Linda Greenhouse de The New York
Times sobre Guantánamo: “Nacida del miedo y sostenida a través del cinismo
y la indiferencia pública”
18 de septiembre de 2020
Andy Worthington
Guardias en la torre de vigilancia en la
bahía de Guantánamo.
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Traducido del inglés por El Mundo No Puede Esperar 30 de septiembre de 2020
Hace dos semanas, la larga batalla de 18 años de los
abogados, las ONGs y toda la gente decente que ha trabajado por la justicia
para los hombres detenidos en Guantánamo, llegó a un nuevo punto bajo en el
tribunal de apelaciones (Corte de Circuito) en Washington D.C, tal como
expliqué en su momento en el artículo titulado El
fallo del juez del Tribunal de Apelaciones designada por Trump determina que
los prisioneros de Guantánamo no tienen los derechos de debido proceso.
Esta jueza en cuestión, Neomi Rao, designada por
Donald Trump el año pasado, es una partidaria entusiasta de la oposición, por
varios jueces en la corte, hasta el referente del caso de la Suprema Corte Boumediene v. Bush,
decidió en junio del 2008, que le otorgó los derechos habeas corpus
garantizados constitucionalmente a los prisioneros de Guantánamo.
Ese fallo llevó al único momento en la historia de Guantánamo en donde la ley ha sido exitosamente aplicada en la prisión. Del
2008 al 2010, 38
prisioneros recibieron su petición de habeas corpus por jueces de la Corte
de Distrito y la mayoría de ellos fueron liberados.
En el tribunal de apelaciones, sin embargo, un grupo
de jueces que se opusieron a la decisión de Boumediene trabajaron
asiduamente para socavarla para que cinco de esas treinta y ocho decisiones
fueran invertidos o revocadas y, más importante, para el verano del 2010, las
habeas corpus se convirtieron en algo sin significado para los prisioneros de
Guantánamo. Ningún prisionero ha tenido su petición de habeas corpus otorgada
desde ese momento y, sin embargo, la Suprema Corte, año tras año ha fallado en
contestar al hecho de que su posición ante la detención en la “guerra contra el
terror” había sido asegurada, mutilada y efectivamente revertida por presuntuosos
jefes en un tribunal inferior.
Tristemente, sería justo observar que a casi nadie le
importa la fundamental falta de ley que recalca el
encarcelamiento de los 40 hombres que quedan en Guantánamo. En parte, esto es porque los
asuntos legales involucrados no son comprensivos para gente fija, dependientes,
como son, en preguntas de proceso legal debido. Pero la falta de interés
también se debe a que la propaganda obscura emanada de las partes del partido
republicano y los medios de derecha acerca de Guantánamo, que vienen de hace
años y, de igual manera, del silencio general acerca de Guantánamo de los
llamados prensa liberal y los legisladores demócratas.
Una excepción notable es la columnista del New York Times Linda Greenhouse, quien ha estado escribiendo
por años, en profundidad y perceptivamente, acerca de Guantánamo. Para su
última columna, publicado el día anterior al aniversario 19 de los ataques del
11/9, Greenhouse dedicó su atención a este último fallo y a la historia legal
torturada que le precede, en un artículo titulado Un tribunal acaba de cerraron la puerta de la entrada de
Guantánamo, que anexamos al final esperando que alcance al electorado
estadounidense y el mundo amplio que tal vez podrían habérselo perdido en el Times.
Para contar la historia de por qué las luchas legales en Guantánamo son
tan significantes, Greenhouse se enfoca en el rol maligno que jugó el juez A.
Raymond Randolph, que estaba en el panel que revisó el caso del prisionero de
Guantánamo Abdulsalam al-Hela, sobre la cual la jueza Rao escribió la opinión
mayoritaria. Randolph ha estado con la corte desde 1990 y, como bien explica
Greenhouse, “Al principio de la saga de Guantánamo, él escribió tres opiniones
mayoritarias para el tribunal de apelaciones de apelaciones que le negó a los
detenidos acceso a un tribunal federal. La Suprema corte revocó las tres. El
tercero fue lo que se convirtió en Boumediene, y desde ese día, el juez Rudolph ha escrito o se ha unido a las notables series
de opiniones que han socavado la decisión de la Suprema Corte de casi todo su
significado”.
