Los abogados recurren las condenas dictadas en el juicio de Guantánamo
01 de febrero de 2010
Andy Worthington
El martes pasado, un tribunal poco conocido —el Tribunal de Revisión de las Comisiones
Militares— se reunió para examinar los recursos de apelación en los casos de
los dos únicos hombres condenados en el sistema de juicios de las comisiones
militares establecido por el Congreso en 2006, después de que la primera
versión, concebida por el vicepresidente Dick
Cheney y sus asesores más cercanos en noviembre de 2001, fuera declarada
ilegal por el Corte Suprema de los Estados Unidos.
Los dos hombres en cuestión —Salim Hamdan y Ali Hamza al-Bahlul— fueron juzgados y condenados en 2008, pero
mientras que a Hamdan, conductor de Osama bin Laden,
un jurado militar le desestimó el cargo principal (conspiración) en agosto
de 2008 y fue
condenado a cumplir solo seis meses de prisión por proporcionar apoyo
material al terrorismo, al-Bahlul, que grabó un vídeo promocionando a Al Qaeda
y a quien se suele describir como el “secretario de medios” de Al Qaeda, fue
condenado por conspiración, incitación al asesinato y prestación de apoyo
material al terrorismo, y recibió
una pena de cadena perpetua en noviembre de 2008.
Se están analizando dos cuestiones concretas: en primer lugar, si la prestación de apoyo material al
terrorismo constituye un fundamento válido para una condena en un tribunal de
crímenes de guerra; y, en segundo lugar, si el juicio de al-Bahlul fue injusto
porque se le negó el derecho a defenderse a sí mismo.
En cuanto al primer punto, los abogados siempre han sostenido que la prestación de apoyo material al
terrorismo no constituye un crimen de guerra válido. En un intercambio de
correos electrónicos la semana pasada, el teniente coronel David Frakt, que
representó a al-Bahlul antes de su juicio, explicó: “Siempre he sostenido que
el apoyo material al terrorismo era un delito de guerra inventado que, en el
momento en que el Sr. al-Bahlul y el Sr. Hamdan se afiliaron a Al Qaeda, no era
tradicionalmente juzgable en una comisión militar, sino que se les aplicó
ilegalmente de forma retroactiva varios años después de los hechos”.
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Como también mencionó el teniente coronel Frakt, los problemas relacionados con los
cargos de apoyo material ya habían sido planteados por los abogados de Hamdan
en una moción previa al juicio para desestimar el cargo en febrero de 2008,
cuando también intentaron desestimar el cargo de conspiración por el mismo
motivo. El 16 de julio, el juez del caso de Hamdan, el capitán del Ejército
Keith Allred, rechazó la moción de desestimación por motivos de retroactividad,
al considerar que “la conspiración y el apoyo material al terrorismo se han
considerado tradicionalmente violaciones del derecho de la guerra”, tal y como
explicó Human Rights First en un resumen del caso de Hamdan.
Sin embargo, tal y como lo describió el teniente coronel Frakt, Allred indicó que se trataba de “una
cuestión muy delicada. Aunque reconoció que el delito de apoyo material al
terrorismo nunca había sido objeto de acusación en una comisión militar
anteriormente, razonó que una conducta similar, consistente esencialmente en
formar parte de un grupo insurgente armado que comete crímenes de guerra contra
civiles, se había tratado como un crimen de guerra en el pasado, como durante
la Guerra Civil estadounidense. Argumentó que el Congreso se limitaba a dar un
nuevo nombre a una conducta que siempre se había tratado como un delito de derecho
de la guerra juzgable por una comisión militar”.
Cabe destacar que el teniente coronel Frakt añadió: "Lo que el capitán Allred pasó por alto es que
lo que se le imputaba al Sr. Hamdan era, en esencia, haber actuado como chófer
personal y sirviente de Osama bin Laden, y no había indicios de implicación en
ningún crimen de guerra, ni contra civiles ni de otro tipo".
Aún más significativo es que, cuando la Administración Obama y el Congreso reactivaron las comisiones el
verano pasado, David Kris, alto funcionario del Departamento de Justicia en la
División de Seguridad Nacional, declaró que el Departamento de Justicia había
concluido que el apoyo material al terrorismo no era un crimen de guerra
tradicional y debía eliminarse de la nueva versión de la Ley de Comisiones
Militares. Como explicó Kris (PDF):
Aunque se trata de un delito muy importante en nuestros procesos por terrorismo ante los tribunales federales…
existen serias dudas sobre si el apoyo material al terrorismo o a grupos
terroristas constituye una violación tradicional de las normas de la guerra…
nuestros expertos creen que existe un riesgo significativo de que los
tribunales de apelación concluyan en última instancia que el apoyo material al
terrorismo no es un delito tradicional de derecho de la guerra, lo que anularía
condenas conseguidas con gran esfuerzo y daría lugar a dudas sobre la
legitimidad del sistema.
