¿Guantánamo Para Siempre?
Andy Worthington
11 de enero de 2011
Traducido del inglés por El Mundo No Puede Esperar 19 de enero de
2011
En el noveno aniversario de la apertura de Guantánamo, parecería duro preguntarle al
presidente Obama si todos los planes de cerrar la prisión han fallado y si ella
va a permanecer operando por tiempo indeterminado.
Después de todo, puede ser que el presidente no haya podido cerrarla dentro del año de
asumir la presidencia, a pesar de haber prometido de hacerlo con una orden
ejecutiva su segundo día en la Casa Blanca, pero tanto él como su vocero continúan afirmando
que es su intención cerrarla.
Sin embargo, en realidad es razonable proponer que Guantánamo es ahora una
institución permanente por varias razones. La primera se refiere a cínicas jugadas
hechas por congresistas en los últimos meses, como incluir cláusulas de provisión de fondos en la ley de presupuesto
militar destinadas explícitamente a mantener abierto Guantánamo, prohibir el uso de fondos para transferir prisioneros
para ser juzgados en el continente de EEUU, prohibir el uso de fondos para
comprar o construir una prisión en el continente de EEUU para los prisioneros
de Guantánamo, y prohibir transferencia de aquellos prisioneros que fueron
aprobados por el Grupo de Trabajo de Revisión de Guantánamo del presidente
(compuesto por representantes de departamentos
gubernamentales y agencias de inteligencia) a países considerados peligrosos
por los congresistas, incluyendo Afganistán, Pakistán y Yemen.
En todos estos desafíos a sus declaradas intenciones – traer al continente por lo menos algunos de los 33
hombres que fueron recomendados por la Grupo de Trabajo para ser juzgados en cortes federales,
manteniéndolos en una prisión en EEUU y liberar algunos de los 89 prisioneros
“aprobados para ser transferidos” por la Grupo de Trabajo – el presidente Obama podría haber anulado la
decisión del congreso. Como fue informado antes de Navidad, estaba
perfectamente en su poder vetar la legislación o firmar un dictamen anulando
aquellas partes de la ley de presupuesto que él pudiera considerar ser una
violación a la autoridad constitucional de la presidencia.
Sin embargo al final, demostrando
lo que muchos observadores ya consideran típica cobardía, él eligió no hacer
nada de ello. Un veto nunca fue siquiera considerado porque eso amenazaría la
autorización del congreso de miles de millones de dólares para continuar con
las devastadoramente caras guerras en Afganistán e Irak y que no-autoridad
tiene deseo de terminar, pero firmar un dictamen declarando las cláusulas
como una violación inconstitucional al poder del ejecutivo era una clara
posibilidad a pesar de las connotaciones negativas después que George W. Bush
hiciera uso tan excesivo de dictámenes firmados durante su presidencia. Como
explicaran David B. Rivkin Jr. y Lee A. Casey, abogados que trabajaron en el
departamento de justicia bajo Ronald Reagan y George H.W. Bush, en una
editorial del Wall Street Journal, “Los esfuerzos del congreso de bloquear
futuros juicios a través de la restricción de gastos al presidente son
inconstitucionales y tendrían que ser abandonados.”
Sin embargo y a pesar de estas críticas tan incisivas al congreso provenientes de comentaristas conservadores,
Obama se negó a ir tan lejos como Rivkin y Casey y eligió limitar su oposición
a rezongos que suenan bien, pero que de última son inocuos. Como informó el New
York Times, “Él criticó severamente esas restricciones, pero no reclamó que él
tenia la autoridad constitucional de ignorarlas” y dijo en cambio que “iba a
pedirle al congreso que revocara las restricciones, tratara de ‘atenuar sus
efectos’ y opusiera todo intento de extenderlas o expandirlas después que
caducaran en setiembre, al final del año fiscal en curso.”
