Shaker Aamer: el Gobierno británico retira su oposición a la
divulgación de pruebas de tortura
19 de diciembre de 2009
Andy Worthington
La semana pasada, tal y como expliqué en un artículo
reciente, Shaker
Aamer, el último residente británico en Guantánamo —quien fue detenido en
Afganistán en 2001 tras viajar a ese país con su amigo Moazzam Begg (y sus
familias) para fundar una escuela para niñas en Kabul—, obtuvo una importante
victoria en el Tribunal Superior británico. El juez Jeremy Sullivan dictaminó
que las pruebas en poder del Gobierno británico, relativas a las torturas que
sufrió bajo custodia estadounidense en Kandahar (Afganistán) antes de su
traslado a Guantánamo, deben ponerse a disposición de los abogados que le
representan en Estados Unidos, para que puedan presentar alegaciones ante el
Grupo de Trabajo interinstitucional de la Administración Obama, que actualmente
está revisando los casos de los presos que quedan en Guantánamo y se espera que
tome una decisión en algún momento del próximo mes.
Los documentos incluyen denuncias de que, en ocasiones, agentes británicos estuvieron presentes durante
los brutales interrogatorios que marcaron un régimen en el que Aamer fue
“sometido a semanas de tortura, incluyendo privación del sueño durante nueve
días, tortura con agua fría que le provocó congelaciones, ataduras en forma de
“cerdo” y palizas habituales, junto con amenazas de que sería enviado a ser
torturado a Egipto, Jordania o Israel”. Como consecuencia de este trato, Aamer
ha afirmado que realizó confesiones falsas, que se están utilizando en su
contra, a pesar de que una junta de revisión militar de la administración Bush
le autorizó la puesta en libertad de Guantánamo en 2007.
El miércoles, la organización benéfica de defensa jurídica Reprieve, que representa a Aamer en
Estados Unidos, anunció que, en una vista celebrada el jueves, los servicios de
seguridad británicos alegarían que no están obligados a facilitar la
información a Aamer “porque no se le ha imputado formalmente ningún delito”.
Esto llevó al director de Reprieve, Clive Stafford Smith, a exclamar: “En
esencia, el MI5 está diciendo que le deberían estas pruebas a Shaker si los
estadounidenses se molestaran en acusarlo. Pero como a Shaker no se le imputará
ningún cargo ni se le juzgará, dicen que no tiene derecho a ninguna prueba y
que debe seguir enfrentándose a una detención indefinida sin un final a la
vista. ¿Qué tipo de argumento tan absurdo es este?”.
Al final, sin embargo, a pesar de esgrimir este argumento y de afirmar que solicitarían un certificado
de “inmunidad por interés público” para oponerse a la divulgación del material
por motivos de seguridad nacional, los abogados del Gobierno capitularon en el
último momento. Al iniciarse el proceso el jueves, el juez Sullivan y el juez
Lloyd Jones anunciaron que “de la noche a la mañana”, como explicó Paul Cahalan
para el Wandsworth
Guardian, el Gobierno “había acordado que los abogados estadounidenses
del Sr. Aamer —con la autorización de seguridad pertinente— pudieran tener
acceso a los expedientes”.
Según lo describió Paul Cahalan, el abogado de Aamer, Richard Hermer QC, “acogió con satisfacción este
giro de los acontecimientos, pero señaló ante el tribunal que dicho cambio de
postura demostraba que el Gobierno no había “hecho todo lo posible”” para
conseguir la puesta en libertad de su cliente, tal y como se había afirmado
anteriormente. “La afirmación de que habían hecho todo lo que estaba en su mano
es incorrecta”, dijo, y añadió, tal y como explicó Clive Stafford Smith la
semana pasada, refiriéndose al hecho de que los documentos se habían facilitado
al Gobierno de EE.UU., pero no a los abogados de Aamer: “El hecho de enviar
documentos con la condición expresa de que no se mostraran al demandante no
concuerda con su afirmación”.
