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Reporte militar del 2010 de Guantánamo expresa preocupaciones acerca de la confiabilidad de la información de prisioneros con problemas mentales o bajo medicamentos que alteran la mente

8 de julio de 2019
Andy Worthington
Andyuworthington.co.uk

Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 25 de julio de 2019


Una foto sin fecha de un prisionero de Guantánamo mientras es acompañado por guardias de la prisión en el Camp 6 (fotografía: John Moore/Getty Images)

Muchas gracias a Jason Leopold, reportero investigativo para BuzzFeed News, por asegurar, a través de una petición de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés), un reporte del Inspector General del Departamento de la Defensa, del 2010, “Revisión el Fuerza de Tarea Conjunto de Guantánamo acerca de la inclusión de información de salud mental en reportes de inteligencia”.

La búsqueda determinada de Leopold, a través de solicitudes de FOIA, documentos que el gobierno preferiría mantener escondidos, que lo llevó a ganarse la etiqueta del “terrorista del FOIA”, publicó el muy redactado reporte de 33 páginas en Twitter describiendo que la publicación del reporte le había tomado años desde que presentó la primera solicitud FOIA para el mismo, explicando que fue “acerca de la salud mental de los detenidos y la confianza de la información que les dieron a sus captores”.

El reporte indica que fue “conducido para determinar si el contenido de los informes del DoD (Departamento de la Defensa por sus siglas en inglés) (IIIRs) publicados por el Fuerza de Tarea Conjunto de Guantánamo (JTF GTMO) y sus organizaciones predecesoras incluyeron información en relación al status de salud mental de sus fuentes o su historia médica en relación a substancias para determinar el posible efecto sobre la inteligencia final obtenida”.

Desafortunadamente, mientras el reporte es útil hasta cierto punto en resaltar el desorden burocrático de Guantánamo, es fuertemente insuficiente en proveer detalles acerca de cómo la información médica fue utilizada por los interrogadores. La sección titulada “Inclusión de información en reportes de inteligencia”, por ejemplo, está prácticamente censurado en su totalidad, así como los resultados clave en la sección titulada “Impacto de la información en la inteligencia final”. La referencia siendo, por supuesto, que los redactores consideraron necesario esconder la verdad incómoda: que la información poco confiable fue extraída, de hecho, de prisioneros drogados o con problemas de salud mental.

A pesar de la censura, el reporte es, no obstante, abiertamente crítico acerca de la falta de claridad en relación a los protocolos para compartir información médica con los interrogadores, afirmando “la guía regulatoria presente autoriza a los proveedores de cuidados de la salud compartir la información médica de los detenidos con los interrogadores, pero no provee guía específica de cómo hacerlo. Como resultado de eso, la ejecución de estas políticas en Guantánamo, ha sido inconsistente, resultando en confusión tanto para los proveedores de cuidados de salud como para los elementos de interrogación”.

También es de interés la valoración de cómo las diferentes ramas del ejército vieron el intercambio de registros médicos. El reporte indica que el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM por sus cifras en inglés), que supervisa a Guantánamo, “emitió una guía directa aplicable a operaciones de detenidos en Guantánamo” en un Memorandum de Políticas en agosto del 2002 que establecía bruscamente que “las comunicaciones entre detenidos y los proveedores de cuidados de salud no son confidenciales” y “obliguen al personal médico a transmitir cualquier información relacionada con el éxito de una misión militar o de seguridad nacional”.

Guía adicional fue emitida en un memorándum en agosto del 2004 que establecía que “información médica podría ser disponible para autoridades militares apropiadas y publicada por el cirujano del JTF GTMO o por el cirujano del Comando del Sur de los Estados Unidos”.

Sin embargo, el reporte también establecía que, en junio del 2003, el Hospital de Detención en Guantánamo publicó los Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) que “estipulaban que la el personal de inteligencia y de aplicación de ley no tenía permitido revisar los registros médicos en áreas clínicas”, añadiendo que “únicamente los miembros del Equipo de Consulta de la Ciencia del Comportamiento (por sus siglas en inglés BSCT) lo tenía permitido”.

Adicionalmente, los SOPs en 2005, “decidieron que ninguna información médica o dental sería utilizada para propósitos de obtención de inteligencia y que la publicación de esa información médica tendría que ser aprobada de manera escrita por el Cirujano General o su suplente” y que “en ningún momento los registros médicos o dentales de un detenido activo quedarían fuera de la custodia del staff médico de detención”.