Este es el juez que, en un
discurso del 2010 para la Heritage Foundation, como escribe Greenhouse, “de
manera impactante comparó las cinco justicias en la mayoría de Boumediene a los personajes del Gran Gatsby de
F.Scott Fitzgerald”, Tom y Daisy Buchanan, “gente descuidada que rompía cosas” y
que “dejaba que otros limpiaran los destrozos que hacían”. Como observa
Greenhouse también, también vale la pena mencionar que el Procurador General de
Trump, William Barr, peligroso y políticamente parcial, “está completamente a
bordo en la guerra contra Boumediene, haciendo referencia en un discurso en la Sociedad Federalista el año pasado
como “la más descarada usurpación por consiguiente del poder ejecutivo en
nuestra historia” y por lo tanto reviviendo la Teoría Ejecutiva Unitaria tan
amada por Dick Cheney y Donald Rumsfeld, que mantiene que, particularmente en
momentos de crisis, no deberían de haber limitaciones a la autoridad del
presidente para hacer lo que considere, que, en el caso de los últimos 19 años,
significa entrega, tortura y encarcelamiento arbitrario de por vida sin cargos
ni juicio en Guantánamo.
¿Cómo sucedió este golpe en el tribunal de apelaciones? Greenhouse
explica que, aunque la Suprema Corte, en Boumediene, mantiene que “el acceso de los prisioneros a una corte federal no es
simplemente un derecho legal, pero está basado en la protección de la
Constitución del ‘privilegio del mandato judicial de habeas corpus’”, la
opinión del juez Kennedy dejó una gran pregunta sin respuesta: “¿Ahora que los
prisioneros de Guantánamo pueden pedir habeas corpus, qué derechos pueden, de
hecho, asegurar en su desafío a su continua detención? ¿Qué derechos
sustantivos poseen?”.
Fueron estas áreas poco definidas o indefinidas de Boumediene lo que la corte de
apelaciones atacó, tejiendo “una red apretada de reglas favoreciendo al
gobierno, por ejemplo, aceptando cadenas engrosadas de evidencia circunstancial
como prueba suficiente de la designación de un prisionero como enemigo
combatiente como algo correcto”.
Los jueces como Randolph que se oponen a Boumediene, creen que la Suprema Corte erró en su
interpretación de la decisión de la Segunda Guerra Mundial en Johnson v. Eisentrager, que, como
describe Greenhouse “mantuvo que a los tribunales federales les faltaba
jurisdicción sobre casos llevados por prisioneros de guerra alemanes detenidos
en el extranjero por los Estados Unidos”. Refutar Eisentrager fue el corazón de Johnson v. Eisentrager, el primer caso de
la Suprema Corte que aplicó a los prisioneros de Guantánamo, en junio del 2004
que estableció que el gobierno no podía seguirse saliendo con la suya
pretendiendo que Guantánamo era cubana, cuando todo el aspecto de su operación
era bajo el control estadounidense.
En contraste, aquellos apoyando Boumediene han buscado
establecer que los prisioneros tienen derechos de proceso legal debido que
están siendo injustamente suprimidos por aquellos aferrados al fallo en Boumediene.
Dos fallos recientes, Qassim v. Trump el año pasado
y Ali v. Trump este año, han llevado a jueces, en dos casos en los que la opinión mayoritaria fue
escrita por la jueza Patricia Millett, nombrada por Obama, que desafían los
fallos indicando que “un proceso legal debido era categóricamente inaccesible a
un no ciudadano detenido fuera del país”. En el segundo de estos, sin embargo,
el juez Randolph estaba tan enfurecido que “se negó a firmar la opinión de la
jueza Millet, acusándola de ignorar lo que él insistía que era un claro
precedente de la Suprema Corte que hizo que la garantía del proceso legal
debido fuera inaccesible a un ‘no residente extranjero enemigo detenido por los
Estados Unidos afuera de nuestro territorio soberano’.”
Como procede a explicar Greenhouse, “aceptar la opinión del juez
Randolph como un recuento exacto del estado de derecho es ignorar la entera
trayectoria de los casos de Guantánamo de la Suprema Corte” y, aun así, en el
caso más reciente, Al Hela v. Trump, el juez complaciente Rao, completamente respaldó la posición de Randholph,
escribiendo en una nota a pie de página lo que Greenhouse llama “la aserción
sorprendente” que “nuestros tribunales han adherido a Eisentrager sosteniendo que la Cláusula
de Proceso Debido de la Quinta Enmienda no aplica fuera del territorio de los
Estados Unidos y por lo tanto, no puede ser invocada por detenidos en la bahía
de Guantánamo”.
Por “aserción sorprendente” una frase más apropiada sería “mentira
descarada”. Greenhouse dice que, en una opinión disidente, el juez Thomas B.