El juez Sullivan aplazó el caso hasta enero para dar tiempo al Grupo de Trabajo a entregar el material a
los abogados de Aamer, explicando que «el caso quedaría sin objeto si se
entregara el material», y añadiendo, de forma incisiva: “Nos parece que abordar
el asunto de esta manera podría centrar la atención de los implicados en ambos
gobiernos… parece que esto redunda en el interés de todas las partes”.
Como mencioné en mi reciente artículo, espero que este intento del juez Sullivan de “centrar la
atención de los implicados en ambos gobiernos” conduzca a la pronta puesta en
libertad de Shaker Aamer, ya que ha sufrido durante demasiado tiempo bajo
custodia estadounidense, no por lo que se le acusa —una serie de acusaciones
infundadas de implicación con Al Qaeda que parecen derivarse de confesiones
falsas obtenidas bajo tortura, y posiblemente a través de acusaciones falsas
realizadas por otros presos en circunstancias desconocidas—, sino porque ha
sido un opositor elocuente y sin tapujos de la forma en que se ha maltratado a
los presos y se les ha privado de sus derechos.
Tras el fallo, Clive Stafford Smith lo describió como “un paso adelante”, pero, como señaló Paul
Cahalan, se mostró “receloso de que la concesión se utilizara como táctica dilatoria,
ya que Estados Unidos dispondría ahora de poco tiempo para aceptar la
divulgación de los documentos”. Como explicó Stafford Smith, refiriéndose al
caso de Binyam
Mohamed, el residente británico liberado en febrero, cuya historia también
implica la complicidad de los servicios de inteligencia británicos, en un
ejemplo aún más desgarrador del uso de la tortura en la “guerra contra el terrorismo”:
Hasta la fecha, todo ha sido una táctica dilatoria. Cabe preguntarse por qué alguien consideraría adecuado
ocultar pruebas de tortura bajo cualquier circunstancia. No me siento muy
optimista al respecto. La cuestión es cómo podemos obligarles a hacerlo. La
última vez, con Binyam Mohamed, llegaron a un acuerdo con EE.UU. y los fiscales
estadounidenses solo nos entregaron siete
de los 42 documentos acordados, y fue necesaria otra
ronda de litigios en el Reino Unido para forzar la situación.
Tanto Stafford Smith como Gareth Peirce, el abogado de Shaker Aamer en el Reino Unido, expresaron su preocupación por que
Estados Unidos pudiera trasladar a su cliente de vuelta a su país natal, Arabia
Saudí, donde, como explicó Paul Cahalan, “«grupos de presión como Amnistía
Internacional tienen preocupaciones sobre abusos contra los derechos humanos”,
y donde, como expliqué la semana pasada, tanto el Gobierno británico como el
estadounidense tendrían la seguridad de que no podría hablar libremente sobre
su profundo conocimiento de los abusos en Guantánamo. Como declaró Gareth
Peirce tras la vista: “Sabemos que ya han intentado una vez que subiera a un
avión con destino a Arabia Saudí y esto podría volver a suceder”.
También afirmó que el caso era importante para obligar al Gobierno a hacer pública la información relativa
a las actividades de los servicios de seguridad. “Lo que estamos diciendo es
que el Reino Unido ha sido cómplice de crímenes atroces, abusos y torturas”,
explicó, y añadió: “En los tribunales se está librando una lucha a muerte para
mantener este secretismo”.
Como demuestra el caso de Binyam Mohamed (sobre el que informé
recientemente aquí), esta «lucha a muerte» lleva ya 14 meses en marcha,
aunque los jueces no dan señales de dar marcha atrás. También en el caso de
Shaker Aamer, el mensaje de los tribunales parece ser que las cuestiones de
seguridad nacional no tienen nada que ver con los temas relacionados con las
presuntas irregularidades de los servicios de inteligencia británicos, y que
descubrir la verdad es extremadamente importante en aras de la justicia, ya sea
que ello suponga una vergüenza para el Gobierno o algo mucho más oscuro: la
prueba de la complicidad en los crímenes de guerra iniciados, en nombre de la
lucha contra el terrorismo, por el Gobierno de George W. Bush.
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