Guantánamo: Obama vuelve a los días de los juicios pantomima y de los tribunales ineficaces de la era Bush
Andy Worthington
11 de marzo de 2011
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
3 de mayo de 2011
Aquellos de nosotros que hemos estado estudiando de cerca Guantánamo no nos hemos
sorprendido cuando, el 7 de marzo, el presidente Obama ha anunciado que iba a
levantar la prohibición de realizar juicios por medio de una comisión militar
en Guantánamo, la cual él impuso en su primer día en el cargo en enero de 2009.
Ese mismo día Obama también emitió una orden ejecutiva que establece una revisión
periódica de los casos de los presos que se recomienda que continúen detenidos
indefinidamente sin cargos ni juicio por el Grupo de Trabajo de Revisión de
Guantánamo, un grupo de 60 funcionarios y abogados del departamento de gobierno
y las agencias de inteligencia, que revisaron todos los casos de Guantánamo en
2009.
Tampoco es de extrañar, porque el Presidente lo anunció en mayo de 2009, durante un
importante discurso sobre seguridad nacional en los Archivos Nacionales, que la
vuelta a las Comisiones Militares se estaban barajando, unido a los juicios del
tribunal federal como una opción para juzgar a los detenidos en Guantánamo, y
en ese mismo discurso también anunció que algunos presos seguirán detenidos indefinidamente
sin cargos ni juicio.
El retorno de las Comisiones Militares
Desde entonces, las Comisiones Militares ya establecidas durante la presidencia de
Bush han procedido a enjuiciar - o, de hecho, a la petición de acuerdos en
lugar de a enjuiciar - en los casos de tres presos: Ibrahim al-Qosi en julio
del año pasado, Omar Khadr en octubre, y Noor Uthman Muhammed el mes pasado, y
parece probable que los juicios de otros tres hombres de los que se recomendó
enjuiciamiento por Comisión Militar en noviembre de 2009 y enero de 2010 por el
fiscal general Eric Holder, ahora procederán con rapidez.
Estos hombres son los siguientes: Abd al-Rahim al-Nashiri, un saudí, presunto autor
intelectual del ataque de Al Qaeda contra el USS Cole en 2000; Ahmed al-Darbi,
un saudita capturado en Azerbaiyán y acusados de participar en un complot no
realizado para atacar un barco en el estrecho de Ormuz; y Obaidullah, un afgano
acusado de jugar un papel periférico en la insurgencia contra las fuerzas de
EE.UU. en Afganistán. Todos los casos encierran problemas - al-Darbi, a causa
de sus detalladas denuncias sobre las torturas a las que fue sometido;
Obaidullah, porque él era un don nadie que participó
en la insurgencia, y no hizo nada que remotamente se podría describir como un crimen de guerra; y
al-Nashiri, en particular, porque, después de su captura en los Emiratos Árabes
Unidos en el otoño de 2002, se le llevó a prisiones secretas de la CIA en
Tailandia y Polonia, donde fue sometido a la técnica de tortura conocida como waterboarding,
una forma de ahogamiento controlado.
En el caso de al-Darbi y Obaidullah, parece probable que la administración se evitará, en
un caso, el campo de minas legal que supone la tortura, y en el otro, una
demostración de cómo, vergonzosamente, se equipara la persecución de los
terroristas con un insurgencia legítima, motivo por el que se llegará a
acuerdos. Sin embargo, parece poco probable que alguien en una posición de
autoridad quiera lograr un acuerdo con la fiscalía en el caso al-Nashiri, dada
la gravedad de sus presuntos delitos y su presunta participación en al-Qaeda, y
si este es el caso, entonces las autoridades estarán obligadas a dejar de lado
cualquier mención de su tortura, que puede ser difícil ya que estaba incluido
en el informe del Inspector General de la CIA sobre la tortura en 2004, y a
al-Nashiri también le ha sido concedido el status de "víctima" en una
investigación en curso sobre la tortura de la CIA en la prisión de Polonia.