Griffith, que hoy está retirado, objetó que “nunca hemos hecho una declaración
que llegue tan lejos acerca de la aplicación territorial de la Cláusula”, pero
ni a Rao ni a Randolph les importó, ni tampoco a los medios ni a la gente estadounidense.
Habrá un desafío para este fallo, por supuesto, y eso llevará a algún
lado, pero parece, tristemente, que no hay cura para la amnesia general y para
la indiferencia que rodea Guantánamo. Como dice Greenhouse en una conclusión
conmovedora, “he llegado a pensar en Guantánamo, nacida del miedo y sostenida a
través del cinismo político y la indiferencia pública, como un espejo de
nosotros durante estas décadas abiertas de este siglo, que atrapó a nuestros 40
detenidos “eternos” con ningún tipo de final obvio para su encarcelamiento”.
Un tribunal acaba de cerraron la puerta de la entrada de Guantánamo
Por Linda Greenhouse, New York Times, 10 de septiembre, 2020
¿Acaso al público le interesan los 40 detenidos que permanecen sin
ningún final obvio para su encarcelamiento?
Son más de doce años desde que la Suprema Corte rompió
las puertas de la prisión en la bahía de Guantánamo, decidiendo que los
prisioneros mantenidos ahí, las personificaciones de la guerra contra el terror
post 11/9, tenían el derecho constitucional de pedirle a los tribunales
federales su liberación.
La decisión, Boumediene v. Bush, fue una inesperada afirmación de que
el estado de derecho había sobrevivido el shock del 11 de septiembre del 2001, en contra de todas las
probabilidades y a pesar del esfuerzo por parte del gobierno del ex presidente
George W. Bush para tratar la base naval estadounidense en el sureste de Cuba
como un hoyo obscure en donde la ley no podía entrar y los “peores de los
peores” jamás pudieran irse.
Ahora cae otro aniversario del 11/9 sobre nosotros,
siempre una ocasión para contemplar ese día y a dónde ha llevado al país. Pero
incluso, ¿por qué escribir acerca de Guantánamo ahora, en la mitad de la
campaña presidencial durante la cual la prisión de la isla jamás es mencionada,
con un nuevo mandato por comenzar en la Suprema Corte, que ha rechazado cada
caso de Guantánamo en la última década?
Aquí la razón: el tribunal de apelaciones federal en Washington D.C acaba de cerrar bruscamente las puertas de Guantánamo.
¿Alguien se ha dado cuenta? En algún momento
Guantánamo sacudía pasiones públicas. Ahora que la población es de 40, de los
casi 800 que pasaron por la prisión en sus 18 años de existencia hasta ahora,
¿todavía le importa a la gente?
La decisión, Al Hela v. Trump, emitida el mes
pasado por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito del
Circuito de Columbia, de los Estados Unidos, no pasó del todo desapercibida: la
indispensable Carol Rosenberg, que ha cubierto Guantánamo más y mejor que
ningún periodista vivo, reportó
acerca de para el Times. Pero en el espacio de la política pública,
se ha encontrado con silencio.
Es mi simple premisa en esta columna, que la gente debería de darse cuenta y que le debería importar, una razón por la cual la
decisión representa la culminación de las políticas judiciales tan crudas como
nada de lo que he observado. Jueces conservadores han odiado Boumediene desde
junio 2008 cuando el juez Anthony Kennedy anunció su opinión para una mayoría
de 5-4 sobre una predicción disidente por parte del juez Antonin Scalia que su decisión “casi ciertamente les
causaría la muerte a estadounidenses”.
El juez Kennedy ya se retiró y Scalia se murió, pero
el juez A. Raymond Randolph todavía se encuentra en el Circuito de D.C, en
donde ha servido desde 1990. Al inicio de la saga de Guantánamo, él escribió
tres opiniones mayoritarias para la corte de apelaciones negándoles a los
detenidos acceso a la corte federal. La Suprema Corte revocó las tres. El
tercer caso se convirtió en Boumediene, y desde ese día, el juez Randolph ha escrito o se ha
unido a una serie de opiniones destacadas que han debilitado la decisión de la
Suprema Corte de casi todo su significado.
La decisión del mes pasado, Al Hela, a la cual se unió (la jueza
Neomi Rao, asignada por el presidente Trump, es la más nueva del panel y fue la
que escribió la opinión mayoritaria) fue el golpe final. Uno incluso podría
llamarle un triunfo para un juez que en un discurso del 2010 para la Heritage Foundation, como escribe Greenhouse, “de manera
impactante comparó las cinco justicias en la mayoría de Boumediene a los personajes del Gran Gatsby de F.
