Tras diez años de "guerra contra el
terror", es hora de eliminar la autorización para el uso de la fuerza militar
17 de septiembre de 2011
Andy Worthington
Es probable que muchos estadounidenses piensen que la "Guerra contra el
Terrorismo" comenzó el 11 de septiembre de 2001, cuando tuvieron lugar los
terribles atentados terroristas, cuyo 10º aniversario se ha conmemorado
recientemente. Sin embargo, la "Guerra contra el Terror" comenzó en
realidad el 14 de septiembre de 2001, cuando el Congreso aprobó la Autorización
para el Uso de la Fuerza Militar, que autorizaba al Presidente "a
utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones,
organizaciones o personas que él determine que planearon, autorizaron,
cometieron o ayudaron a los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre
de 2001, o que albergaron a dichas organizaciones o personas, con el fin de
prevenir cualquier acto futuro de terrorismo internacional contra Estados
Unidos por parte de dichas naciones, organizaciones o personas."
Este documento abierto es la base de la ocupación de Afganistán, que comenzó el 6 de octubre de 2001,
y de la detención de prisioneros en Guantánamo, como confirmó el Tribunal
Supremo en junio de 2004, en el caso Hamdi contra Rumsfeld,
al dictaminar explícitamente que autoriza la detención de los retenidos como
consecuencia de las actividades del Presidente.
También ha sido "citada como autoridad para emprender vigilancia electrónica contra
posibles terroristas sin obtener autorización del Tribunal especial creado por
la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) de 1978", como
señaló el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) en un informe sobre la
AUMF en 2007.
Este fascinante informe (PDF)
también revela que la AUMF podría haber sido mucho peor, en el sentido de
permitir al Presidente poderes para comportarse a su antojo, sin la posibilidad
de que el Congreso pudiera coartarle. El 12 de septiembre de 2001, la Casa
Blanca entregó un borrador de resolución conjunta a los líderes del Senado y de
la Cámara de Representantes y, como afirma el informe, "este borrador de
legislación de la Casa Blanca, si se hubiera promulgado, habría autorizado al
Presidente (1) a emprender acciones militares contra quienes estuvieran
implicados de algún modo notable en los atentados del 11 de septiembre contra
Estados Unidos, pero también le habría concedido (2) autoridad estatutaria
'para disuadir y adelantarse a cualquier acto futuro de terrorismo o agresión
contra Estados Unidos'"
Señalando la gravedad de las intenciones de la administración Bush, el CRS explicó:
Este lenguaje habría autorizado aparentemente al Presidente, sin limitación de duración y a su entera
discreción, a emprender acciones militares contra cualquier nación, grupo
terrorista o individuo en el mundo sin tener que solicitar más autoridad al
Congreso. Habría otorgado al Presidente una autoridad ilimitada para actuar
contra todo tipo de terrorismo y terroristas o agresores potenciales contra
Estados Unidos en cualquier lugar, y no sólo la autoridad para actuar contra
los terroristas implicados en los atentados del 11 de septiembre de 2001, y
contra aquellas naciones, organizaciones y personas que hubieran ayudado o dado
cobijo a los terroristas.
Como resultado, la sección que habría permitido al Presidente "disuadir y adelantarse a
cualquier acto futuro de terrorismo o agresión contra Estados Unidos"
contó con la "firme oposición de legisladores clave del Congreso y no se
incluyó en la versión final de la legislación que se aprobó".
Esto era significativo, y la magnitud de las ambiciones del Presidente se vislumbró
cuando, tras
la muerte de Osama bin Laden en mayo, algunos legisladores republicanos,
encabezados por el representante Buck McKeon (R - Calif.), quisieron revivir la
AUMF con un alcance mucho más amplio (en línea con los planes originales de la
administración Bush), en lugar de aceptar que, con la muerte del líder de Al
Qaeda, la AUMF ya no era necesaria. La diferencia era que el representante
McKeon preveía que el Congreso tomara las riendas, pero seguía siendo alarmante
que pidiera lo que Spencer Ackerman, de Wired,
describió como "una gran expansión de la autoridad ejecutiva".
Analicé la indignante postura adoptada por estos legisladores en un artículo de entonces, titulado
"Sin
fin a la 'guerra contra el terror', no hay fin a Guantánamo", en el
que también hablaba de la necesidad de desechar la AUMF como justificación para
mantener a los presos de Guantánamo ni como prisioneros de guerra ni como
sospechosos de delitos.
Esta ha sido una campaña larga y solitaria por mi parte, ya que es indignante que, diez años
después de los atentados del 11-S, siga existiendo en Guantánamo el legado de
la imprudente decisión de la administración Bush de declarar una guerra en
lugar de un crimen el 11 de septiembre de 2001, y de insistir en que era apropiado
retener a soldados y sospechosos de terrorismo como "combatientes enemigos
ilegales" sin derechos.
