4 de junio de 2010: ¿Qué está haciendo Obama en Bagram? (Segunda parte): La detención ejecutiva, la rendición, tribunales de revisión, salida en libertad de los presos y juicios
Andy Worthington
4 de junio de 2010
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
25 de octubre de 2010
En el primero de dos artículos
sobre las políticas de Obama respecto a la base aérea de Bagram, Afganistán,
examiné las revelaciones recientes sobre la existencia de una prisión secreta
dentro de la base, aparentemente a mando de una misteriosa rama del Pentágono,
donde se usan “técnicas de interrogatorio ampliadas” de la época de Bush como
la privación del sueño y el aislamiento, autorizadas por el apéndice M del
Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos. Este segundo artículo examina
los esfuerzos confusos del gobierno de Obama de conciliar las políticas de
detención en la prisión principal con las normas aceptadas internacionalmente
para presos capturados en tiempos de guerra, que han resultado en fracasos
espectaculares –la insistencia en denegar derechos de habeas corpus a los
presos extranjeros llevados a Bagram de otros países—y en ciertas mejoras, como
nuevos tribunales de revisión, la salida en libertad de unos presos y la
realización de juicios, que no obstante revelan el tipo de confusión que
seguirá prevaleciendo en tanto que el gobierno de Obama siga aceptando las
modificaciones unilaterales que hacía su predecesor de la Convención de
Ginebra.
Un nuevo proceso de revisión en Bagram, y la lucha del gobierno de Obama para denegar derechos de habeas corpus a los presos
extranjeros
Más allá del creciente escándalo sobre la “prisión negra”, que urge una mayor investigación, las autoridades estadounidenses han
estado tratando de ponerle una nueva cara a la prisión principal de Bagram, y
en esto han tenido un poco más éxito, pues han abierto una nueva instalación
para reemplazar la escuálida fábrica rusa inmortalizada en las tristes historias
de los presos recluidos ahí en los días iniciales; en enero dieron a conocer por primera vez una
lista de presos; y establecieron un nuevo proceso de revisión con el
fin de poner en libertad a los presos que “son combatientes no ideológicos o
‘casuales’ que no representan una amenaza de largo plazo a Estados Unidos”;
como Max Fisher explicó en un artículo de Atlantic en marzo, estos son “el 80 al 90 por ciento” de la población carcelaria total, la
cual calculó en 750 presos.
Se inició un nuevo proceso de revisión por dos razones,
una mucho más benévola que la otra. La primera razón tenía que ver con las
lecciones que las Fuerzas Armadas sacaron de Irak,
por tarde que fuera, a raíz del
nombramiento por el general David Petraeus, el comandante general de
operaciones en Afganistán e Irak, del general de división Doug Stone para
supervisar el sistema de detención en Irak. Como un informe de la radio NPR
explicó en agosto: “Había 21.000 detenidos. Pero [Stone] descubrió que la
mayoría de esos detenidos iraquíes, tal vez el 67%, no eran radicales, sino que
eran en gran parte jóvenes analfabetos y sin trabajo. En algunos casos se
trataba de personas ingenuas que habían colaborado con la insurgencia
simplemente porque necesitaban dinero. Stone se preocupaba que detener a tales
personas solo empeoraría las cosas, pues las convertiría en radicales”.
El informe de la NPR añadió que como resultado de su
éxito en Irak, el general Petraeus le mandó al general Stone a Afganistán, y
este “fue con un equipo a Afganistán, entrevistó a los detenidos, inspeccionó
las instalaciones de detención” y escribió un informe de 700 páginas en el cual
calculó que “hasta 400 de los 600 presos en Bagram pueden ser puestos en
libertad”, con la razón de que “muchos de estos hombres fueron detenidos en el
curso de redadas militares” y “tienen pocas conexiones con la insurgencia”.
Sin embargo, la segunda razón por implementar un nuevo
proceso de revisión se debió a una demanda judicial en Estados Unidos, la cual
el gobierno de Obama vio con suma gravedad, lo mismo que el gobierno de Bush.
En marzo de 2009, en el tribunal federal de Washington, D.C., el juez John Bates le otorgó el derecho de habeas corpus a
tres presos extranjeros arrestados en otros países (incluidos Tailandia y
Pakistán) y trasladados más tarde a Bagram (vía prisiones secretas de la CIA),
donde fueron detenidos por hasta ocho años.