Tal y como me explicó el teniente coronel Frakt, a pesar de las preocupaciones de Kris, “el Congreso
rechazó este acertado consejo e incluyó el apoyo material al terrorismo en la
versión revisada de la MCA de 2009, posiblemente en parte porque, cuando
testifiqué ante el Congreso, le
advertí de que, si eliminaban este delito de la ley, quedarían muy pocos
detenidos a los que procesar”.
Cabe destacar que Kris se mostró más entusiasta con respecto a mantener el cargo de conspiración, pero,
como expliqué en un
artículo en noviembre, “esto también está plagado de problemas. En Hamdan
contra Rumsfeld, el caso en el que el Corte Suprema desestimó la primera
versión de las Comisiones, el juez John Paul Stevens, en un dictamen al que se
sumaron otros tres jueces, hizo hincapié en mencionar que la “conspiración” no
se ha considerado tradicionalmente un delito de guerra”.
En el caso de Hamdan, una apelación exitosa contra el cargo de apoyo material tendría
escaso efecto práctico, ya que ya es un hombre libre (aunque Charles Schmitz,
quien actuó como su intérprete durante el proceso en Guantánamo, declaró al Wall
Street Journal que “para él era importante limpiar su nombre”, porque “en
Yemen lo ven como un delincuente. Su reputación ha quedado mancillada”).
Para ser sinceros, una apelación exitosa sobre el cargo de apoyo material tampoco significaría gran
cosa para al-Bahlul, aunque, por supuesto, confirmaría los propios temores del
Departamento de Justicia respecto a su inclusión en la nueva legislación,
especialmente dado que la administración Obama ya ha anunciado
su intención de utilizarlo contra varios presos actualmente recluidos en
Guantánamo.
Queda por ver, por supuesto, si los cargos de apoyo material y/o conspiración sobreviven a la
apelación, pero en el tribunal la semana pasada, los abogados de al-Bahlul
defendieron ambos puntos. Tal y como lo describió el Wall Street Journal,
Michel Paradis, en representación de al-Bahlul, argumentó que los cargos por
los que se condenó a al-Bahlul “no se consideraban tradicionalmente crímenes de
guerra en virtud del derecho internacional y, por lo tanto, el Congreso no
podía, en 2006, convertirlos en tales de forma retroactiva. El derecho
internacional desaconseja encarecidamente considerar la conspiración como un
crimen de guerra. La prestación de apoyo material al terrorismo, aunque es un
delito interno en EE.UU. desde la década de 1990, nunca se ha considerado un
crimen de guerra”.
De manera ingeniosa, los abogados también alegaron que la producción de material propagandístico para Al
Qaeda por parte de Al-Bahlul debería haber estado protegida por la Primera
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de
expresión. Uno de sus abogados, Mike
Berrigan, declaró a los periodistas: “La conducta del Sr. Al-Bahlul al
realizar este documental —y su enjuiciamiento por dicha conducta— constituyó
una violación de la Primera Enmienda de los Estados Unidos. No es que el Sr.
al-Bahlul tuviera derechos específicos amparados por la Primera Enmienda, sino
que las restricciones constitucionales que impiden al Gobierno de los Estados
Unidos procesar a alguien por sus declaraciones hacían que el propio
procesamiento fuera ilegal. La conducta del Sr. al-Bahlul al realizar ese
documental no se acerca ni remotamente al umbral de incitación a la violencia
que puede ser tipificada como delito”.
La fiscalía no estuvo de acuerdo, por supuesto, y el capitán de la Marina Edward White, que defendió al
Gobierno en la apelación, declaró: “Nuestra postura era que, como combatiente
enemigo que libraba una guerra contra Estados Unidos desde el extranjero, no
goza de los derechos de la Primera Enmienda. Cruzó la línea hacia lo delictivo
al incitar a otras personas —induciéndolas, tentándolas, animándolas,
persuadiéndolas— a cometer crímenes de guerra”.
