El juez ratifica una sentencia ordenando una revisión
médica independiente para el prisionero de Guantánamo torturado Mohammed
Al-Qahtani
20 de agosto de 2020
Andy Worthington
Traducido por Sergio Rey Godoy para El Mundo no Puede Esperar 8 de septiembre de 2020
Una imagen compuesta del prisionero de Guantánamo y víctima de torturas Mohammed al-Qahtani y de la
jueza de distrito Ellen Huvelle.
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El pasado marzo, como expliqué en
un artículo en su momento, la jueza de distrito Rosemary Collyer hizo
historia cuando ordenó al gobierno de EE.UU. permitir a expertos médicos y
psiquiátricos independientes de fuera de EE.UU. valorar a un prisionero en Guantánamo.
El prisionero en cuestión es el saudí Mohammed al-Qahtani, quien tenía serios problemas mentales preexistentes que
las autoridades de los EE.UU. no revelaron cuando, en Guantánamo, lo llegaron a
considerar como el vigésimo secuestrador de los ataques del 11S, y le
sometieron a un programa de tortura involucrando meses de depravación del sueño
y de humillación sexual.
El mandato de la jueza Collyer la involucró, como explica Carol Rosenberg en New
York Times, declarando que “ella estaba concediendo una petición” por parte
de los abogados de al-Qahtani “para obligar a los Estados Unidos a aplicar un
reglamento del ejército diseñado para proteger a prisioneros de guerra y crear
una “comisión médica mixta'' compuesta por un oficial médico del ejército de
los EE.UU. y dos médicos de un país neutral elegidos por el Comité Internacional
de la Cruz Roja y aprobado por los Estados Unidos y por Arabia Saudita”.
Como indicó también Roseberg, “al ordenar la evaluación, la jueza Collyer se basó en un informe de la Dra. Emily
A. Keram, una psiquiatra estadounidense que trata a veteranos estadounidenses y
que examinó al Sr. Qahtani en Guantánamo y algunos de sus registros médicos en
Arabia Saudita”. Su informe
indicó que al-Qahtani "pasó cuatro o cinco días en la unidad psiquiátrica
de un hospital en La Meca, Arabia Saudita, después de un “brote psicótico agudo”
y un intento de suicidio en mayo del año 2000", y también indicó que
"sufrió una lesión en la cabeza en un accidente de coche cuando era un
niño y más tarde se le diagnosticó esquizofrenia". Como mencionó
Rosenberg, “un síntoma incluía alucinaciones; le habló a gente inexistente
antes de salir de Arabia Saudita y después de su llegada a Guantánamo”.
Como Roseberg también explicó, “un elemento central de la orden de la jueza Collyer fue el argumento de los
abogados del Sr. Qahtani de que Guantánamo no estaba equipado para encargarse
de sus enfermedades psiquiátricas y que tenía derecho a la repatriación para
una atención de salud mental culturalmente apropiada de acuerdo con las regulaciones
del ejército sobre prisioneros de guerra”.
La jueza Collyer se ha retirado desde entonces, pero, haciéndose cargo del caso, el pasado miércoles la jueza de
distrito Ellen Huvelle denegó un intento del gobierno para “pone en pause” la
orden de la jueza Collyer, como explicó Ben Fox para la Associated
Press, describiendo a al-Qahtani como un prisionero que “estaba tan maltratado
bajo custodia americana que no podía ser llevado a juicio”.
El Departamento de Justicia había comentado que tenía la intención de apelar la decisión de marzo, pero la jueza
Huvelle “señaló en su fallo que, debido a su salud, el riesgo de demora para el
prisionero “supera con creces” cualquier daño potencial al gobierno por enviar
un equipo de médicos para evaluarle".
También señaló que los abogados del gobierno "no han podido demostrar ya sea una probabilidad de éxito en los
méritos o que la balanza de daños pese a su favor".
Ben Fox procedió a repasar la historia de al-Qahtani bajo custodia estadounidense, explicando, como siempre debería
ser señalado, que este es el único ejemplo de tortura por parte de las fuerzas
estadounidenses que ha sido reconocido por un alto funcionario estadounidense —
Susan Crawford, la autoridad de convocatoria del sistema de juicios de la
comisión militar en Guantánamo. Como indicó Fox, al-Qahtani fue "sometido
a un trato que fue tan brutal que el oficial legal del Pentágono a cargo de los
tribunales de crímenes de guerra determinó que equivalía a tortura y que no
podía ser encausado".
Fox también explicó que el gobierno de
los Estados Unidos "nunca ha dicho lo que planea hacer con él" —
como, de hecho, es el caso de todos los "prisioneros
eternos" que todavía están en prisión, 26 de los 40 prisioneros aún
están detenidos, quienes no se enfrentan a un enjuiciamiento y, en cambio,
están detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio, desafiando todas las
normas internacionalmente reconocidas sobre encarcelamientos.
Como explicó Ben Fox, la jueza Huvelle tuvo en cuenta su historial de problemas de salud mental en su decisión,
explicando, en su fallo, “los problemas de salud mental del Sr. al-Qahtani
fueron evidentes para los funcionarios del gobierno de EE.UU. cuando fue
detenido por primera vez en Guantánamo y se han visto agravados por la tortura
que inicialmente sufrió a manos del gobierno de los EE.UU. y los más de 18 años
que ha pasado detenido".
Escribiendo sobre la "comisión médica mixta", Fox explicó también que el gobierno saudí ya ha aceptado el
regreso de al-Qahtani.
En contraste, el gobierno continúa discutiendo que, como lo describió Fox, “al-Qahtani puede recibir cualquier
tratamiento médico que necesite en Guantánamo”, y que “la creación de una
Comisión Médica Mixta, que nunca antes se había proporcionado a un preso en el
centro de detención, sentaría un precedente que inspiraría a otros a buscar uno
también".
Este puede bien ser el caso, pero lo que muestra, sin duda alguna, es que al-Qahtani no es el único prisionero privado
de una evaluación adecuada de su estado físico y mental.
Ramzi Kassem, profesor de derecho en la City Universidad de Nueva York y uno de los abogados de al-Qahtani, dijo que
"él cree que el gobierno está preocupado por lo que un panel médico
independiente podría concluir sobre su cliente", como lo describió Fox.
Como expresó Kassem, "les preocupa que la comisión médica mixta regrese y
diga que cumple con los criterios para la repatriación médica".
La jueza Huvelle señaló que "probablemente tomará un tiempo armar un panel médico y enviarlo" a
la prisión, especialmente debido a que las autoridades han tenido que
"imponer restricciones a los visitantes debido a la pandemia de COVID-19
que han llevado procedimientos legales contra otros detenidos a un punto
muerto”, pero, crucialmente, ha continuado apoyando la insistencia de la jueza
Collyer de que al-Qahtani necesita el tipo de evaluación médica que sus
captores, vergonzosamente, no han podido proporcionar en 18 años.
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