En un resumen, el reporte encontró que “las políticas tanto para el apoyo médico a detenidos e interrogación han evolucionado con el tiempo. Los proveedores de cuidado de la salud y el staff de interrogación describen una evolución en el ambiente del intercambio de información de acceso sin restricciones a registros médicos por parte de interrogadores a una casi total restricción en la divulgación de información médica en apoyo a las interrogaciones”.

El sumario añadió que una entrevista con el ex comandante del Grupo Médico Conjunto, JTF GTMO, una encuesta de parte de un ex interrogador y el la investigación del Almirante Church de operaciones de detención “indicaron que desde el comienzo de las operaciones de detenidos en Guantánamo, los interrogadores reportaron un acceso ilimitado a los registros médicos de detenidos”. Después, en abril del 2003, “el cirujano del JTF designó a personal del BSCT como intermediario para revisar registros médicos de detenidos en representación de los interrogadores” y dos meses más tarde, en junio del 2003, el “acceso a los registros médicos por parte del personal fue objetivo de una revisión por parte del auditor judicial general del JTF”. Y, finalmente, en junio del 2004, el Cirujano JTF “actualizó la política general y prohibió que el personal BSCT tuviera acceso a los registros médicos sin la aprobación del Cirujano JTF”.

El resumen también indica que “la mayoría de los supervisores de interrogaciones y los interrogadores que encuestamos (cubriendo el periodo del 2002 al 2008) confirmaron que no tuvieron acceso a los registros médicos y de salud mental”. Sin embargo, como será discutido en el Conclusión B, el staff de interrogación claramente tuvo acceso a información relacionada con la salud mental, si es que no a los registros completos. Más allá, a pesar de los obstáculos puestos sobre el acceso directo de los interrogadores a los registros médicos, descubrimos que ninguna política prohibía el intercambio de la información médica de los detenidos con los componentes de inteligencia para propósitos de interrogación.

Los lectores con ojo de lince habrán ubicado la referencia tentadora al Conclusión B en el párrafo anterior, pero desafortunadamente el Conclusión B es el “Impacto de la información en la inteligencia final”, mencionado anteriormente, que está, censurado casi en su totalidad.

Sin embargo, a pesar de los graves defectos del reporte, su publicación es útil no solo como parte del registro histórico, sino también como un recordatorio de la historia que aún se desenvuelve con respecto al trato de los detenidos y, crucialmente, sobre el maltrato en Guantánamo, particularmente en los aspectos de esta larga y sórdida historia que envuelve drogas administradas a los prisioneros y la explotación de quienes tienen problemas de salud mental.

Precursores del reporte del 2010

Como lo puso Jason Leopold en su hilo de Twitter, “Este reporte particular creció de la investigación previa del DoD acerca de si los detenidos de Guantánamo eran medicados con drogas que alteraran el estado mental para facilitar las interrogaciones”.

El reporte, “Supuesto uso de substancias que alteran la mente en detenidos por el personal del DoD para interrogación” datado en septiembre del 2009 (aquí) y el artículo de Jason acerca de su significado, escrito con el psicólogo y periodista investigativo Jeffrey Kaye titulado “Reporte del DoD revela que algunos detenidos fueron interrogados mientras estaban drogados, otros “químicamente contenidos”” fue publicado por Truthout en julio del 2012 (y vuelto a publicar en mi sitio con mis propios comentarios aquí).

Leopold y Kaye escribieron acerca de cómo el reporte del DoD estableció que “detenidos en custodia del ejército estadounidense fueron interrogados mientras estaban drogados con poderosos anti psicóticos y otros medicamentos” que, como lo describe el mismo reporte, “pudo afectar la habilidad del individuo de dar información precisa” y, además, “fueron sujetos a “contención química” e hidratados con fluidos intravenosos mientras fueron interrogados”.

Antes, en el 2010,Truthout publicó otro innovador artículo de Leopold y Kaye, “Droga controversial dada a todos los detenidos de Guantánamo parecido al “waterboarding” farmacológico” (publicado con mis comentarios aquí), que allega el uso extendido de mefloquine, una droga controversial para la malaria, administrada sin importar que los prisioneros tuvieran o no la enfermedad y sabiendo que causaba severos efectos secundarios neuropsiquiátricos, que incluían pensamientos suicidas, alucinaciones y ansiedad.