Scott Fitzgerald”, Tom y Daisy Buchanan, “gente descuidada que rompía cosas” y
que “dejaba que otros limpiaran los destrozos que hacían”. (Y mencionaré que el
Procurador General William Barr está completamente a bordo en la guerra contra Boumediene
refiriéndose a ella en un discurso para la Sociedad
Federalista como “la más descarada usurpación por consiguiente del
poder ejecutivo en nuestra historia”).
¿Cómo puede un tribunal inferior rendir una decisión de la Suprema Corte como una nulidad? Vimos un ejemplo reciente en un rechazó audaz
del Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito de los Estados Unidos para
aplicar a una ley anti-aborto en Luisiana, a pesar de la decisión
de la Suprema Corte del 2016 que tiró una ley idéntica en Texas. La Suprema
Corte hizo trabajo propiamente corto de ese desafío en su decisión este verano
en June Medical Services v. Russo.
La situación de Guantánamo es más sutil y por esa razón, más interesante. En una de sus primeras sentencias, Rasul v. Bush, en el 2004, la Suprema Corte revocó la
decisión del juez Randolph y mantuvo que la base naval, aunque obviamente está
localizada en un país extranjero, era funcionalmente parte de los Estados
Unidos y que, por eso, era sujeta a la jurisdicción de los tribunales
federales. Los jueces rechazaron la aplicabilidad de una sentencia post Segunda
Guerra Mundial, Johnson v. Eisentrager, que mantuvo
que las cortes federales carecían de jurisdicción en casos de prisioneros de
guerra alemanes detenidos en el extranjero por los Estados Unidos.
El fallo en Rasul estuvo basado en la interpretación del tribunal
de un estatuto jurisdiccional. La resolución en Boumediene llegó más profunda, manteniendo que el acceso de
los prisioneros a tribunales federales no era simplemente un derecho
estatutario, sino que estaba basado en la protección de la Constitución del
“privilegio de la petición de habeas corpus”. La decisión del juez Kennedy dejó
sin respuesta una pregunta importante: ¿Ahora que los prisioneros de Guantánamo
podrían hacer la petición de habeas corpus, qué derechos podían en realidad
acertar en los desafíos a su continua detención? ¿Qué derechos sustanciales poseen?
Después de Boumediene, docenas de prisioneros presentaron sus peticiones de
habeas corpus, y los jueces federales de distrito en Washington, otorgaron 38
de ellas, un numero impresionante dado que el número había sido cero no mucho
antes. El gobierno de Obama, entonces en el poder, liberó a casi la mitad de
los que tuvieron éxito sin pelear. Pero exitosamente apelaron otros casos. El
Circuito de D.C de hecho, jamás ha afirmado una concesión que el gobierno haya
rebatido. Caso por caso, en muchos fallos del juez Randolph, la corte de
apelaciones tejió una apretada red de reglas favoreciendo al gobierno. Por
ejemplo, la aceptación de cadenas de videncia circunstancial como prueba
suficiente de la designación de un detenido como enemigo combatiente era correcta.
Fallos de ese tipo, basados en evaluaciones de hechos
de lo que los prisioneros dicen, hizo que fuera innecesario para la corte de
apelaciones decidir la pregunta abierta de cómo la Constitución en sí podría
aplicar. La cuestión permaneció en el fondo de muchos de los casos. El año
pasado en Qassim v. Trump un panel de tres
jueces del Circuito de D.C, fuertemente sugirieron que el derecho bajo la
Constitución de proceso legal debido garantizado sería conservado en el caso
adecuado; el panel desalojó y envió de regreso el fallo de la corte de distrito
manteniendo que el argumento de proceso legal debido estaba categóricamente
inaccesible para un extranjero detenido fuera del país.
El juez Randolph no estaba en el panel del caso Qassim. Pero en mayo de este año,
estaba en el panel de otro caso, el de Ali v. Trump, en el que el mismo juez
que escribió el fallo en Qassim, Patricia Millett, escribió nuevamente para la
mayoría. Como pasó en el caso Qassim, su decisión mantenía que la juzgado de distrito había
hecho bien en rechazar la petición de habeas corpus de un reo, pero había hecho
mal al hacerlo tan categóricamente. La jueza Miller destacó que, mientras que
“el precedente del circuito todavía no ha resuelto comprensivamente” la
cuestión, “el fallo de la corte de distrito acerca de que la Cláusula del
Proceso Debido es categóricamente inaplicable para detenidos en Guantánamo fue injustificada”.
Este modesto fallo, que reserva la dura pregunta para
otra ocasión, fue, no obstante, suficiente para desencadenar al juez Randolph.