Así como significativo es el hecho de que un juicio propiamente dicho - en lugar de un
acuerdo con la fiscalía - corre el riesgo muy real de exponer que los supuestos
crímenes de guerra incluidos en las Comisiones Militares - conspiración y apoyo
material al terrorismo, por ejemplo - no son crímenes de guerra legítimos,
pero, en cambio, fueron inventados por el Congreso en 2006 y mantenidos, a
pesar de las críticas de funcionarios de alto nivel de la administración de Obama, cuando una versión reavivada de las
Comisiones fue aprobada por el Congreso en la Ley de Comisiones Militares de
2009.
Más allá de estas dificultades, donde el anuncio de Obama abre nuevos caminos para la
posibilidad de que muchos de los otros 30 presos aún encerrados de los que se
recomendó fueran procesados por Grupos de Trabajo también serán juzgados por la
Comisión Militar - tal vez incluso Khalid Sheikh Mohammed y cuatro otros hombres acusados de participar en los
ataques del 11 de Septiembre. Se propuso que estos hombres fueran juzgados por
el Tribunal Federal en noviembre de 2009, pero estos planes fueron archivados
como consecuencia de la reacción de los republicanos y los miembros del propio
partido de Obama.
Personalmente, creo que las Comisiones Militares siguen siendo ilegítimas, pero dada la
negativa del Congreso para permitir que los presos de Guantánamo sean llevados
a tierra firme para hacer frente a juicios en EE.UU. (que se incluyó en un
importante proyecto de ley de gastos militares de defensa en diciembre pasado,
y fue un movimiento abiertamente político, además de ser abiertamente
inconstitucional), las Comisiones Militares son, en la actualidad, la única
opción de enjuiciamiento a disposición de los prisioneros. Pragmáticamente, si
estos siguen estando relacionados con acuerdos a cambio de sentencias cortas -
y la administración mantiene su palabra sobre estos - entonces, a pesar de ser
fundamentalmente defectuosos, proporcionan lo que puede ser la única manera de
que los presos dejen Guantánamo.
Para entender por qué este es el caso, es necesario reflexionar sobre el hecho de
que 89 de los restantes 172 prisioneros fueron absueltos por el Grupo de
Trabajo, pero no pueden ir a ninguna parte, ya sea porque son yemeníes, y Obama
emitió una moratoria sobre la liberación de cualquiera de los 58 yemeníes en
enero pasado, después de que se descubriera que el terrorista que fallo en
atentar contra un avión el día de Navidad, Omar Faruk Abdulmutallab, había sido
reclutados en Yemen, o porque no pueden ser repatriados, ya que corren el
riesgo de ser torturados y sufrir malos tratos en sus países de origen. Estos
31 hombres no pueden ser reubicados en los EE.UU., debido a la oposición del
Presidente, del Tribunal de Circuito de DC, y del Congreso, y no se sabe si
terceros países estarán dispuestos a ofrecerles un nuevo hogar. Como resultado,
estos 89 presos parecen tener menos probabilidades de dejar de Guantánamo que
sus compañeros de prisión que lleguen a acuerdos en los juicios llevados a cabo
por Comisión Militar, y pueden, como he estado explicando durante todo el año,
legítimamente ser descritos como presos políticos.
La orden ejecutiva establece una revisión periódica de los caso de los 47 hombres
designados para la detención indefinida sin cargos ni juicio
También son menos afortunados que los condenados a ser enjuiciados por la Comisión Militar
los 47 hombres designados para la detención indefinida sin cargos ni juicio. La
orden ejecutiva que formaliza su detención y que prevé revisiones periódicas de
su estado, y que se publicó el 7 de marzo, se veía venir antes de Navidad, pero
estaba claramente en la mesa desde enero de 2010, cuando el Grupo de Trabajo
presentó su informe al Presidente, recomendando que 48 de los prisioneros - uno
de ellos murió en Guantánamo el mes pasado - debían seguir detenidos
indefinidamente sin cargos ni juicio, porque "el enjuiciamiento no es
viable en un tribunal federal o por una Comisión Militar."
