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Linda Greenhouse de The New York Times sobre Guantánamo: “Nacida del miedo y sostenida a través del cinismo y la indiferencia pública”

18 de septiembre de 2020
Andy Worthington


Guardias en la torre de vigilancia en la bahía de Guantánamo.

Traducido del inglés por El Mundo No Puede Esperar 30 de septiembre de 2020

Hace dos semanas, la larga batalla de 18 años de los abogados, las ONGs y toda la gente decente que ha trabajado por la justicia para los hombres detenidos en Guantánamo, llegó a un nuevo punto bajo en el tribunal de apelaciones (Corte de Circuito) en Washington D.C, tal como expliqué en su momento en el artículo titulado El fallo del juez del Tribunal de Apelaciones designada por Trump determina que los prisioneros de Guantánamo no tienen los derechos de debido proceso.

Esta jueza en cuestión, Neomi Rao, designada por Donald Trump el año pasado, es una partidaria entusiasta de la oposición, por varios jueces en la corte, hasta el referente del caso de la Suprema Corte Boumediene v. Bush, decidió en junio del 2008, que le otorgó los derechos habeas corpus garantizados constitucionalmente a los prisioneros de Guantánamo.

Ese fallo llevó al único momento en la historia de Guantánamo en donde la ley ha sido exitosamente aplicada en la prisión. Del 2008 al 2010, 38 prisioneros recibieron su petición de habeas corpus por jueces de la Corte de Distrito y la mayoría de ellos fueron liberados.

En el tribunal de apelaciones, sin embargo, un grupo de jueces que se opusieron a la decisión de Boumediene trabajaron asiduamente para socavarla para que cinco de esas treinta y ocho decisiones fueran invertidos o revocadas y, más importante, para el verano del 2010, las habeas corpus se convirtieron en algo sin significado para los prisioneros de Guantánamo. Ningún prisionero ha tenido su petición de habeas corpus otorgada desde ese momento y, sin embargo, la Suprema Corte, año tras año ha fallado en contestar al hecho de que su posición ante la detención en la “guerra contra el terror” había sido asegurada, mutilada y efectivamente revertida por presuntuosos jefes en un tribunal inferior.

Tristemente, sería justo observar que a casi nadie le importa la fundamental falta de ley que recalca el encarcelamiento de los 40 hombres que quedan en Guantánamo. En parte, esto es porque los asuntos legales involucrados no son comprensivos para gente fija, dependientes, como son, en preguntas de proceso legal debido. Pero la falta de interés también se debe a que la propaganda obscura emanada de las partes del partido republicano y los medios de derecha acerca de Guantánamo, que vienen de hace años y, de igual manera, del silencio general acerca de Guantánamo de los llamados prensa liberal y los legisladores demócratas.

Una excepción notable es la columnista del New York Times Linda Greenhouse, quien ha estado escribiendo por años, en profundidad y perceptivamente, acerca de Guantánamo. Para su última columna, publicado el día anterior al aniversario 19 de los ataques del 11/9, Greenhouse dedicó su atención a este último fallo y a la historia legal torturada que le precede, en un artículo titulado Un tribunal acaba de cerraron la puerta de la entrada de Guantánamo, que anexamos al final esperando que alcance al electorado estadounidense y el mundo amplio que tal vez podrían habérselo perdido en el Times.

Para contar la historia de por qué las luchas legales en Guantánamo son tan significantes, Greenhouse se enfoca en el rol maligno que jugó el juez A. Raymond Randolph, que estaba en el panel que revisó el caso del prisionero de Guantánamo Abdulsalam al-Hela, sobre la cual la jueza Rao escribió la opinión mayoritaria. Randolph ha estado con la corte desde 1990 y, como bien explica Greenhouse, “Al principio de la saga de Guantánamo, él escribió tres opiniones mayoritarias para el tribunal de apelaciones de apelaciones que le negó a los detenidos acceso a un tribunal federal. La Suprema corte revocó las tres. El tercero fue lo que se convirtió en Boumediene, y desde ese día, el juez Rudolph ha escrito o se ha unido a las notables series de opiniones que han socavado la decisión de la Suprema Corte de casi todo su significado”.

