Obama y el Senado llegan a nuevos extremos en Guantánamo con detenciones indefinidas y prohibiciones de traslados.
El presidente Obama está cumpliendo una de las
grandes ilusiones de Dick Cheney, gobernado sobre una prisión en la que una
abrumadora mayoría de los 174 prisioneros permanecerá, con toda probabilidad,
detenido indefinidamente. |
30 de diciembre 2010
Andy Worthington
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
22 de enero de
2011
A solo dos semanas del noveno aniversario de la
apertura de la prisión de la “Guerra contra el terror” en Guantánamo, casi
todas la personas con un puesto de autoridad han fallado a la hora de resolver
de manera satisfactoria el amargo legado dejado por la administración Bush. De
hecho, a juzgar por dos hechos recientes, todo lo que suene a progreso en el
tema de Guantánamo está ahora en su momento más bajo desde el 27 de junio de
2007, el día antes de que la Corte Suprema concediera a los prisioneros los
derechos de habeas corpus, destrozando el secretismo requerido para mantener
Guantánamo como una prisión fuera de la ley donde los interrogatorios
coercitivos, las torturas y la experimentación humana podían tener lugar.
Si piensas que parece una exageración ten en cuenta
que el Senado acaba de aprobar una legislación para asegurarse que cada uno de
los prisioneros que está actualmente en Guantánamo permanezca allí durante el
próximo año y que no sea llevado a juicio o liberado, incluso aunque la Fuerza
Especial de Revisión de Guantánamo (Task Force Review Guantánamo) del
presidente Obama, compuesta por “más de 60 profesionales de carrera, incluyendo
analistas de inteligencia, agentes de la ley, abogados, y elaborada por el Departamento
de Justicia, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el
Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia (CIA),
la Oficina Federal de Investigación y otros organismos dentro de los servicios
de inteligencia” concluyera el año pasado que 33 de los prisioneros restantes
deberían ser llevados a juicio y que otros 90 deberían ser liberados.
Sin embargo, en su deseo de afectar a la autoridad
del presidente, los legisladores insertaron dentro de la ley anual de autorización
de defensa, que ha sido aprobada por el Senado y la Casa de Representantes el
miércoles pasado y cuyos funestos efectos durarán los próximos 12 meses, tres
provisiones motivadas políticamente.
La primera prohibición se refiere al uso de los
fondos para traer a alguno de los prisioneros de Guantánamo a los EE.UU.,
incluso cuando tenga que enfrentarse a un juicio. Esto sobrepasa las leyes
aprobadas en 2009 cuando el Congreso prohibió el traslado de los prisioneros
por cualquier motivo excepto para ir a juicio. Su motivación política puede
observarse en la redacción del proyecto de ley aprobado a principios de este
mes, que apropiaba 1,1 billones de dólares, y en el que se decía que “ninguno
de los fondos adjudicados en esta o en cualquier ley anterior puede usarse para
trasladar, liberar o asistir en el traslado o liberación en o dentro de los
EE.UU., sus territorios, o posesiones, a Khalid Sheikh Mohammed o a cualquier
otro detenido que (1) no sea un ciudadano de los EE.UU. o un miembro de las
Fuerzas Armadas de los EE.UU.; y (2) esté o haya estado detenido por el
Departamento de Defensa el o a partir del 24 de junio de 2009 en la Base Naval
de los EE.UU. en la bahía de Guantánamo, Cuba”.
Esta referencia particular a Khalid Sheikh Mohammed
fue muy intencionada, como una manifestación del deseo de una parte importante de
los legisladores para prevenir que algún prisionero fuera traído a los
EE.UU. para enfrentarse a juicio oponiéndose
así a los planes, anunciados el pasado noviembre por el Fiscal General Eric
Holder, de traer a Mohammed, el supuesto autor intelectual de los ataques del
11-S, y a otros cuatro supuestos colaboradores a Nueva York para enfrentarse a
un juicio.
Esta decisión, por supuesto, ha inflamado a los
liberales pero también ha provocado la crítica mordaz de los republicanos. En
un artículo de opinión en el Wall Street Journal, por ejemplo, David B.
Rivkin Jr. y Lee A. Casey, abogados que sirvieron en el Departamento de
Justicia bajo Ronald Reagan y George H.W. Bush, calificaron de forma acertada
la disposición como inconstitucional.
