Revelaciones inquietantes en la lista de prisioneros de Bagram
20 de enero de 2010
Andy Worthington
El viernes, la ACLU logró una importante victoria en su campaña para obtener
información sobre los presos recluidos en la prisión estadounidense de la base
aérea de Bagram, en Afganistán (conocida como “Bagram Theater Internment
Facility”), cuando el Pentágono publicó una lista con los nombres de los 645
presos que se encontraban recluidos el 22 de septiembre de 2009 (PDF).
Aun así, a primera vista el documento parece de poca utilidad. Los nombres —que se suceden como una versión
generada al azar de un censo afgano— son lo únicos que ofrece esta lista, en
gran parte censurada. Cuando se presentó por primera vez la solicitud en virtud
de la FOIA en abril de 2009, la ACLU pidió a la administración Obama “que
hiciera públicos los registros relativos al número de personas actualmente
detenidas en Bagram, sus nombres, nacionalidad, lugar de captura y duración de
la detención, así como los registros relativos al proceso concedido a esos
prisioneros para impugnar su detención y su designación como “combatientes
enemigos””. Sin embargo, como explicó Melissa Goodman, abogada de la ACLU, en
una declaración
que acompañaba a la publicación de la lista el viernes:
La publicación de los nombres de los detenidos en Bagram es un paso importante hacia la
transparencia y la rendición de cuentas en la secreta prisión de Bagram, pero
es solo un primer paso… La plena transparencia y rendición de cuentas sobre
Bagram requiere revelar cuánto tiempo llevan estas personas encarceladas, de
dónde proceden y si fueron capturadas lejos de cualquier campo de batalla o en
otros países alejados de Afganistán.
No obstante, si se analiza con detenimiento, esta lista, aparentemente anodina y poco informativa, resulta bastante útil.
Aunque no se indican fechas ni lugares de captura, la lista sigue claramente un
orden cronológico, y los números de los presos (que comienzan por el 1201)
continúan a partir de los números asignados al último
de los presos ordinarios trasladados a Guantánamo desde Bagram en octubre
de 2003 (Mohammed
Mussa, preso 1165). Cabe señalar que los tres primeros nombres se refieren
a presos liberados de Guantánamo que fueron posteriormente vueltos a capturar,
pero en al menos uno de estos casos —el de Hafizullah
Shabaz Khiel— existen serias preocupaciones de que las autoridades
estadounidenses hayan detenido por segunda vez a un hombre inocente.
Esta correspondencia entre los números de los presos refuerza la comparación entre las dos prisiones, pero pone de
relieve el abismo que existe en realidad entre Guantánamo, donde los presos han
tenido acceso a abogados desde 2004 y han obtenido victorias judiciales que
ordenan su liberación en 32
de las 41 peticiones de hábeas corpus presentadas en los últimos 16 meses,
y Bagram, donde ningún abogado civil ha puesto un pie y donde la competencia de
los tribunales aún no se ha establecido y es objeto de una feroz controversia.
En marzo de 2009, tras la labor pionera de los abogados de la Red de Justicia Internacional, de la City University of New
York y de la Facultad de Derecho de Yale, el juez John D. Bates —nombrado por
George W. Bush— se pronunció sobre una solicitud de hábeas corpus presentada en
nombre de cuatro presos recluidos en Bagram desde hacía entre cinco y siete
años: Redha al-Najar, un tunecino detenido en Karachi (Pakistán) en mayo de
2002; Amin al-Bakri, un comerciante de piedras preciosas yemení detenido en
Bangkok (Tailandia) en diciembre de 2002; Fadi al-Maqaleh, un yemení detenido
en 2004, y Haji Wazir, un empresario afgano detenido en los Emiratos Árabes
Unidos en 2002.
En su fallo del pasado mes de marzo, el juez Bates concluyó que el recurso de hábeas corpus, concedido a los presos de
Guantánamo por el Corte Suprema en junio de 2008 (en el caso Boumediene
contra Bush), se extendía a los presos extranjeros detenidos en otros
países y trasladados a Bagram, porque “tanto los propios detenidos como los
motivos de la detención son esencialmente los mismos”.
Como expliqué
en su momento, el juez Bates tenía claramente razón, ya que “solo un
accidente administrativo —o alguna decisión aún desconocida que implicara
mantener a un puñado de presos extranjeros en Bagram, en lugar de enviarlos a
todos a Guantánamo— impidió que se unieran a los 779 hombres de la prisión
extraterritorial de Cuba”.