Este es el juez que, en un discurso del 2010 para la Heritage Foundation, como escribe Greenhouse, “de manera impactante comparó las cinco justicias en la mayoría de Boumediene a los personajes del Gran Gatsby de F.Scott Fitzgerald”, Tom y Daisy Buchanan, “gente descuidada que rompía cosas” y que “dejaba que otros limpiaran los destrozos que hacían”. Como observa Greenhouse también, también vale la pena mencionar que el Procurador General de Trump, William Barr, peligroso y políticamente parcial, “está completamente a bordo en la guerra contra Boumediene, haciendo referencia en un discurso en la Sociedad Federalista el año pasado como “la más descarada usurpación por consiguiente del poder ejecutivo en nuestra historia” y por lo tanto reviviendo la Teoría Ejecutiva Unitaria tan amada por Dick Cheney y Donald Rumsfeld, que mantiene que, particularmente en momentos de crisis, no deberían de haber limitaciones a la autoridad del presidente para hacer lo que considere, que, en el caso de los últimos 19 años, significa entrega, tortura y encarcelamiento arbitrario de por vida sin cargos ni juicio en Guantánamo.

¿Cómo sucedió este golpe en el tribunal de apelaciones? Greenhouse explica que, aunque la Suprema Corte, en Boumediene, mantiene que “el acceso de los prisioneros a una corte federal no es simplemente un derecho legal, pero está basado en la protección de la Constitución del ‘privilegio del mandato judicial de habeas corpus’”, la opinión del juez Kennedy dejó una gran pregunta sin respuesta: “¿Ahora que los prisioneros de Guantánamo pueden pedir habeas corpus, qué derechos pueden, de hecho, asegurar en su desafío a su continua detención? ¿Qué derechos sustantivos poseen?”.

Fueron estas áreas poco definidas o indefinidas de Boumediene lo que la corte de apelaciones atacó, tejiendo “una red apretada de reglas favoreciendo al gobierno, por ejemplo, aceptando cadenas engrosadas de evidencia circunstancial como prueba suficiente de la designación de un prisionero como enemigo combatiente como algo correcto”.

Los jueces como Randolph que se oponen a Boumediene, creen que la Suprema Corte erró en su interpretación de la decisión de la Segunda Guerra Mundial en Johnson v. Eisentrager, que, como describe Greenhouse “mantuvo que a los tribunales federales les faltaba jurisdicción sobre casos llevados por prisioneros de guerra alemanes detenidos en el extranjero por los Estados Unidos”. Refutar Eisentrager fue el corazón de Johnson v. Eisentrager, el primer caso de la Suprema Corte que aplicó a los prisioneros de Guantánamo, en junio del 2004 que estableció que el gobierno no podía seguirse saliendo con la suya pretendiendo que Guantánamo era cubana, cuando todo el aspecto de su operación era bajo el control estadounidense.

En contraste, aquellos apoyando Boumediene han buscado establecer que los prisioneros tienen derechos de proceso legal debido que están siendo injustamente suprimidos por aquellos aferrados al fallo en Boumediene. Dos fallos recientes, Qassim v. Trump el año pasado y Ali v. Trump este año, han llevado a jueces, en dos casos en los que la opinión mayoritaria fue escrita por la jueza Patricia Millett, nombrada por Obama, que desafían los fallos indicando que “un proceso legal debido era categóricamente inaccesible a un no ciudadano detenido fuera del país”. En el segundo de estos, sin embargo, el juez Randolph estaba tan enfurecido que “se negó a firmar la opinión de la jueza Millet, acusándola de ignorar lo que él insistía que era un claro precedente de la Suprema Corte que hizo que la garantía del proceso legal debido fuera inaccesible a un ‘no residente extranjero enemigo detenido por los Estados Unidos afuera de nuestro territorio soberano’.”

Como procede a explicar Greenhouse, “aceptar la opinión del juez Randolph como un recuento exacto del estado de derecho es ignorar la entera trayectoria de los casos de Guantánamo de la Suprema Corte” y, aun así, en el caso más reciente, Al Hela v. Trump, el juez complaciente Rao, completamente respaldó la posición de Randholph, escribiendo en una nota a pie de página lo que Greenhouse llama “la aserción sorprendente” que “nuestros tribunales han adherido a Eisentrager sosteniendo que la Cláusula de Proceso Debido de la Quinta Enmienda no aplica fuera del territorio de los Estados Unidos y por lo tanto, no puede ser invocada por detenidos en la bahía de Guantánamo”.

Por “aserción sorprendente” una frase más apropiada sería “mentira descarada”. Greenhouse dice que, en una opinión disidente, el juez Thomas B. Griffith, que hoy está retirado, objetó que “nunca hemos hecho una declaración que llegue tan lejos acerca de la aplicación territorial de la Cláusula”, pero ni a Rao ni a Randolph les importó, ni tampoco a los medios ni a la gente estadounidense.