Rivkin y Casey comienzan diciendo de forma poco prometedora que “llevar prisioneros de
al-Qaeda, talibanes o terroristas aliados a las cortes civiles estadounidenses
es una mala idea”, para después añadir que la “casi absolución” de Ahmed
Khalfan Ghailani, un antiguo prisionero de Guantánamo y “prisionero fantasma”
de la CIA, que fue condenado por una corte federal en Nueva York el mes pasado
por su participación en los ataques con bombas en 1998 a embajadas africanas,
pero solo por uno de los 285 cargos a los que se enfrentaba, “prueba mucho”. A
partir de este momento, sin embargo, su análisis se vuelve mucho más
interesante.
“Pero una mala idea no sirve de excusa para otra.”,
escribieron, para añadir después, “los esfuerzos del Congreso por bloquear los
futuros juicios imponiendo para ello restricciones en el gasto al presidente
son inconstitucionales y deberían ser abandonados”.
También escribieron:
El lenguaje prohíbe bajo cualquier concepto el uso
de los fondos del gobierno para trasladar a los EE.UU a detenidos que se
encuentren en Guantánamo. Ya que las cortes federales se encuentran únicamente
en territorio estadounidense y ya que los acusados deben estar físicamente en la jurisdicción de la corte para los
juicios, el propósito aparente de esta disposición es evitar que el presidente
Obama lleve a estos detenidos ante una corte federal.
Este es un paso que va demasiado lejos. El
presidente es el jefe oficial de la policía federal y del fiscal. Cómo, cuándo
y si debemos presentar una acusación particular se encuentra en el centro mismo
del poder constitucional. Disponer de los créditos federales para forzar al
presidente a ejercer su discrecionalidad procesal de acuerdo con los deseos del Congreso antes que de los suyos,
viola la separación de poderes de la Constitución.
Esta es una crítica de gran alcance y se aplica por
igual a las dos otras disposiciones introducidas en el proyecto de ley del
Congreso.
La primera de éstas prohíbe el uso de fondos para comprar
o construir cualquier instalación en territorio estadounidense que sirva para
albergar a los prisioneros que se encuentran en Guantánamo, y es, de nuevo, una
respuesta directa al anuncio de la administración el último diciembre de la
intención de comprar el desalojado Centro Correccional Thomson en Illinois para
este propósito.
La segunda evita que el presidente libere a
cualquier prisionero “a menos que el Secretario de Defensa Robert M. Gates termine
con la seguridad de hacer eso” tal y como el New York Times los
describe. En un informe anterior, se dijo que esta disposición estaba
específicamente diseñada para evitar la liberación y el envío de alguno de los
prisioneros a algún país considerado por los legisladores como peligroso, incluyendo
Afganistán, Pakistán o Yemen. De nuevo, este es un asalto injustificado e
inconstitucional a los poderes presidenciales, aunque en este caso solo
refuerza los que ya existía.
En julio cuando un prisionero afgano fue liberado
en España, me vi obligado a sacar la conclusión de que esto solo había ocurrido
por la oposición del Congreso a liberarle en su país de origen, aunque nunca
había sido mencionado en ningún medio de comunicación, y esta es la primera vez
que he tenido a bien mencionarlo. Sobre Yemen, sin embargo, el presidente Obama
ya está en marcha. Uno de los principales obstáculos para cerrar la prisión es
su decisión, el pasado enero, de anunciar una moratoria abierta para la
liberación de prisioneros yemeníes que siguió la histeria tras el atentado
fallido a un avión el día de Navidad (Umar Farouk Abdulmutallab, el autor,
había sido reclutado en Yemen) incluso aunque esto, como el anuncio de la nueva
prohibición del Congreso, culpe a las personas por su nacionalidad. 58 de los
90 prisioneros declarados aptos para la liberación por la Fuerza Especial de
Revisión de Guantánamo son yemeníes.
El único punto sobre el que el Congreso parece
haber retrocedido en sus actividades inconstitucionales en relación a
Guantánamo afecta a los intentos de prohibición para liberar prisioneros cuya
liberación haya sido ordenada por jueces de la Corte del Distrito que han
garantizado seis peticiones de habeas corpus. El año pasado, los legisladores
aprobaron una disposición permitiéndoles 15 días para revisar los casos para cualquier
prisionero que el presidente Obama quisiera liberar. El pasado julio despertaron
la ira del teniente coronel David Frakt, el abogado militar defensor de Mohamed
Jawad, un afgano que acababa de ganar su petición de habeas, cuando insistieron
en revisar su caso antes de su liberación. Según explicó el teniente coronel
Frakt:
Considero que este requisito de notificación del Congreso es claramente inconstitucional
ya que viola la separación de poderes. En el caso Jawad, esto significa que
después de que el poder ejecutivo y el judicial hayan concluido que no había
base legal para que los militares retengan a Mohamed Jawad (una vez que el
Departamento de Justicia concedió en última instancia la petición de habeas
corpus), se obligó a los militares a continuar con su detención en Guantánamo por
mandato del Congreso. Como expliqué en la Corte Federal del Distrito, esto
colocaba a Jawad como “prisionero del Congreso”, un estatus para el que no
existe autoridad constitucional.
