Seguimos sin responsables por las
torturas.
24 de junio de 2012
Andy
Worthington
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
3 de julio de
2012
La semana pasada, las malas noticias de la Corte Suprema no se manifestaron
únicamente en la decisión del tribunal de renunciar a sus responsabilidades para
con los prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo, Cuba, al rechazar
las apelaciones realizadas por 7 de las 169 personas que están todavía
detenidas, a pesar de que fue una decisión terrible decir, como dijo, que el
Distrito Judicial del D.C. podría continuar su misión para terminar
con los derechos de habeas corpus que habían sido garantizados
por la Corte Suprema a los prisioneros en junio de 2008.
Esta decisión también estuvo acompañada por un rechazo a aceptar una
apelación presentada por José Padilla, el ciudadano estadounidense detenido
como “combatiente enemigo” en una prisión militar en el territorio
estadounidense durante tres años y medio desde junio de 2002 hasta noviembre de
2005 y torturado, especialmente, a través del uso del aislamiento prolongado, la
privación de sueño y la privación sensorial.
El 2 de mayo, el Noveno Distrito Judicial de Apelaciones, en California, revocó
una decisión de un tribunal inferior (PDF)
que permitía a Padilla presentar una demanda contra John Yoo, el abogado del
Departamento de Justicia que escribió
los famosos “memorandos sobre la tortura” en los que cínicamente intenta
redefinir la misma para que pueda ser usada por la CIA. Padilla (y su madre
Estela Lebron) intentaron hacer a Yoo “responsable de los daños que alegaban
haber sufrido” durante la detención “ilegal” que supuso una “violación de sus
derechos constitucionales y legales”, pero el tribunal no estuvo de acuerdo.
Scott Horton lo explicó así en Harper’s
Magazine:
El Noveno Distrito ofreció inmunidad a Yoo concluyendo que la ley que
rodea a la tortura era confusa cuando prescindió de su utilización por lo que se
le debe dar el beneficio de la duda. La mejor autoridad que los jueces pudieron
reunir para esta extravagante perspectiva fue una decisión de la Corte Europea
de Derechos Humanos de 1978 que encontró que no eran tortura una serie de
severas técnicas usadas por los británicos contra los reclusos irlandeses, a
pesar de que se trataba de un “ tratamiento cruel, inhumano y
degradante”.
Esta, sin embargo, no fue la apelación que fue rechazada por la Corte
Suprema. El recurso en cuestión siguió a la sentencia del 23 de enero en la que
el Cuarto Distrito de Apelaciones desestimó una demanda similar (PDF) de
Padilla y su madre contra el antiguo Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, su
adjunto, Paul Wolfowitz, el antiguo Consejero General del Departamento de
Defensa William J. Haynes II, el antiguo director de la DIA el vicealmirante
Lowell E. Jacoby, así como Leon Panetta y dos comandantes de la prisión en la
que estuvo retenido Padilla.
Padilla y su madre buscaron “una declaración de que las políticas de los
acusados fueron inconstitucionales” y “ daños y perjuicios simbólicos por un
dólar para cada acusado”, en un caso que fue iniciado en febrero de 2007 y
desestimado por el Tribunal del Distrito en febrero de 2011 a pesar de que
Padilla tenía un argumento válido cuando dijo que Rumsfeld y los otros acusados
“formularon una política inconstitucional para detener a combatientes enemigos
en la guerra contra el terrorismo, que incluía la defensa legal de esa
designación y las duras medidas interrogatorias utilizadas en aplicación del
mismo”.
Al rechazar la apelación de Padilla, los jueces afirmaron que “las
designaciones de personas y grupos como amenazas especiales para la seguridad
nacional pueden estar sujetas a una variedad de controles y procedimientos de
habeas corpus”, pero “no son revisables por el Poder Judicial por medio de
acciones civiles tácitas para daños monetarios”.
La afirmación de que sus atribuciones no se extienden hasta los problemas de
“seguridad nacional” como la tortura a un ciudadano estadounidense puede haber
sido conveniente para el Cuarto Distrito (y ahora, parece, también para la Corte
Suprema) pero, como David Cole explicó en New
York Review of Books, después de la sentencia de mayo en el caso de
Padilla contra John Yoo el resultado final es que los jueces han rechazado
aceptar cualquier responsabilidad sobre las víctimas de la tortura, a pesar de
que como sus abogados explicaron, “el Estado no puede tratar a nadie, ni a una
persona condenada por el peor de los crímenes, de la forma en que trataron a
Padilla, que incluso todavía no había sido acusado, y mucho menos condenado, en
aquel momento”.