Como reconoció el juez Bates, los derechos de habeas
corpus que la Corte Suprema había otorgado
a los presos de Guantánamo en junio de 2008 también eran aplicables
a los presos extranjeros entregados a Bagram, porque: “los detenidos al igual
que los motivos por detenerlos son en esencia idénticos [a los de Guantánamo]”,
el proceso de revisión de Bagram “es peor aún que el proceso de Guantánamo, que
la Suprema Corte falló que era inadecuado”, y porque los “obstáculos prácticos”
a una revisión judicial de los casos “no son insuperables” y, es más, “están
mayormente a la disposición del Ejecutivo” porque los presos fueron
transportados específicamente a Bagram, en una zona de guerra, desde otros
lugares.
Hace dos semanas, el tribunal de apelaciones anuló vergonzosamente el fallo del
juez Bates, una decisión que echa a los presos extranjeros
entregados a Bagram una vez más en un hoyo negro jurídico; pero, como indicó Al-Jazeera en abril, es
un hoyo negro jurídico que se podría resolver rápida y decisivamente
transfiriéndolos de nuevo a la custodia de sus países de origen, lo que
evitaría nuevos llamados a que Estados Unidos rinda cuentas. El 27 de abril,
Al-Jazeera informó que el vicealmirante Robert Harward, al cargo de las
operaciones de detención en Afganistán, afirmó mientras hablaba sobre los
presos extranjeros recluidos en Bagram –31 presos total, de acuerdo a un
artículo del New York Times
en marzo—que las autoridades estaban “coordinando en estos momentos” con los gobiernos de los
países de origen de los presos, y agregó: “Estamos trabajando para devolverlos
al sistema judicial de sus países”.
En un informe desde Kabul, James Bays afirmó: “Los
afganos no van a querer tener custodia de estos detenidos cuando [la prisión]
vuelva al control afgano y, por eso, Estados Unidos está hablando con algunos
de los gobiernos de donde vienen esos presos, para ver si estos los aceptarán”.
Esta explicación puede tener una pizca de verdad, pero también resulta
conveniente pasar por alto el hecho de que al despachar el problema de los
presos, Estados Unidos evitará tener que responder a por qué los arrestó en
primer lugar y qué les hizo en las prisiones secretas de la CIA incluso antes
de que llegaran a Bagram.
El fallo del juez Bates en marzo, además de causar pánico
sobre la extensión del derecho de habeas corpus a los presos extranjeros en
Bagram, empujó al gobierno a responder a un tema que Bates mencionó en
particular --las deficiencias del proceso de revisión en Bagram-- con la
introducción de un nuevo proceso de revisión que el gobierno decidió anunciar, con
cierto cinismo, como parte de su apelación judicial en septiembre, sin duda
esperando persuadir al tribunal de apelaciones de que estuviera logrando
mejoras significativas en Bagram.
Como dije en marzo, el juez Bates hizo una crítica mordaz
del proceso de revisión que existía en ese tiempo en Bagram, señalando que el
Tribunal de Revisión de Combatientes Enemigos Ilegales era “inadecuado” y
también “más propenso a cometer errores” que el proceso de revisión usado en
Guantánamo de 2004 a 2005, o sea, los Tribunales de Revisión del Statu de los
Combatientes, condenados por ser simplemente un aval automático de la detención
ejecutiva por varios oficiales que habían trabajado bajo ese sistema,
incluyendo en particular el teniente coronel Stephen Abraham.
En su análisis del proceso de Bagram, el juez Bates notó que no se permitía que los presos
acudieran a un “representante personal” de las Fuerzas Armadas (como es el caso
en Guantánamo) en lugar de un abogado, y por ende se les obligaba a representar
a sí mismos, y explicó: “Además, los presos ni siquiera pueden hablar por sí
mismo; solo se les permite presentar una declaración escrita. Pero cuando
presentan esa declaración, los detenidos no saben en qué evidencias Estados
Unidos está basándose para justificar su designación como ‘combatiente enemigo’
y, por eso, no tienen una oportunidad real de refutar dicha evidencia”. Señaló
también que, a diferencia de Guantánamo donde se convocan cada año un consejo
de revisión administrativa: “Los detenidos de Bagram no reciben ninguna
revisión que no sea del mismo Tribunal de Revisión”.