También explicó:
Puede ser que, en el caso de que los EE.UU. quieran
liberar completamente a un detenido para el que tiene la base legal de detener
según las leyes de la guerra, el Congreso puede condicionar legalmente los
fondos para liberarlo, en la disposición de esta notificación al Congreso. Pero
para aquellos detenidos a los que se les detiene ilegalmente, esta ley
simplemente arbitraria extiende su ilegalidad hasta Guantánamo. Esta
disposición, junto con la negativa a autorizar fondos para que los detenidos
sean recolocados en EE.UU., (incluso aquellos que son inocentes y que podrían
pedir asilo político), muestra el grado de depravación del Congreso sobre las
cuestiones relacionadas con los detenidos.
Los legisladores, presumiblemente, han tenido en
cuenta las críticas del teniente coronel Frakt, pero desafortunadamente, cuando
se refiere a liberar prisioneros cuya liberación fue ordenada por jueces
después de haber ganado sus peticiones de habeas corpus, el problema mayor es
la propia administración Obama.
A pesar de que los jueces en la Corte del Distrito
en Wahington D.C. han juzgado sobre 57 peticiones de habeas corpus desde que la
Corte Suprema confirmó, en junio 2008, que los prisioneros tenían
constitucionalmente garantizados sus derechos de habeas, y de haber sentenciado
a favor de 38 de estos casos, la administración retrocedió apelando a las
muchas peticiones exitosas y aprobando una definición más amplia para los
estándares de la detención en curso, lo que ha encontrado apoyo en el más que
conservador distrito judicial del D.C.
Esto, combinado con la evidente falta de voluntad del
presidente Obama y del Secretario de Justicia Eric Holder para dar orientación
a los abogados del Departamento de Justicia que trabajan en los casos de
Guantánamo, como, por ejemplo, hacer cualquier tipo de revisión de casos que deban ser impugnado en los tribunales,
es suficientemente preocupante. Pero lo que es también claro es que la
administración Obama ha considerado desde el principio la objetividad de los
jueces de la Corte del Distrito como algo menos importante que las decisiones
hechas por la Fuerza Especial de Revisión de Guantánamo, que operaba en secreto
y, esencialmente, al margen de los tribunales.
Aunque esto habría sido disculpable si la Fuerza
Especial de Revisión se hubiera contentado con la aprobación de prisioneros
solo para la liberación o el juicio, el informe final también contenía la
recomendación de que 48 de los 174 presos restantes permanecieran recluidos
indefinidamente sin cargos o juicios, ya que “el enjuiciamiento no es factible
en ninguna corte federal o comisión militar”.
La Fuerza Especial de Revisión trató de explicar
que “los principales obstáculos al enjuiciamiento en estos casos considerados
inviables por la Fuerza Especial de Revisión de Guantánamo normalmente no se
deriva de la preocupación por la protección de fuentes confidenciales o los
métodos de de divulgación, o la preocupación de que las pruebas contra los
detenidos estuvieran contaminadas”, pero sus explicaciones no fueron
convincentes. Detrás de las quejas de que “las labores de inteligencia sobre
ellos pueden ser precisas y de confianza”, a pesar de que se hayan recogido en
circunstancias dudosas y de que en muchos casos, “no hay testigos disponibles
para testificar en los procedimientos contra ellos”, se encuentra una
contundente verdad, como expliqué en su momento: “que la inteligencia, y la
disponibilidad de los testigos cualquiera que sea, están a la vez contaminados
por las circunstancias en las que las “recolecciones de la inteligencia”
tuvieron lugar: los interrogatorios coercitivos y, en algunos casos, la tortura
de los propios prisioneros o de sus compañeros prisioneros.”