Criticando la prohibición de traer
prisioneros al continente para ser juzgados, Obama defendió el procesamiento de
sospechosos de terrorismo en la corte federal como “una poderosa herramienta en
nuestros esfuerzos para proteger nuestra nación,” y describió la prohibición
impuesta por el congreso como “un peligroso e inaudito desafío a la crítica
autoridad del poder ejecutivo para determinar dónde y cuándo procesar a los
detenidos en Guantánamo, basándose en los hechos y las circunstancias de cada
caso y en nuestros intereses de seguridad nacional.” Sin embargo, como
resultado de su negación a anular la cláusula, los 33 hombres recomendados para
juicio por la Grupo de Trabajo van a permanecer, en su mayor parte, sin juicio.
Según se informa, la administración no está dispuesta a continuar con juicios por comisión
militar, criticada justamente por oponentes por
considerarse un sistema judicial de segundo nivel, especialmente después de la
injusta y vergonzosa declaración de culpabilidad pactada con el ex
niño-prisionero Omar Khadr en octubre. De ahí que el principal efecto de la
capitulación de Obama sea dar victoria a los congresistas que insertaron esta
cláusula específicamente para prevenir que el presidente prosiga con el
juicio en corte federal contra Khalid Sheikh Mohammed y otros cuatro hombres
acusados de participación en los ataques del 11 de setiembre. Este juicio fue
anunciado por el fiscal general Eric Holder en noviembre pasado, pero encontró
la resistencia feroz de ideólogos republicanos mal informados que todavía creen
en la noción destructiva y equivocada de la administración de Bush que los
sospechosos de terrorismo son guerreros y no criminales.
Al criticar la prohibición de usar
fondos militares para liberar cualquiera de los 89 prisioneros absueltos por la Grupo de Trabajo
a menos que, según describe el Times, el secretario de defensa Robert
Gates “certifique que el país cumple con un estricto conjunto de medidas de
seguridad,” el presidente declaró que este proceso de certificación, agregado a
otros cuestionamientos de seguridad ya emprendidos por el gobierno,
“dificultaría la conducción de negociaciones delicadas con países extranjeros”
e “interferiría con la autoridad del poder ejecutivo de hacer determinaciones
importantes y trascendentales de política exterior y seguridad nacional con respecto
a si y bajo qué circunstancias se harían estas transferencias dentro del
contexto de un conflicto armado activo.”
Sobre este punto el efecto será menos notable, pues 58 de los 89 hombres aprobados para ser liberados por la
Grupo de Trabajo ya han sido detenidos indefinidamente sin cargo o juicio por un año ya
que son originarios de Yemen. En enero pasado, después de una sobrerreacción
histérica a la noticia que el fallido terrorista que quiso poner una bomba en
un avión en Navidad, Umar Farouk Abdulmutallab, aparentemente había sido
reclutado en Yemen, el presidente anunció una moratoria a la liberación de todo
prisionero yemení que está todavía en vigencia y no hay indicios de que sea
levantada. De los 31 hombres restantes, la mayoría está esperando países terceros que estén preparados a recibirlos,
pues no pueden ser repatriados en forma segura pues existe el riesgo que sean
torturados, y la administración, el congreso y la tribunal federal de apelaciones
de Distrito de Columbia todos se aseguraron bien
que ninguno de los hombres sea liberado en EEUU. Por lo tanto, es poco probable
que la prohibición del congreso se aplique a alguno de estos hombres.
Los únicos prisioneros que no están cubiertos en esta prohibición son aquellos cuya liberación fue
aprobada luego de ganar la petición de habeas
corpus en la corte del distrito de Washington D.C.. Sin embargo sobre este
punto, el presidente Obama no ha hecho más que enfurecer a sus partidarios
liberales cuando, el lunes pasado repatrió un argelino, Farhi Saeed bin Mohammed, en contra
de su voluntad. Bin Mohammed había ganado su petición de habeas corpus en
noviembre 2009, pero estaba aterrorizado de volver a su país natal donde
principalmente temía ser atacado por militantes islámicos. La jueza de su caso,
Jueza Gladys Kessler, luchó a su favor para prevenir su repatriación forzada,
pero finalmente ella fue desautorizada por la corte suprema, facilitando su
retorno a Argelia el lunes pasado.