Habrá un desafío para este fallo, por supuesto, y eso llevará a algún lado, pero parece, tristemente, que no hay cura para la amnesia general y para la indiferencia que rodea Guantánamo. Como dice Greenhouse en una conclusión conmovedora, “he llegado a pensar en Guantánamo, nacida del miedo y sostenida a través del cinismo político y la indiferencia pública, como un espejo de nosotros durante estas décadas abiertas de este siglo, que atrapó a nuestros 40 detenidos “eternos” con ningún tipo de final obvio para su encarcelamiento”.

Un tribunal acaba de cerraron la puerta de la entrada de Guantánamo

Por Linda Greenhouse, New York Times, 10 de septiembre, 2020

¿Acaso al público le interesan los 40 detenidos que permanecen sin ningún final obvio para su encarcelamiento?

Son más de doce años desde que la Suprema Corte rompió las puertas de la prisión en la bahía de Guantánamo, decidiendo que los prisioneros mantenidos ahí, las personificaciones de la guerra contra el terror post 11/9, tenían el derecho constitucional de pedirle a los tribunales federales su liberación.

La decisión, Boumediene v. Bush, fue una inesperada afirmación de que el estado de derecho había sobrevivido el shock del 11 de septiembre del 2001, en contra de todas las probabilidades y a pesar del esfuerzo por parte del gobierno del ex presidente George W. Bush para tratar la base naval estadounidense en el sureste de Cuba como un hoyo obscure en donde la ley no podía entrar y los “peores de los peores” jamás pudieran irse.

Ahora cae otro aniversario del 11/9 sobre nosotros, siempre una ocasión para contemplar ese día y a dónde ha llevado al país. Pero incluso, ¿por qué escribir acerca de Guantánamo ahora, en la mitad de la campaña presidencial durante la cual la prisión de la isla jamás es mencionada, con un nuevo mandato por comenzar en la Suprema Corte, que ha rechazado cada caso de Guantánamo en la última década?

Aquí la razón: el tribunal de apelaciones federal en Washington D.C acaba de cerrar bruscamente las puertas de Guantánamo.

¿Alguien se ha dado cuenta? En algún momento Guantánamo sacudía pasiones públicas. Ahora que la población es de 40, de los casi 800 que pasaron por la prisión en sus 18 años de existencia hasta ahora, ¿todavía le importa a la gente?

La decisión, Al Hela v. Trump, emitida el mes pasado por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito del Circuito de Columbia, de los Estados Unidos, no pasó del todo desapercibida: la indispensable Carol Rosenberg, que ha cubierto Guantánamo más y mejor que ningún periodista vivo, reportó acerca de para el Times. Pero en el espacio de la política pública, se ha encontrado con silencio.

Es mi simple premisa en esta columna, que la gente debería de darse cuenta y que le debería importar, una razón por la cual la decisión representa la culminación de las políticas judiciales tan crudas como nada de lo que he observado. Jueces conservadores han odiado Boumediene desde junio 2008 cuando el juez Anthony Kennedy anunció su opinión para una mayoría de 5-4 sobre una predicción disidente por parte del juez Antonin Scalia que su decisión “casi ciertamente les causaría la muerte a estadounidenses”.

El juez Kennedy ya se retiró y Scalia se murió, pero el juez A. Raymond Randolph todavía se encuentra en el Circuito de D.C, en donde ha servido desde 1990. Al inicio de la saga de Guantánamo, él escribió tres opiniones mayoritarias para la corte de apelaciones negándoles a los detenidos acceso a la corte federal. La Suprema Corte revocó las tres. El tercer caso se convirtió en Boumediene, y desde ese día, el juez Randolph ha escrito o se ha unido a una serie de opiniones destacadas que han debilitado la decisión de la Suprema Corte de casi todo su significado.

La decisión del mes pasado, Al Hela, a la cual se unió (la jueza Neomi Rao, asignada por el presidente Trump, es la más nueva del panel y fue la que escribió la opinión mayoritaria) fue el golpe final. Uno incluso podría llamarle un triunfo para un juez que en un discurso del 2010 para la Heritage Foundation, como escribe Greenhouse, “de manera impactante comparó las cinco justicias en la mayoría de Boumediene a los personajes del Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald”, Tom y Daisy Buchanan, “gente descuidada que rompía cosas” y que “dejaba que otros limpiaran los destrozos que hacían”. (Y mencionaré que el Procurador General William Barr está completamente a bordo en la guerra contra Boumediene refiriéndose a ella en un discurso para la Sociedad Federalista como “la más descarada usurpación por consiguiente del poder ejecutivo en nuestra historia”).