Para demostrarlo, volví a las peticiones de habeas
examinadas por jueces en la Corte del Distrito en Washington D.C., constatando:
Esos problemas has sido señalados una y otra vez
por los jueces, con una objetividad que eludió la Fuerza Especial de Revisión
como, por ejemplo, en los casos de Fouad al-Rabiah, un
kuwaití llevado a juicio ante una comisión militar por el presidente Bush y que
fue puesto en libertad después de que el juez dictaminara que todo el caso
contra él descansaba en un testimonio falso que apareció tras tortura y
amenazas. Y para citar solo dos ejemplos más, Alla Ali Bin ali Ahmed, un yemení
capturado en una residencia de estudiantes en Pakistán, y Mohammed El-Gharani,
de Chad, que tenía 14 años cuando fue capturado en una mezquita en Pakistán. En
ambos casos fueron liberados después de que los jueces dictaminaran que los
testigos del gobierno, los compañeros de los prisioneros, eran muy poco
fiables, y que habían sido, si no objeto de violencia, sobornados para
presentar falso testimonio.
Por tanto, es falso que la Fuerza Especial de Revisión dijera que “el principal obstáculo para el
enjuiciamiento” de estos 48 hombres “no viene de la preocupación de que las
pruebas contra ellos estén contaminadas”, cuando, para ser sinceros, el
registro está repleto de casos probando lo contrario.
Sin embargo, el presidente Obama eligió aceptar las
conclusiones de la Fuerza Especial de Revisión de Guantánamo y, la semana
pasada, se sumó a la posición inconstitucional tomada por el Congreso en
relación a los presos liberados y los recomendados para ir a juicio, cuando los
oficiales dijeron al Washington Post que estaban cerca de finalizar una
orden ejecutiva que “formalizaría la detención indefinida sin juicio para
algunos detenidos en la prisión militar de Guantánamo, Cuba, pero permitía a
aquellos detenidos y a sus abogados impugnar la base del encarcelamiento
continuado”.
Teniendo en cuenta la realidad de la situación, un
proceso de revisión que “permitiera a los detenidos impugnar su encarcelación
periódicamente, posiblemente cada año”, y tener una representación legal, es
mejor que una detención indefinida sin ninguna revisión. Es también posible
simpatizar con el funcionario que dijo en el Post que“cuando el panel de la revisión pone a
alguien en la categoría de detenido de larga duración, como las 48 personas, ¿Qué
sucede entonces? ¿Se quedan allí hasta el final de sus vidas? ¿Cuál es el
mecanismo de revisión? ¿Cuál es su grado de imparcialidad? ¿Tienen
posibilidades de oponerse? Todas estas preguntas merecen ser contestadas. Y hemos estado
trabajando en una orden ejecutiva empleada por este cuerpo”.
Aun así, visto como una parte de un cuadro más
grande, el propósito de una orden ejecutiva no es algo para celebrar, y es de
momento el mal menor, porque la detención indefinida sin cargos o juicio no
debería ser nunca contemplada en primer lugar. Tom Malinowski, la cabeza de la
oficina en Washington de Human Rights Watch, estaba en lo correcto al
decir al Post que hay una “gran diferencia entre usar una orden
ejecutiva, que puede rescindirse, para manejar un selecto grupo de detenidos
heredados por Obama, y legislar un esquema para la detención indefinida”, pero
es inaceptable que la administración tenga al margen de forma tan clara a los
jueces de la Corte del Distrito en Washington D.C. que han estado tomando sus
propias decisiones sobre si los detenidos deben quedarse o ser liberados. Por
otra parte, es incluso más decepcionante que las noticias de la inminente orden
ejecutiva (dejando la suerte de los 48 prisioneros restantes a merced de un
proceso de revisión sin especificar) llegara en la misma semana en la que 123
de los 126 prisioneros restantes (todos excepto los tres mantenidos después de
los juicios de la Comisión Militar) recibieran la noticia del Congreso de que
sus oportunidades de ser juzgados o liberados se habían casi evaporado.
Al aproximarse el noveno aniversario de la apertura
de Guantánamo, y el primer aniversario del fallido ultimátum de Obama para
cerrar la prisión, es suficiente para darse cuenta de que, lejos de cerrar
Guantánamo y eliminar esta mancha en la reputación estadounidense, el
presidente Obama está completando una de las grandes ilusiones de Dick Cheney, al
presidir una prisión en la que la abrumadora mayoría de los 174 prisioneros que
permanecen, continuarán, casi con toda probabilidad, encerrados
indefinidamente.
Promete ser un sombrío Año Nuevo.
Andy Worthington es el autor de The
Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal Prison.
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