Pero cabe la pena mencionar que el reporte del 2010 surgió solo por la instigación de los senadores Joe Biden, Chuck Hagel y Carl Levin, a quienes les habían pedido que leyeran un artículo del Washington Post en enero del 2008, escrito por Joby Warrick titulado “Detenidos dicen estar drogados, interrogados”, que parece haber sido la primera vez en la cual surgieron los alegatos acerca de los prisioneros drogados en conexión con las interrogaciones. El artículo de Warrick se enfocó en Adel al-Nusairi, un policía saudí liberado en el 2006, quien dijo que había sido drogado e interrogado y en el Post, basándose en declaraciones hechas por “al menos dos docenas de ex detenidos y actuales prisioneros en Guantánamo y en otros lugares” dijo que al-Nusairi y otros “creyeron que las inyecciones tenían como objetivo obtener confesiones”.

El estímulo para el artículo de Warrick, de vuelta, fue la publicación de un memo del Departamento de Justicia del 2003 que “explícitamente condona el uso de drogas en detenidos”. Como lo explica el autor, escrito para proveer una justificación legal para las prácticas de interrogación, el memo por el entonces abogado del Departamento, John C. Yoo, autor de los notorios “memorándums de tortura”, rechazó una prohibición de décadas de antigüedad sobre el uso de “sustancias que alteran la mente” sobre prisioneros. En su lugar, argumentó que las drogas podían ser usadas mientras que no infringieran un “daño psicológico profundo”. La ley estadounidense “no excluye ningún uso o todo el uso de drogas”, escribió Yoo en el memo”.

Más acusaciones de los prisioneros de abuso médico

Mientras revisaba los aspectos de la historia de Guantánamo referente a las drogas, interrogaciones y el uso de registros médicos, me di cuenta de que no había visto previamente que las autoridades estadounidenses se refirieran a los registros dentales de los detenidos, pero había escuchado a los prisioneros discutir cómo los problemas dentales habían sido utilizados por los interrogadores. Mi fuente es un reporte que no ha sido publicado acerca del abuso médico en Guantánamo, recopilado por el ex detenido Omar Deghayes después de su liberación de la prisión en diciembre del 2007.

Deghayes señaló varios ejemplos de prisioneros con dolor dental severo. En la mayoría de los casos, las autoridades los ignoraron y, en otros, “dentistas arrancaron cuatro dientes sanos y dejaron el diente que les provocaba dolor”. Regresando a estos reclamos, no pude dejar de pensar en que estaban ligadas con las interrogaciones y que es muy obvio que se necesitó acceso a los registros médicos de los prisioneros por parte de los interrogadores o de los consultores de ciencia del comportamiento que trabajan de cerca con ellos.

Más que nada, sin embargo, revisando la colección de historias de prisioneros de Deghayes, me recordó el alcance al cual el abuso médico parece extenderse en Guantánamo, haciendo preguntas acerca de la fiabilidad de la inteligencia proporcionada por un prisionero con problemas mentales o bajo efectos de medicamento que altera la mente, a un sub régimen de negligencia médica o abuso específico que estaba enteramente conectado con las percepciones de cooperación. No solo es cruel, sino que, estoy seguro, merece la acusación en contra de todos los involucrados, esto también ha ayudado a crear un ambiente en el que, mientras que los Estados Unidos siguen profesando la búsqueda de la verdad en las interrogaciones, casi todo lo que han hecho ha sido lo opuesto: motivar a los prisioneros a mentir para asegurar tratamiento médico o para detener el abuso específico. Todo esto, obviamente, es la razón de una de las verdades más impactantes de Guantánamo, que, a la fecha, muy pocos se dan cuenta, es el alcance al cual la supuesta evidencia justificando la detención de los hombres en Guantánamo es profundamente poco fiable.

La valoración de Deghayes del staff médico en Guantánamo fue que ellos “tenían una política, misma que nos recordaban continuamente, que “su trabajo no era tratar enfermedades sino mantenernos vivos o prolongar nuestro sufrimiento a menos que tuviéramos información que darles a los interrogadores”. Esto nos decían una y otra vez, especialmente durante las interrogaciones y seguían repitiéndolo para asegurarse que lo entendiéramos. Así que la única manera de recibir tratamiento en Guantánamo era complacer a los interrogadores con información, aunque no tuviéramos nada o convertirnos en testigos falsos en contra de otros. Algunos, mientras sufrían dolor inaguantable, tenían que tomar este camino para poder recibir atención médica porque su condición era inaguantable”.


 

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