¿Cómo puede un tribunal inferior rendir una decisión de la Suprema Corte como una nulidad? Vimos un ejemplo reciente en un rechazó audaz del Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito de los Estados Unidos para aplicar a una ley anti-aborto en Luisiana, a pesar de la decisión de la Suprema Corte del 2016 que tiró una ley idéntica en Texas. La Suprema Corte hizo trabajo propiamente corto de ese desafío en su decisión este verano en June Medical Services v. Russo.

La situación de Guantánamo es más sutil y por esa razón, más interesante. En una de sus primeras sentencias, Rasul v. Bush, en el 2004, la Suprema Corte revocó la decisión del juez Randolph y mantuvo que la base naval, aunque obviamente está localizada en un país extranjero, era funcionalmente parte de los Estados Unidos y que, por eso, era sujeta a la jurisdicción de los tribunales federales. Los jueces rechazaron la aplicabilidad de una sentencia post Segunda Guerra Mundial, Johnson v. Eisentrager, que mantuvo que las cortes federales carecían de jurisdicción en casos de prisioneros de guerra alemanes detenidos en el extranjero por los Estados Unidos.

El fallo en Rasul estuvo basado en la interpretación del tribunal de un estatuto jurisdiccional. La resolución en Boumediene llegó más profunda, manteniendo que el acceso de los prisioneros a tribunales federales no era simplemente un derecho estatutario, sino que estaba basado en la protección de la Constitución del “privilegio de la petición de habeas corpus”. La decisión del juez Kennedy dejó sin respuesta una pregunta importante: ¿Ahora que los prisioneros de Guantánamo podrían hacer la petición de habeas corpus, qué derechos podían en realidad acertar en los desafíos a su continua detención? ¿Qué derechos sustanciales poseen?

Después de Boumediene, docenas de prisioneros presentaron sus peticiones de habeas corpus, y los jueces federales de distrito en Washington, otorgaron 38 de ellas, un numero impresionante dado que el número había sido cero no mucho antes. El gobierno de Obama, entonces en el poder, liberó a casi la mitad de los que tuvieron éxito sin pelear. Pero exitosamente apelaron otros casos. El Circuito de D.C de hecho, jamás ha afirmado una concesión que el gobierno haya rebatido. Caso por caso, en muchos fallos del juez Randolph, la corte de apelaciones tejió una apretada red de reglas favoreciendo al gobierno. Por ejemplo, la aceptación de cadenas de videncia circunstancial como prueba suficiente de la designación de un detenido como enemigo combatiente era correcta.

Fallos de ese tipo, basados en evaluaciones de hechos de lo que los prisioneros dicen, hizo que fuera innecesario para la corte de apelaciones decidir la pregunta abierta de cómo la Constitución en sí podría aplicar. La cuestión permaneció en el fondo de muchos de los casos. El año pasado en Qassim v. Trump un panel de tres jueces del Circuito de D.C, fuertemente sugirieron que el derecho bajo la Constitución de proceso legal debido garantizado sería conservado en el caso adecuado; el panel desalojó y envió de regreso el fallo de la corte de distrito manteniendo que el argumento de proceso legal debido estaba categóricamente inaccesible para un extranjero detenido fuera del país.

El juez Randolph no estaba en el panel del caso Qassim. Pero en mayo de este año, estaba en el panel de otro caso, el de Ali v. Trump, en el que el mismo juez que escribió el fallo en Qassim, Patricia Millett, escribió nuevamente para la mayoría. Como pasó en el caso Qassim, su decisión mantenía que la corte de circuito había hecho bien en rechazar la petición de habeas corpus de un reo, pero había hecho mal al hacerlo tan categóricamente. La jueza Miller destacó que, mientras que “el precedente del circuito todavía no ha resuelto comprensivamente” la cuestión, “el fallo de la corte de distrito acerca de que la Cláusula del Proceso Debido es categóricamente inaplicable para detenidos en Guantánamo fue injustificada”.