Con los nuevos Tribunales de Revisión de Detenidos, establecidos para reemplazar
el antiguo Tribunal de Revisión de Combatientes Enemigos Ilegales, ahora se
proveen representantes personales a los presos y los presos pueden llamar al
estrado a testigos, lo que es indudablemente una mejora. Sin embargo, más allá
de los problemas que conlleva importar desde Guantánamo un sistema que la
Suprema Corte determinó que fuera “inadecuado”, un problema más fundamental es
que los presos de Bagram todavía no reciben un trato de prisioneros de guerra
bajo la Convención de Ginebra. Si los trataran así, como expliqué hace poco:
Se habría tenido que investigarlos en el momento de su
captura para determinar si eran combatientes o personas civiles agarrados por
error, y se habría tenido que recluirlos sin causarles mayores problemas hasta
que terminaran las hostilidades. Por cierto eso no habría supuesto faltarles
una investigación adecuada en el momento de su captura y someterlos en algún
momento después de su captura a un proceso de revisión sacado de la nada.
En marzo de este año, Jonathan Horowitz de One World Research asistió a cinco de estas nuevas audiencias, cuyo propósito es determinar “si se debería poner en
libertad al detenido o recluirlo hasta una nueva revisión de su caso en seis
meses, o transferirlo a las autoridades afganas para un juicio o una
reconciliación”. Dijo que estas audiencias son de hecho mejor que el antiguo
tribunal de revisión, pero agregó: “las mejoras son relativas y el listón ya
estaba muy bajo”.
A Horowitz claramente
le impresionó que ahora se puede llamar a testigos al estrado y que los
representantes personales se esfuerzan por actuar en defensa del preso, pero se
preocupó por la falta de suficiente personal, los problemas con los
traductores, la falta de conocimiento de la historia y cultura afganas y,
haciendo eco de los problemas en Guantánamo, criticó duramente el uso de
evidencia clasificada:
El hecho de que no se les permite a los presos repasar
información que es clasificada, perjudica seriamente la exactitud y la
legitimidad de las audiencias. Tal procedimiento respecto a lo clasificado,
aunque importante para proteger la identidad de los informantes, hace casi
imposible que el detenido cuestione con eficacia la verdad de las alegaciones.
Para solucionar el problema, las agencias militares y de inteligencia de
Estados Unidos tienen que poner fin a su cultura de excesiva clasificación y
dar mayor prioridad a mejorar su capacidad de recabar evidencia, y no su
capacidad de recabar información. Sin dejar atrás su dependencia en fuentes
secretas y adoptar una mayor transparencia, las operaciones de detención estadounidenses
y su sistema de revisión de detenidos están condenados a fracasar.
Horowirz también quejó de los continuos fracasos en
recabar información, un problema que desde luego ha plagado las operaciones
estadounidenses en Afganistán desde un principio, como se ha demostrado una y otra vez con los presos afganos en Guantánamo. En su
artículo, dijo que los militares “necesitan revisar sus fuentes de inteligencia
y eliminar a las fuentes que en repetidas ocasiones han proporcionado
información falsa e imprecisa. Una de las mayores quejas que hacen los afganos
de la política de detención estadounidense es que los informantes no tienen que
rendir cuentas a nadie” o, como él pudiera haber agregado, es demasiado fácil
que los informantes embauquen a los militares, como revelan las historias más
abajo.
Ponen en libertad a presos de Bagram
A raíz de la formación de los Tribunales de Revisión de
Detenidos, docenas de presos han salido de Bagram en libertad desde comienzos
del año. Por supuesto, otros salieron en libertad antes de eso, pero el proceso
carecía de un escrutinio independiente y muchas veces, aparentemente, se los
trasladaron a la custodia afgana, a pesar de los temores de que equivaldría a
relegar al preso a un sistema brutal donde había aún menos oportunidades para
poner a la prueba los argumentos estadounidenses por capturarlo.
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En marzo, como informó
la agencia noticiosa Associated Press (AP), pusieron en libertad
a cuatro hombres en una ceremonia oficial, una “shura”, en que estaban
presentes “el gobernador de la provincia y decenas de líderes ancianos
transportados desde Logar, la provincia inmediatamente al sur de Kabul,...
