cómo los
abogados de la OLC sesgaron sus dictámenes jurídicos para justificar técnicas
de tortura ilegales.
El Comité Directivo Robert Jackson, fundado en septiembre de 2008, trabaja para lograr el enjuiciamiento
penal de altos cargos del Gobierno de los Estados Unidos sobre los que existen
indicios razonables de que han cometido crímenes de guerra. El comité recibió
su nombre en honor al antiguo juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos
Robert Jackson, quien, en su declaración inicial como fiscal jefe de los
criminales de guerra nazis en Nuremberg, afirmó:
Si ciertos actos de violación de tratados son delitos, lo son tanto si los comete Estados Unidos como si los
comete Alemania. Y no estamos dispuestos a establecer normas de conducta
delictiva contra otros que no estaríamos dispuestos a que se invocaran contra
nosotros. No debemos olvidar nunca que el historial sobre el que juzgamos a
estos acusados es el historial sobre el que la historia nos juzgará mañana.
Pasarles a estos acusados un cáliz envenenado es llevarlo también a nuestros
propios labios.
Esperamos su respuesta. Gracias.
Atentamente,
Charlotte Dennett, abogada
Peter Weiss, abogado
David Swanson, presidente
En nombre del Comité Directivo Robert Jackson
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