Cuando al presidente Obama le resultó difícil cerrar la prisión, al menos le aseguraron que no había
nada ilegal en seguir reteniendo prisioneros en Guantánamo, debido a la AUMF, y
así, diez años después del 11-S, se sigue considerando aceptable que a los
soldados retenidos en Guantánamo no se les permita preguntar cuándo terminará
la "guerra" en la que fueron capturados, y que los verdaderos
sospechosos de terrorismo -unas pocas docenas de hombres, incluidos los
acusados de planear y participar en los atentados del 11-S- sean sometidos a
juicios por comisiones militares, mientras que todos los sospechosos de
terrorismo que no están detenidos en Guantánamo son juzgados por tribunales federales.
En el Nation
de esta semana, John Nichols fue el único periodista de la corriente dominante
que se interesó por el 10º aniversario de la AUMF. Escribió que, en vísperas de
los atentados del 11-S, estuvo en una conferencia en Bruselas, "Periodismo
a la sombra de las leyes del terror", con Mary Robinson, ex presidenta
irlandesa y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cuyas
palabras tocaron la fibra sensible de Nichols.
"Recuerdo", dijo, "la soledad de hablar en contra de la declaración de una 'guerra
contra el terrorismo'". Añadió, tal como Nichols lo describió, que:
El lenguaje que utilizamos para caracterizar los acontecimientos define nuestra respuesta a ellos y, cuando los
crímenes contra la humanidad se definieron como actos de guerra, la exigencia
adecuada de que los responsables de una violencia espantosa fueran llevados
ante la justicia se sustituyó por las demandas exageradas y generalizadas de
"una guerra perpetua contra el terror."
Centrándose en la aprobación por el Congreso de la AUMF el 14 de septiembre de 2001, Nichols
señaló que esta "guerra perpetua" no sólo ha tenido un enorme coste
humano, sino que también ha sido un desastre político, perdiendo "tanto la
buena voluntad como la autoridad durante la última década", y también ha supuesto
un asombroso coste financiero: más de 7,6 billones de dólares en gastos de
defensa y seguridad nacional, según "la nueva contabilidad del Proyecto de
Prioridades Nacionales".
Nichols entiende que el complejo militar-industrial de Estados Unidos habría encontrado formas de
intentar llevar a Estados Unidos a la bancarrota sin la "Guerra contra el
Terror", aunque tiene razón al explicar que esta "guerra
permanente" ha redefinido a Estados Unidos tal y como le preocupaba a
James Madison cuando escribió en 1795: "De todos los enemigos de la
libertad pública, la guerra es, quizás, el más temible, porque comprende y
desarrolla el germen de todos los demás", y cuando, en particular,
escribió: "Ninguna nación podría reservar su libertad en medio de una
guerra continua."
En Estados Unidos, la congresista Barbara Lee fue la única legisladora que se pronunció en contra de
la AUMF en septiembre de 2001, cuando advirtió: "[Debemos] tener cuidado
de no embarcarnos en una guerra indefinida sin una estrategia de salida ni un
objetivo concreto. No podemos repetir los errores del pasado".
Barbara Lee fue amenazada y ridiculizada por ser la única legisladora que votó en contra de la
AUMF, pero ahora ha presentado una legislación que pide la derogación de la
AUMF. "Al reflexionar sobre la carrera a la guerra en Afganistán y la
equivocada guerra de elección del presidente Bush en Irak", dijo,
"mis peores temores se han hecho realidad, por desgracia". Añadió:
Durante la pasada [década], esta amplia autorización de fuerza ha tenido implicaciones de largo alcance que
sacuden los cimientos mismos de nuestra gran nación y democracia. Se ha
utilizado para justificar actividades de vigilancia y escuchas telefónicas sin
orden judicial, prácticas de detención indefinida que van en contra de nuestros
valores constitucionales, operaciones extrajudiciales de asesinatos selectivos
y una política de guerra sin fronteras ni límites que amenaza con ampliar
indefinidamente la intervención militar estadounidense en todo el mundo.
Lee concluyó: "Es hora de que el Congreso reexamine y, en última instancia, derogue esta
autorización defectuosa. La alternativa, ceder las responsabilidades
constitucionales del Congreso y aceptar ciegamente la persistencia de una
guerra sin fin, es inaceptable."
Queda por ver si los principales medios de comunicación se harán eco de la propuesta de Barbara Lee
o si seguirán dejándose
distraer por las mentiras interesadas del ex vicepresidente Dick Cheney.
Esta vez, como explicó John Nichols, cuenta con el apoyo de 14 copatrocinadores
para su proyecto de ley: 13 demócratas y un republicano.
Esto es una mejora, pero se necesita mucho más interés, si se quiere derogar esta espantosa
legislación -la justificación de la "guerra perpetua", las
detenciones indefinidas en Guantánamo y las escuchas telefónicas sin orden
judicial de ciudadanos estadounidenses-, poniendo fin a la brutal y lamentable
"Guerra contra el Terror".
Nota: Véase también el artículo de David Swanson aquí.
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