[quienes] mordisqueaban la torta de chocolate y la fruta que se habían puesto
para ellos en una mesa de conferencia, y escuchaban discursos que elogiaban un
nuevo programa en que se pondría en libertad a presos de [Bagram] si los
líderes comunitarios respondieran por ellos”. Como explicó AP, bajo el
programa, que comenzó en enero, “los líderes afganos de una zona pueden pedir
que se pongan en libertad a presos de Bagram que no son considerados una
amenaza, si los jefes de la zona prometen observarlos para asegurar que no
ayuden a la insurgencia”.
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No obstante, las quejas persistían. Haji Katel, un hombre
de 67 años de edad (puesto en libertad con tres hombres en sus treintenas)
dijo: “No hicimos nada malo y nos arrestaron”, pero prometió que cumpliría con
las condiciones de su libertad. Dijo: “Ahora estoy en libertad. No me importa.
No hice nada contra el gobierno antes y no haré nada contra él ahora”. Sin
embargo, uno de los hombres reunidos para saludarlo, Walir Wakil, un líder de
la comunidad, criticó la política estadounidense de una manera que es ya
tristemente conocida en la larga historia de la prisión y que surgió una y otra
vez en los relatos de afganos transferidos a Guantánamo en 2003 y 2003.
Preguntó: “¿Por qué a estos cuatro hombres puestos en
libertad los detuvieron sin evidencias por meses en la instalación fuera de la
base aérea de Bagram? ¿Por qué los soldados estadounidenses siguen haciendo
redadas de nuestras casas sin consultar con los líderes de la comunidad?”
Desdeñó la política declarada del general McChrystal de “consultar con los
representantes locales como parte de la política contrainsurgente de ganarle
corazones y mentes al Talibán”, y dijo: “Entre los afganos se lo escucha
mucho”.
La semana siguiente, el New York Times asistió a una asamblea de
poner en libertad a los presos, la cual fue más tormentosa y de paso reveló la
naturaleza ad hoc de la política estadounidense en Afganistán,
ofreciendo así a los que miraban con cuidado una lección del por qué la
modificación unilateral de la Convención de Ginebra solo conduce al caos. Esta
vez, los líderes ancianos que habían ido a responder por su compatriota eran
mucho menos generosos en cuanto a las fuerzas armadas estadounidenses. Cuando
se leía el documento de salida en libertad, “el comandante Dawood Zazai, un
líder pastún altísimo de la provincia de Paktia que había peleado contra los
soviéticos, golpeó el suelo con su muleta para llamarles la atención. Al igual
que otros líderes, no le gustó una cláusula del documento que decía que los
presos quedaron recluidos por sospechas razonables basadas en la inteligencia.
El comandante, golpeando el suelo otra vez con la muleta, dijo: “No puedo
firmar esto. No sé qué dijo esa inteligencia, pues no la vimos. Es cierto que somos
analfabetos, pero no somos ciegos. ¿Quién probó la culpabilidad de esos
hombres?”
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Como señaló el Times: “Nadie contestó, porque el
comandante Zazai acababa de tocar el meollo del debate jurídico que había
rugido en Estados Unidos por casi una década: ¿Tiene Estados Unidos el derecho
jurídico de recluir, indefinidamente y sin acusaciones o juicio, a gente
capturada en el campo de batalla?”
El Times debería haber añadido: y también gente no
“capturada en el campo de batalla”. En sus entrevistas con ex presos, la
corresponsala del Times Alissa J. Rubin tocó un problema más
fundamental, al notar que un tema recurrente era que “los estadounidenses
fueron embaucados regularmente por informantes que, si no le tenían rencor a
una persona determinada, fueron pagados para dar información a los
estadounidenses que resultaría en la detención de esa persona”.
Como explicación, Hajji Azizullah, un líder de 54 años de
la tribu andar de Ghazni, dijo al firmar por dos presos: “En primer lugar, la
información que ustedes tenían acerca de estos dos hombres era incorrecta.
Tenemos la confianza de que no ellos estaban involucrados con los insurgentes.
Si estuvieran involucrados, no estaríamos aquí para firmar su salida”. Uno de
los hombres puestos en libertad, Pacha Khan, descrito como un panadero
analfabeto de la provincia de Kunar, dijo estar “perplejo todavía respecto a
por qué lo detuvieron en primer lugar, y ni hablar de haberlo recluido por tres
años”. Dijo: “Soy inocente. Unos espías aceptaron dinero y me vendieron a los estadounidenses.