Este modesto fallo, que reserva la dura pregunta para otra ocasión, fue, no obstante, suficiente para desencadenar al juez Randolph. Concurriendo solo en el juicio, rechazó firmar el fallo de la jueza Miller, acusándola de ignorar lo que insistía era un precedente claro de la Suprema Corte que hacía que el proceso legal debido garantizado no estuviera disponible para “enemigos extranjeros no residentes detenidos por los Estados Unidos afuera de nuestro territorio soberano”.

El precedente que el juez Randolph citó para su opinión radical fue el viejo caso post Segunda Guerra Mundial, Eisentrager, el caso que la Suprema Corte había rechazado en el 2004 cuando trató a Guantánamo como una parte funcional de los Estados Unidos que llegó a ser parte de la jurisdicción de sus tribunales federales. Seré educada: el aceptar la opinión del juez Randolph como un recuento impreciso del estado de derecho es ignorar su entera trayectoria de los casos de Guantánamo de la Suprema Corte.

Eso me lleva al caso más reciente, Al Hela. El juez Randolph tuvo suerte cuando el panel fue designado. En lugar de cumplir con dos de las apelaciones de jueces más liberales en tribunal, la jueza Millet y Rogers, como en el caso Ali, se le unieron dos colegas conservadores, Rao y Thomas Griffith. Los tres acordaron que la petición de habeas corpus de Abdulsalam Al Hela, un jeque tribal yemení detenido en Guantánamo desde el 2004, fue deficiente por una variedad de rezones básicas.

El juez Griffith, que se retiró de la corte de apelaciones la semana pasada, argumentó en un fallo separado, que no había necesidad de aventurarse más allá en territorio constitucional. Pero en su fallo controlado, la jueza Rao dijo que era momento de decidir el proceso legal debido porque el Sr. Al Hela afirmó en su petición de habeas corpus que la confianza del gobierno en rumores anónimos en los reportes cuya información justificaban su continua detención violan su derecho a proceso legal debido.

Pero ningún derecho le aplicaba a él, escribió Rao, concluyendo que “rechazamos el reclamo acerca del proceso legal de Al Hela en la determinación limitante de que, como extranjero afuera del territorio soberano de los Estados Unidos, no podrá invocar la protección de la Cláusula”. Una nota al pie de página a su opinión contenía la sobresaliente aserción de que “nuestro tribunal ha anexado a Eisentrager, manteniendo que la Cláusula de la Quinta Enmienda no aplica afuera del territorio de los Estados Unidos y, por lo tanto, no puede ser invocada por detenidos en Guantánamo”.

El juez Griffith, en un fallo separado, propiamente objetó: “pero nunca hemos hecho una declaración que llegara tan lejos para la aplicación extraterritorial de la Cláusula”. La objeción no rindió frutos.

El juez Randolph hizo su trabajo y tuvo la última palabra, en ese momento enigmática y completamente clara en un fallo aceptado que consistía en una frase: “estoy de acuerdo con la decisión de la corte, no solo por razones expresadas en su fallo, sino por las razones adicionales manifestadas en mi fallo que coinciden en la sentencia de Ali v. Trump”.

Lo que podría pasar posteriormente es lo que podríamos adivinar. No queda fuera de cuestión que el entero Circuito de D.C reconsidere la decisión del panel, como hizo la semana pasada cuando revocó el fallo del caso de Michael Flynn, restituyendo la discreción del juez de distrito para decidir si ceder a la petición del gobierno de Trump de desechar el enjuiciamiento del ex consejero de seguridad nacional del presidente. Es concebible que el caso Al Hela pueda terminar en la Suprema Corte. Tengo problemas conjurando cinco votos ahí incluso para sostener el precedente de Boumediene, mucho más para llevarlo a territorio de proceso legal.

Mientras que nunca he estado en Guantánamo, lo he revistado regularmente durante mis años de escribir esta columna. ¿Por qué nos importa Guantánamo ya tan tarde? Mientras se han acumulado aniversarios del 11/9 y el impacto de ese día ha sido absorbido en nuestra narrativa nacional, he llegado a pensar de Guantánamo, nacida del miedo y sostenida a través del cinismo político y la indiferencia pública, en un espejo de nosotros mismos durante las primeras décadas de este siglo, que atrapó a 40 de nuestros prisioneros “eternos” sin ningún final obvio para su encarcelamiento. Ha habido algunos momentos redentores en esta historia y el fallo de Boumediene fue uno de ellos. Si ahora es enterrado sin un funeral tan siquiera decente, por lo menos deberíamos tomar nota.


 

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