Hay varios problemas con esta propuesta, por supuesto - más allá del refuerzo angustiante
de las razones misma sobre la que George W. Bush estableció Guantánamo, en
primer lugar - no menos importante es la creencia por el Grupo de Trabajo de
que estos hombres pueden ser considerados peligrosos pero no hay evidencias que
puedan ser usadas para probar su caso. Como expliqué en diciembre:
El Grupo de Trabajo trató de explicar que "los principales obstáculos para el
enjuiciamiento en los casos considerados inviables por el Grupo de Trabajo normalmente
no se derivan de la preocupación por la protección de fuentes confidenciales o
de los métodos de divulgación, o de la preocupación de que las pruebas contra
los detenidos estén contaminadas", pero sus explicaciones no fueron
convincentes. Detrás se afirma que "la información de inteligencia que hay
sobre ellos puede ser precisa y fiable", a pesar de que se haya recogido
en circunstancias dudosas, y que, en muchos casos, "no hay testigos que
estén disponibles para testificar en los procedimientos en contra de
ellos", aquí yace la verdad más contundente, como ya he explicado [en un
análisis del informe del Grupo de Trabajo en junio de 2010]: " que la
información de inteligencia, y cualquier testimonio disponible que puede haber,
están a la vez contaminados por las circunstancias en que " la recolección
de la información" se llevó a cabo - los interrogatorios coercitivos, y en
algunos casos la tortura de los propios presos, o de sus compañeros de prisión.
"
Para demostrar esto, me remito a las 59 peticiones de hábeas
corpus examinados por los jueces en la Corte de Distrito en Washington DC, de
los cuales 38 han sido ganados por los presos, señalando:
[E]stos problemas han sido puesto de relieve una y otra vez por los jueces, con una
objetividad que eludió el Grupo de Trabajo - como, por ejemplo, en el caso de
Fouad Al Rabiah, un kuwaití enviado por el Presidente Bush para ser enjuiciado
ante una comisión militar, quien fue liberado después de que un juez dictaminó
que todo el caso contra él se basaba en un relato falso que el mismo había
inventado después de ser torturado y las amenazado, y, por citar sólo dos
ejemplos más, Alla Ali Bin Ali Ahmed, un yemení capturado en una pensión para
estudiantes en Pakistán, y Mohammed El-Gharani, de Chad, que sólo tenía 14 años
cuando fue capturado en una redada en una mezquita en Pakistán. En ambos casos,
los prisioneros fueron liberados después de que los jueces dictaminarán que los
testigos del gobierno - compañeros de los prisioneros - fueran
irremediablemente poco fiables, y fueran, si no objeto de violencia, si de
sobornó para hacer declaraciones falsas.
Es por tanto, poco sincero por parte de la Fuerzas de Trabajo afirmar que "los
principales obstáculos para el enjuiciamiento" de estos [47] hombres
"normalmente no se derivan de ... la preocupación de que las pruebas
contra los detenidos estén contaminadas", cuando, para ser sinceros, el
registro está repleto de ejemplos que prueban todo lo contrario.
Otro problema es que la orden ejecutiva establece un proceso de revisión para los 47
hombres, que consiste en Juntas de Examen Periódico (PRB), que son notablemente
similares al proceso de revisión establecido por la administración Bush - Los
Tribunales de Revisión del Estatuto de los Combatientes (CSRT) - que el Corte Suprema consideró inadecuados cuando se les garantizó
constitucionalmente a los prisioneros el derecho de hábeas corpus en junio de
2008.
Al igual que con los CSRT, a los hombres se les presentará un resumen sin clasificar de
las denuncias en contra de ellos, estarán representados por un
"representante personal" (no un abogado), se les permitirá refutar
los cargos en su contra (aunque sin los medios para hacerlo), serán capaces de
"llamar a los testigos que estén razonablemente disponibles", y
también habrá en contra de ellos evidencias clasificadas que no se les
permitirá ver - aunque hay una disposición para que puedan "recibir un
sustituto suficiente o resumen, en lugar de la información subyacente," si
el gobierno planea apoyarse en evidencias clasificada (como sin duda ocurre, o
sino se les enjuiciaría).