El hecho de que el único hombre que fue liberado desde agosto último – y muy probablemente el único que sea
liberado en un futuro inmediato – sea alguien que estaba desesperado por no ser
devuelto a su país natal, es una triste denuncia a la postura que el presidente
Obama toma en el noveno aniversario de la apertura de Guantánamo, dos años
después que prometiera cerrar la prisión y un año después que fallara en
hacerlo.
Como expliqué más arriba, al negarse a enfrentar al congreso por las intrusiones inconstitucionales a su
autoridad – y a través de su moratoria a la liberación de cualquier yemení, el presidente
Obama se ha asegurado que no haya distinción entre
los 33 hombres recomendados para juicio por la Grupo de Trabajo y los 89
hombres cuya liberación fue aprobada, pues casi todos han sido ahora recluidos
a arresto indefinido sin cargo o juicio por el futuro inmediato.
Completando este panorama, hay 48 hombres más que fueron marcados explícitamente por la Grupo de Trabajo
para ser arrestados indefinidamente sin cargo y sin juicio. Esto ha sido una propuesta
indefendible, ya desde que fue advertida por el presidente por primera vez en
mayo de 2009, pues los hombres en cuestión son considerados demasiado
peligrosos para ser liberados, a pesar de que la administración admite que no
tiene evidencia que pueda usar para probar estos alegatos. Esto por supuesto indica
que dar crédito a información poco fiable obtenida a través de tortura fue una
pieza clave para llegar a estas conclusiones. Los planes también son
preocupantes pues de esta manera perpetúan explícitamente la postura tomada por
el presidente Bush cuando estableció Guantánamo, y porque ayudan a aquellos que
quieren ver el uso de arresto indefinido sin cargo y sin juicio nuevamente en
el futuro. Y con respecto a esto último, fue extremadamente deprimente escuchar
antes de Navidad que Obama estaba considerando presentar un dictamen
presidencial aprobando formalmente la detención indefinida de estos 48 hombres,
aunque garantizando que recibirían algún tipo de reconsideración normal de sus
casos.
Se espera pronto una decisión al respecto; ésta debería ser resistida ferozmente por todo aquél que cree que el
perverso experimento en Guantánamo ya ha durado demasiado y que mantener
prisioneros es aceptable solamente cuando son sospechosos criminales que serán
juzgados, o son prisioneros de guerra quienes, en todo caso, pueden ser
mantenidos hasta el final de las hostilidades. Y si el presidente Obama
efectivamente firma este dictamen presidencial, es responsabilidad de todo
aquél que se opone al escándalo existente en Guantánamo, de señalarlo como tal,
junto con la interferencia del congreso y la moratoria de Obama, no son sólo 48
prisioneros los designados a arresto indefinido sin cargo y sin juicio, sino
casi todo prisionero todavía en Guantánamo – 170 hombres en total.
Las esperanzas que Guantánamo fuera cerrado probablemente ya se frustraron durante los primeros meses de su
presidencia, pero aun el más cínico observador tendría dificultad en decir
entonces que, después de dos años, Obama estaría presidiendo sobre una
situación tan similar a la creada por Bush, Dick Cheney and Donald Rumsfeld en
2002 – cuando la población entera de la prisión esta de hecho arrestada
arbitrariamente, detenida indefinidamente sin cargo y sin juicio,
independientemente de que la mayoría de ellos debieran ser liberados o juzgados.
Al comienzo del décimo aniversario del funcionamiento de la prisión, ésta es una situación muy deprimente por la
cual todo aquél preocupado por la justicia para los prisioneros restantes,
debería hacer campaña reclamando y denunciando implacablemente.
Andy Worthington es periodista e historiador residente en Gran Bretaña. Es autor de The Guantánamo Files, el primer libro que cuenta las historias de todos los detenidos en la prisión
ilegal de EE.UU. (publicado por Pluto Press/Palgrave Macmillan), y co-director
(con Polly Nash) del nuevo documental, "Outside the Law: Stories from Guantanamo."
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