Más allá de todas estas alegaciones, sin embargo, el aspecto más inquietante de la condena de al-Bahlul
es la naturaleza de su juicio, y lo que el teniente coronel Frakt me describió
como su “mejor esperanza” es que el Tribunal de Revisión de la Comisión Militar
reconozca que el juicio unilateral, en el que él se negó a presentar una
defensa, fue fundamentalmente injusto —o, como lo expresó el teniente coronel
Frakt, la “denegación por parte del juez de su derecho a representarse a sí
mismo le privó esencialmente de un juicio justo, porque el juez sabía que no me
permitiría representarlo”.
Esto fue, de hecho, lo que ocurrió. Al-Bahlul intentó denodadamente representarse a sí mismo, pero, aunque
su solicitud fue concedida por el coronel del Ejército Peter Brownback, su
primer juez en las comisiones reactivadas, Brownback fue
posteriormente retirado involuntariamente del Ejército, y el nuevo juez, el
coronel de la Fuerza Aérea Ronald Gregory, revocó la condición de pro se de
Al-Bahlul (su derecho a representarse a sí mismo).
Como expliqué
en su momento, después de que el comandante Frakt (tal y como era entonces)
anunciara que al-Bahlul boicoteaba el juicio —puesto que deseaba representarse
a sí mismo y no quería ser representado por un abogado militar—, Frakt solicitó
ser relevado de su cargo, señalando que estaba obligado a respetar los deseos
de su cliente. Cuando el coronel Gregory se negó, declaró que él tampoco podía participar.
“Me sumaré al boicot del Sr. al-Bahlul a las actuaciones», dijo, «permaneciendo
en silencio en la mesa”. A continuación, se negó a responder a más preguntas
del coronel Gregory, a pesar de que el juez intentó argumentar que estaba
“obligado a participar”, antes de admitir que no estaba en su mano obligarle a
hacerlo. Tal y como me lo describió el teniente coronel Frakt la semana pasada,
las acciones del coronel Gregory “aseguraron que no hubiera defensa alguna en
el juicio final de la comisión militar de la era Bush".
El teniente coronel Frakt también explicó que, aunque las apelaciones son automáticas en las comisiones a
menos que se renuncie a ellas por escrito, la única razón por la que al-Bahlul
no renunció a su derecho a apelar por escrito fue porque “se negó a aceptar
ningún documento de sus abogados o del tribunal”. Según lo describió Frakt, “el
Sr. al-Bahlul me dejó claro que no deseaba apelar ninguna condena y se negó
categóricamente a reunirse con su abogado de apelación designado para discutir
cualquier posible motivo de apelación”.
El teniente coronel Frakt elogió a los abogados que intentaron defender a al-Bahlul, a pesar de que “se
vieron limitados por el hecho de que yo no dejé ningún motivo de apelación
(aparte de la cuestión de la auto-representación) porque no intervine en ningún
momento durante todo el juicio”. Señaló que “lograron encontrar la manera de
plantear una serie de cuestiones interesantes e importantes que ponen en tela
de juicio la legitimidad de las comisiones militares”, pero, al final, lo más
llamativo del caso de al-Bahlul es cómo permanece en una situación de
aislamiento extraordinario en Guantánamo.
No-solo está encarcelado, solo, para cumplir su cadena perpetua, sino que, como explicó el teniente
coronel Frakt, “sigue siendo un misterio qué pasará con el Sr. al-Bahlul.
Aunque está cumpliendo cadena perpetua, según
la legislación estadounidense vigente, no puede ser trasladado fuera de
Guantánamo a una prisión en el territorio continental porque los detenidos solo
pueden ser trasladados a Estados Unidos para ser juzgados”.
A menos que tenga que permanecer en Guantánamo, mientras la prisión se va vaciando poco a poco a su
alrededor, hasta que, tal vez, sea el único preso que quede, parece, como
también explicó el teniente coronel Frakt, que “se necesitará una legislación
especial” para que pueda salir de Guantánamo, aunque solo sea para cumplir su
cadena perpetua en otro lugar.
Perdido en el sistema, en esencia, Ali Hamza al-Bahlul es otro ejemplo de cómo la justicia en Guantánamo
nunca ha avanzado mucho más allá de un sistema ad hoc lleno de lagunas y, sea
cual sea el resultado de estas apelaciones, debería servir a la Administración
Obama de recordatorio de por qué las comisiones siguen siendo un sistema
inadecuado para cualquier tipo de juicio creíble.
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