David Cole continuaba:
Para obtener apoyo, los abogados de Padilla señalaron varios precedentes
que prohibían el maltrato a cualquier detenido: condenados, presos a la espera
de juicio y presos preventivos por delitos sexuales. Con estos precedentes,
razonaron, estaba claro que si un funcionario de las prisiones federales hubiera
tratado, incluso a un preso condenado a muerte por los ataques terroristas del
11-S, de la forma en que trataron a Padilla, sus acciones habrían violado
completamente la prohibición de la Octava Enmienda sobre un castigo cruel y
desproporcionado. Si un sospechoso en un caso de asesinatos en serie fuera
objeto de un tratamiento similar antes del juicio, claramente violaría la
clausula del debido proceso de la Quinta Enmienda. Hace mucho tiempo ya que está
claro que la Constitución prohibe estrictamente infligir intencionadamente dolor
físico a alguna persona bajo la custodia del gobierno.
En respuesta a la negativa de la Corte Suprema de examinar la apelación de
Padilla, Ben Wizner de la ACLU, que trabajó en el caso, se
lamentaba que “el rechazo de la Corte Suprema a examinar el caso de José
Padilla entrega un cheque en blanco para que los funcionarios del gobierno
cometan cualquier tipo de abuso en nombre de la seguridad nacional, incluso la
brutal tortura de un ciudadano estadounidense en una carcel estadounidense”.
Wizner añadió: “Hasta el momento, ni una sola víctima de las torturas del
gobierno de Bush ha sido enviado a juicio”, lo que es bastante cierto. En
febrero, en el ABA
Journal (la revista de la American Bar Association, una
asociación de abogados estadounidense), Leslie A. Gordon escribió sobre otros
dos casos que, en aquel momento, todavía continuaban. Uno era Doe contra
Rumsfeld en el que, usando el seudónimo de John Doe, un antiguo traductor
militar que era también ciudadano estadounidense y civil, afirmó haber sido
secuestrado y torturado por fuerzas de EE.UU. en el Camp Copper, una de las
mayores prisiones militares de los EE.UU. en Irak. En agosto de 2011, la Corte
del Distrito de los EE.UU. en Washington D.C. rechazó la petición de Rumsfeld
para desestimar las protestas de Doe.
El otro caso es Vance contra Rumsfeld, en el que Donald Vance, un
antiguo veterano de la marina estadounidense que estuvo trabajando como
contratista de seguridad en Irak, fue también detenido en Camp Cropper después
de haber sido capturado por soldados estadounidenses en la compañía en la que
trabajaba, a pesar de haber sido él mismo el que había alertado al FBI de la
posibilidad de que hubiera contrabando de armas en la compañía. Una semana
después del fallo de Doe contra Rumfeld, tres jueces del Séptimo Distrito
de Apelación en Chicago también rechazaron la petición de Rumsfeld de
desestimación, aunque en ocubre, la corte aceptó una petición del gobierno para
ver el caso en pleno.
Tal y como explicaba el ABA Journal, tanto Doe como Vance “revivieron
las reclamaciones derivadas de la importante decisión de 1971 del caso Bivens
contra Seis agentes anónimos de la Oficina Federal de Narcóticos, en la que
la Corte Suprema de los EE.UU. dijo que la Constitución misma ofrece una forma
de actuar en el caso de que oficiales federales violen la ley”.
Stephen Vladeck, una profesor de Derecho en la American University,
dijo al ABA Journal que el caso era “el único ejemplo de demanda civil
contra funcionarios por los abusos posteriores al 11-S que han venido ocurriendo
en muchos lugares. Los tribunales han estado tradicionalmente a favor del
gobierno”. Además añadió: “En los últimos 30 años la Corte Suprema ha estado
minusvalorando tanto el caso Bivens que nos preguntamos si queda algo del
caso Bivens. El Séptimo Distrito y la Corte del Distrito del D.C. dicen
“quizá”, lo que es una sorpresa”.