Los estadounidenses nos trataron muy bien, pero tú sabes, la cárcel es una cosa
grande: estar lejos de tu familia, tus parientes”. Su hermano, Gul Ahmed
Dindar, recalcó el costo humano de la detención, diciendo que “tenía que
mantener a la familia de su hermano, ocho hijos y una esposa, con el sueldo
miserable de un policía local”. Le dijo al reportero: “Estaban a punto de
vender a sus hijos. Tenían muy poco con qué vivir. Vendieron su única cabra, su
única oveja y su vaca. Luego vendieron sus muebles, que no eran muchos. Han
tenido una vida muy difícil”.
La naturaleza ad hoc del proceso de poner en
libertad a los presos se reveló al final de la asamblea. Como explicó el Times,
a pesar del hecho de que el vicealmirante Robert Harward, al mando de las
operaciones de detención en Afganistán, “insistió en que la inteligencia
estadounidense era buena y que eran insurgentes”, pronto capituló a las quejas
de los ancianos afganos, que estaban molestos porque el documento de libertad
requería que se pusieran de acuerdo con el punto de vista estadounidense de que
los hombres puestos en libertad tenían un “vínculo con la insurgencia”.
Mientras los ancianos asintieron con la cabeza, el documento se cambió para
decir que los hombres no tenían “ningún vínculo con la insurgencia”. El Times
apuntó que “el nuevo lenguaje se incluirá en los futuros documentos de aval” y
citó a Harward: “Aprendemos algo nuevo cada vez que hacemos esto”.
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La asamblea reportada más recientemente ocurrió el 15 de
mayo con la puesta en libertad de diez hombres, lo que lleva a un total de 200
para el año, de acuerdo aun informe de McClatchy. Sin embargo, otra vez llegó a ser un episodio tormentoso para los militares
estadounidenses, pues Haji Ghulam Farooq (el número 142 en la lista de presos de Bagram dada a conocer en enero), detenido por tres años, aprovechó la oportunidad para
decirles a los oficiales presentes, incluido el teniente general de la
Infantería de la Marina John R. Allen, el número dos del mando central en
Florida, que “temía que fuera tachado para siempre como un sospechoso que se
podría agarrar en cualquier momento”, como dijo McClatchy.
Acusado de colaborar con los insurgentes del Talibán,
Farooq le dijo al teniente general Allen: “Fui comandante del mujahedin. No
tiene lógica que yo estuviera contra este gobierno”. Otro hombre puesto en
libertad, Azzimuddin, de 38 años y padre de cuatro hijos, también quejó de su
detención. Dijo que “pasó más de dos semanas en la ‘prisión negra’ donde lo
recluían en una pequeña celda aislada”, y luego lo mandaron a la prisión
principal donde lo “interrogaban cada día por casi tres meses en torno a
acusaciones de que había ayudado a armar al Talibán”. Preguntó: “¿Por qué me
detuvieron si al final me dijeron ‘Eres inocente’?”.
En respuesta, el capitán Jack Hanzlik, director de
asuntos públicos del Mando Central Estadounidense, reiteró la línea oficial
sobre las prisiones secretas, discutida en la primera parte de este artículo.
Dijo: “No operamos centros de detención secretos”. Sin embargo, por lo menos
estaba contrito al responder de la detención de esos hombres. Dijo: “Si los
detuvimos injustamente, lo siento. Espero que este sea un día maravilloso de
regreso a sus familias”.
Eso fue una especie de gesto de reconciliación, pero como
explicó el líder tribal Dawood Zazai, que asistió a la asamblea en marzo y
estuvo presente para esta ceremonia también, es posible que fuera demasiado
poco y demasiado tarde. Afirmando una vez más que los estadounidenses “están
siendo embaucados por inteligencia errónea y utilizados por afganos maliciosos
que acusan falsamente a sus rivales de ser combatientes del Talibán para
ajustar cuentas”, señaló lo ruinoso que es el encarcelamiento falso en la lucha
por ganar corazones y mentes afganos. Dijo: “Ustedes hacen una operación y
enemistan a 5.000 personas. Un solo informe erróneo y han perdido todo un
distrito.”