Concurriendo solo en el juicio, rechazó firmar el fallo de la jueza Miller,
acusándola de ignorar lo que insistía era un precedente claro de la Suprema
Corte que hacía que el proceso legal debido garantizado no estuviera disponible
para “enemigos extranjeros no residentes detenidos por los Estados Unidos
afuera de nuestro territorio soberano”.
El precedente que el juez Randolph citó para su opinión radical fue el viejo caso post Segunda Guerra Mundial,
Eisentrager, el caso que la Suprema Corte había rechazado en el 2004 cuando trató a Guantánamo como
una parte funcional de los Estados Unidos que llegó a ser parte de la jurisdicción
de sus tribunales federales. Seré educada: el aceptar la opinión del juez
Randolph como un recuento impreciso del estado de derecho es ignorar su entera
trayectoria de los casos de Guantánamo de la Suprema Corte.
Eso me lleva al caso más reciente, Al Hela. El juez Randolph tuvo
suerte cuando el panel fue designado. En lugar de cumplir con dos de las
apelaciones de jueces más liberales en tribunal, la jueza Millet y Rogers, como
en el caso Ali, se le unieron dos colegas conservadores, Rao y Thomas Griffith. Los
tres acordaron que la petición de habeas corpus de Abdulsalam Al Hela, un jeque
tribal yemení detenido en Guantánamo desde el 2004, fue deficiente por una
variedad de rezones básicas.
El juez Griffith, que se retiró de la corte de apelaciones
la semana pasada, argumentó en un fallo separado, que no había necesidad de
aventurarse más allá en territorio constitucional. Pero en su fallo controlado,
la jueza Rao dijo que era momento de decidir el proceso legal debido porque el
Sr. Al Hela afirmó en su petición de habeas corpus que la confianza del
gobierno en rumores anónimos en los reportes cuya información justificaban su
continua detención violan su derecho a proceso legal debido.
Pero ningún derecho le aplicaba a él, escribió Rao,
concluyendo que “rechazamos el reclamo acerca del proceso legal de Al Hela en
la determinación limitante de que, como extranjero afuera del territorio
soberano de los Estados Unidos, no podrá invocar la protección de la Cláusula”.
Una nota al pie de página a su opinión contenía la sobresaliente aserción de
que “nuestro tribunal ha anexado a Eisentrager, manteniendo que la Cláusula de la Quinta Enmienda no
aplica afuera del territorio de los Estados Unidos y, por lo tanto, no puede
ser invocada por detenidos en Guantánamo”.
El juez Griffith, en un fallo separado, propiamente
objetó: “pero nunca hemos hecho una declaración que llegara tan lejos para la
aplicación extraterritorial de la Cláusula”. La objeción no rindió frutos.
El juez Randolph hizo su trabajo y tuvo la última
palabra, en ese momento enigmática y completamente clara en un fallo aceptado
que consistía en una frase: “estoy de acuerdo con la decisión de la corte, no
solo por razones expresadas en su fallo, sino por las razones adicionales
manifestadas en mi fallo que coinciden en la sentencia de Ali v. Trump”.
Lo que podría pasar posteriormente es lo que podríamos
adivinar. No queda fuera de cuestión que el entero Circuito de D.C reconsidere
la decisión del panel, como hizo la semana pasada cuando revocó el fallo del
caso de Michael Flynn, restituyendo
la discreción del juez de distrito para decidir si ceder a la petición del
gobierno de Trump de desechar el enjuiciamiento del ex consejero de seguridad
nacional del presidente. Es concebible que el caso Al Hela pueda
terminar en la Suprema Corte. Tengo problemas conjurando cinco votos ahí
incluso para sostener el precedente de Boumediene, mucho más para llevarlo a territorio de proceso legal.
Mientras que nunca he estado en Guantánamo, lo he revistado
regularmente durante mis años de escribir esta columna. ¿Por qué nos importa
Guantánamo ya tan tarde? Mientras se han acumulado aniversarios del 11/9 y el
impacto de ese día ha sido absorbido en nuestra narrativa nacional, he llegado
a pensar de Guantánamo, nacida del miedo y sostenida a través del cinismo
político y la indiferencia pública, en un espejo de nosotros mismos durante las
primeras décadas de este siglo, que atrapó a 40 de nuestros prisioneros
“eternos” sin ningún final obvio para su encarcelamiento. Ha habido algunos
momentos redentores en esta historia y el fallo de Boumediene fue uno de ellos. Si ahora es enterrado sin un
funeral tan siquiera decente, por lo menos deberíamos tomar nota.
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