Aunque se me asegura que, como la administración lo describe, la orden ejecutiva
"está destinada exclusivamente a establecer, con carácter discrecional, un
proceso para revisar periódicamente el ejercicio continuo del poder ejecutivo y
discrecional de las actuales autoridades de detención en casos
individuales," y también que "no crea ninguna tipo adicional o
distinto de autoridad de detención", y "que no afecta al alcance de
la autoridad de detención en virtud de la legislación vigente," es
deshonesto por parte de la administración afirmar, "Los detenidos en
Guantánamo tienen el privilegio constitucional del hábeas corpus, y nada en
este orden está destinada a afectar a la jurisdicción de los tribunales
federales para determinar la legalidad de su detención. "
Esto se debe a que, a pesar de sus garantías, la administración siempre se ha
comportado como si el habeas corpus fuera una distracción, y esta sólo ha
creído en las conclusiones del Grupo de Trabajo - de ahí su decisión de
prejuzgar a los 48 hombres cuyas peticiones de hábeas podrían haber mostrador
diferentes resultados, evitando la necesidad de revisión ejecutiva.
Además, la orden ejecutiva muestra otro problema fundamental con el enfoque que la
administración da a Guantánamo - y que también ha eludido la Corte de Distrito
al tramitar las peticiones corpus de estos hombres. Esto se refiere a la
legislación que sustenta las detenciones de Guantánamo, en primer lugar - la
Autorización para el Uso de Fuerza Militar, aprobada por el Congreso la semana
después de los ataques del 11 de septiembre, que autorizó al Presidente "a
usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones,
organizaciones o personas que él determine que planearon, autorizaron,
cometieron o ayudaron en los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de
septiembre de 2001", o los albergaba, pero fallo al no distinguir entre
al-Qaeda (un grupo terrorista) y los talibanes (un gobierno vilipendiado).
Tal y como la legislación hábeas ha mostrado, la mayoría de los hombres que han perdido
sus peticiones no son más que soldados talibanes de a pie, que no tenían
conocimiento de las operaciones terroristas internacionales de al-Qaeda, y que
deberían, en consecuencia, haber sido encarcelados como prisioneros de guerra y
protegidos por el Convenio de Ginebra.
Incluidos entre los 47 hombres designados para la detención indefinida, estos soldados
siguen siendo ultrajados por las afirmaciones del gobierno de que son "demasiado
peligrosos para ser liberados", cuando la verdad es que la AUMF sigue
siendo el documento erróneo de base sobre la "Guerra contra el
Terror", y los detenidos en Guantánamo deberían ser liberados (sin
demora), acusados con relación a delitos de terrorismo (que son delitos y no
"actos de guerra"), o redesignados como prisioneros de guerra, que
puede mantenerles encerrados hasta la conclusión de las hostilidades.
Esto, sin embargo, implicaría que se les reconociera como soldados, y no como el tipo mal
definido de amenaza terrorista invocado con enorme éxito por la administración
Bush y que Obama no ha hecho nada para disipar. Esta negativa a abordar los
problemas fundamentales de Guantánamo no sólo sigue alimentando la histeria en
los Estados Unidos acerca de los soldados detenidos en Guantánamo, sino que
también ha dado lugar a una vergonzosa indiferencia hacia el enjuiciamiento del
puñado de personas realmente acusadas de participar en actos internacionales de
terrorismo (incluido los ataques del 11S), a pesar de que poner a estos hombres
frente a la justicia debería haber sido el propósito de la "Guerra contra
el Terror" desde el principio.
Andy Worthington es el autor de "Los archivos de
Guantánamo: Las historias de los 774 detenidos en la prisión Ilegal de
América." Este artículo apareció originalmente en andyworthington.co.uk el
10 de marzo de 2011.
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