El giro político más reciente: comienzan los juicios
Aunque en general el programa de poner en libertad a los
presos es loable, ningún repaso de la situación actual sería completo, si no
mencionara el frente más reciente de los continuos esfuerzos de Estados Unidos
de racionalizar la “guerra contra el terror” del gobierno de Bush. Associated Press informó
el 26 de mayo que, como parte del plan de entregar --a principios de 2012 a más
tardar-- el control de las instalaciones carcelarias de Bagram al gobierno
afgano, las autoridades estadounidenses empezarían a hacer juicios el 1 de
junio. En estos juicios, que se llevarían a cabo bajo la supervisión
estadounidense, los presos irían ante jueces afganos y los representarían
abogados afganos.
Es parte de lo que AP describió como “un esfuerzo por
ganar el apoyo de una población desconfiada, al ser más transparente sobre lo
que les pasa a las personas capturadas”, y algunas personas lo ven como un
avance, pero aún así da lugar a varias preguntas inquietantes: en particular,
¿de veras serán apropiados los juicios en una situación de guerra o serán otro
intento atolondrado de descartar la importancia de la Convención de Ginebra?
¿se puede confiar en que el gobierno afgano trate con justicia a los
enjuiciados? y ¿qué influencia seguirán teniendo los estadounidenses en cuanto
a proporcionar evidencias? Hasta qué punto esas preguntas se inquietan, y la
base muy real que tienen en preocupaciones demostrables, se pueden deducir de varios informes recientes de Human
Rights First. Es más, el comienzo de juicios tan pronto después de
que el tribunal de apelaciones denegara las peticiones de los presos
extranjeros por habeas corpus, no puede sino parecerles a algunos observadores
como oportuno y, por eso, sospechoso.
Es muy pronto para decir si tendrá éxito esta política
más reciente. Como informó la Associated Press
el 1 de junio, día en que comenzó la primera audiencia, “la naturaleza caótica
de la primera sesión de corte... demostró que la transición a un papel afgano
probablemente será lenta y tumultuosa”. Se procesaba a cuatro hombres: Misri
Gul, un hombre de 24 años arrestado en Khost en octubre de 2009; su hermano
Ghazni, detenido en marzo cuando fue a visitar a Misri en Bagram; y el padre de
ambos, Bismullah, y un tercer hermano Rahmi, de 22 años, ambos arrestados en
una redada a la casa el mes pasado.
Se los acusa de haber participado en ataques con bombas.
Según dice la fiscalía, sus huellas digitales correspondieron a huellas
digitales encontradas en una bombas descubiertas en la provincia de Khost, y en
la redada a su casa se encontraron rifles Kalashnikov y pistolas. Sin embargo,
surgieron problemas desde un principio, aparte de la afirmación obvia de los
cuatro abogados de defensa nombrados por el gobierno: “Comúnmente los hombres
de las montañas remotas del este de Afganistán guardan armas para proteger a su
familia, y no es necesariamente para pelear al lado de los insurgentes”.
La audiencia se condujo en dari, aunque los acusados
hablan pashto, y los abogados también quejaron que “se les dieron solo unos
cuantos días para repasar los hechos del caso”. El juez principal suspendió la
audiencia para darle más tiempo a la defensa para repasar el caso, hablar con
sus clientes y reclutar a un traductor, pero no fijó una nueva fecha y no está
del todo claro si los juicios se realizarán sin más complicaciones, o
abiertamente. Como dijo AP: “Los procesos presentan retos. No se permite que
los detenidos escuchen ciertas evidencias en su contra si son clasificadas. No
está claro el grado de acceso que tendrán los abogados y los jueces a esa
información”.
Además, otros comentarios –que algunos de los detenidos
“probablemente representan una amenaza demasiado grande para la seguridad o un
valor de inteligencia demasiado alto para cederlos al sistema
afgano”—ensombrecen todo y deben servir para recordarnos una vez más que, en la
“guerra contra el terror”, la Convención de Ginebra no solo está “desaparecida
en acción”, sino que detrás de cada intento de dar transparencia y ganar a
corazones y mentes acecha un sistema de detención secreto, en el cual siguen
recluyendo a “amenazas a la seguridad” y “personas de alto valor de
inteligencia” a pesar de lo que estipulan las leyes.
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