El caso Bivens fue quizá también un factor importante en el caso
Padilla, pero, al contrario que el propio Padilla, ni Doe ni Vance fueron
“combatientes enemigos” acusados (aunque sin fundamento) de planear ataques
terroristas en los EE.UU., así que esto era una buena razón para que los
observadores pensaran que Rumsfeld no podría evadir la responsabilidad en
cualquiera de estos dos casos.
Sin embargo, el pasado viernes 15 de junio, Reuters
explicó que el Distrito del D.C. había rechazado aceptar el intento de Doe
de hacer a Rumsfeld “personalmente responsable de la violación de sus derechos
sobre la base de que Rumsfeld, como jefe del Pentágono, había desarrollado,
autorizado e implementado las políticas que causaron su perjuicio”, y dictaminó
que “los factores especiales en este caso aconsejaban contra la creación de una
nueva categoría de casos en los que los funcionarios del gobierno pudieran ser
demandados personalmente”.
El Juez Jefe David Sentelle escribió: “Los litigios del caso Doe
requerirían el testimonio de altos funcionarios militares así como de las
fuerzas sobre el terreno, lo que iría en detrimento del enfoque, los recursos y
el personal de la misión en Irak” (a pesar de que este conflicto ha terminado
oficialmente) y añadió que “aceptando este tipo de acciones, impediríamos a
nuestras tropas actuar decisivamente para defender los intereses de nuestra
nación por miedo a una revisión judicial de cada detención e interrogatorio”, un
argumento familiar para justificar cualquier tipo de abusos relacionados con las
detenciones en cualquier zona que pueda denominarse campo de batalla.
Michael Kanovitz, uno de los abogados de Doe, se comprometió a continuar la
lucha legal y afirmó que “pensamos que el resultado es incorrecto y esto altera
el concepto fundamental de nuestra democracia de que el poder judicial existe
para defender los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses,
además de que ignora la orden expresa del Congreso, de los representantes
elegidos por el pueblo”.
Siendo realistas, parece poco probable que Doe vaya a prevalecer, dejando a
Donald Vance como la última oportunidad para que Donald Rumsfeld sea considerado
responsable de la tortura de prisioneros. También parece improbable que vaya a
tener éxito donde fracasó Doe, pero el ABA Journal señaló que el caso de
Vance ofrece “lo que algunos académicos consideran el patrón de hechos perfecto
para la extensión del caso Bivens, es decir, ciudadanos estadounidenses (nada
menos que civiles) sosteniendo que hubo tortura en una prisión militar
estadounidense en una zona de guerra activa”.
La decisión que permite a Vance proceder con su demanda dice que “la
legislación de los EE.UU. ofrece un recurso por daños a civiles a los
extranjeros que han sido torturados por sus propios gobiernos. Sería
sorprendente y sin precedentes concluir que los EE.UU. no diera esta solución a
sus propios ciudadanos”.
En los casos de José Padilla y John Doe, lo “sorprendente y sin precedentes”
se ha hecho realidad. Como resultado, aquellos que encontraban intolerable que
el poder judicial pudiera permitir a altos funcionarios del gobierno torturar a
ciudadanos estadounidenses con impunidad deben tener la esperanza de que Donald
Vance será la excepción a esta deriva hacia la irresponsabilidad
institucionalizada, y de que alguien pueda ser considerado responsable por su
tortura.
Como Vance explicó
en diciembre de 2008, al iniciar los procedimientos legales contra Donald
Rumsfeld fue sometido rutinariamente a privaciones del sueño, fue llevado a
interrogatorios en medio de la noche y fue retenido en una celda que estaba
permanentemente iluminada con luces fluorescentes. Fue sometido al uso de la
música como tortura, y según explicó “parecía que me salía de mí mismo. No
puedes pensar cuando estás en un ambiente como este.” También explicó que había
escrito una carta al comandante del Camp Cropper “afirmando que los mismos
ideales democráticos que estamos intentando instalar en la incipiente democracia
de Irak, desde el mismo debido proceso hasta la Carta Magna, nos los estamos
negando a nosotros mismos”.
Andy Worthington es el autor de The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in
America’s Illegal Prison (publicado por Pluto Press, distribuido
por Macmillan en los EE.UU., y disponible en Amazon — pulse aquí para ir a las
páginas en los EE.UU y Reino Unido).
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