La sentencia del juez Bates solo afectaba a
los presos extranjeros trasladados a Bagram. Tras aplazar el fallo en el caso
de Haji Wazir, dictaminó
en julio que la sentencia Boumediene no se aplicaba a ningún afgano en
Bagram (ni siquiera a aquellos, como Haji Wazir, que habían sido trasladados desde
otros países). Reiterando las dudas que había expresado en marzo, se mostró
básicamente de acuerdo con la afirmación del Gobierno de que hacerlo causaría
“fricciones” con el Gobierno afgano, debido a las negociaciones en curso sobre
el traslado de los presos afganos a la custodia de su propio Gobierno.
A pesar de la lógica y la claridad de la sentencia de la jueza Bates sobre los derechos de los presos extranjeros
trasladados a Bagram, el Gobierno presentó un recurso de apelación y, hace dos
semanas, el Tribunal de Apelación se reunió para escuchar los argumentos a
favor y en contra de la sentencia. Tal y como lo describió el Washington
Post, el Departamento de Justicia argumentó que la sentencia de Bates
era “defectuosa”, ya que Bagram se encuentra en “una zona de guerra muy activa”
y “enfrentarse a procedimientos judiciales federales obstaculizaría el esfuerzo
bélico y complicaría las relaciones diplomáticas con el Gobierno afgano”, pero
dos de los jueces mostraron un claro interés en determinar si la sentencia del
juez Bates podía aplicarse dentro de unos parámetros estrictos. Tal y como
explicó el Post, los jueces David S. Tatel y Harry T. Edwards presionaron a
Tina Foster, una de las abogadas de los hombres, para que “elaborara un
argumento que limitara el alcance del hábeas corpus únicamente a sus clientes
en Bagram”, debido a su preocupación de que “conceder tales derechos a los
prisioneros de Bagram ampliaría el hábeas corpus a las bases militares de todo
el mundo”.
No se espera que el Tribunal de Apelación dicte su sentencia hasta dentro de varios meses, pero, mientras tanto, la lista
de presos recientemente publicada ofrece la primera oportunidad de intentar
averiguar la identidad de los demás presos extranjeros —36 en total, a fecha de
10 de marzo de 2009, según una declaración presentada por el Gobierno— que
también llevan muchos años recluidos en Bagram. Lo que hace que todo esto sea
aún más urgente es la fuerte sospecha de que varios de los presos extranjeros,
incluidos los tres hombres mencionados anteriormente, formaban parte del
programa de “sitios negros” de la CIA y estuvieron recluidos en diversas
prisiones secretas en Afganistán —o en otros lugares— antes de su eventual
traslado a Bagram.
Según Abu Yahya al-Libi, un miembro de Al Qaeda que escapó de Bagram en julio de 2005, dos de los hombres fue torturado
en varias prisiones secretas de Afganistán, gestionadas por la CIA, antes de
ser trasladados a Bagram, y el tercero fue entregado a Irak. En un informe que
ya no está disponible en línea, pero que comenté en mi libro The Guantánamo
Files, al-Libi escribió que al-Bakri estuvo recluido en la famosa “prisión
oscura” cerca de Kabul, en otra prisión del valle de Panjshir y en otra
prisión identificada como “Rissat”, antes de ser trasladado a Bagram; que
al-Najar también estuvo recluido en la “prisión oscura”, la prisión de
Panjshir, “Rissat” y otra prisión identificada como “Rissat 2”, y que
al-Maqaleh fue enviado a Abu Ghraib antes de Bagram.
Al-Libi identificó a un total de 12 presos —todos los cuales, según su relato, pasaron por la red de prisiones secretas—
y, aunque cuatro de estos hombres acabaron en Guantánamo, se desconoce el
paradero de los otros cinco, y solo dos pueden identificarse de forma
provisional a partir de la lista de presos:
Lutfi al-Arabi al-Gharisi podría ser Abou Hudeifa, un tunecino identificado como “prisionero
fantasma” en “Off the Record” (PDF), un informe
elaborado por varios grupos de derechos humanos que se publicó en junio de
2007. Al-Libi lo identificó como Abou Houdayfa, pero señaló que su verdadero
nombre era Lotfi. Capturado en Peshawar, Pakistán, a finales de 2002, según se
informa fue recluido en varias prisiones de la CIA en Afganistán, incluida la
Prisión Oscura, antes de ser trasladado a Bagram.
Salah Mohammad Ali podría ser Salah Din al-Bakistani (el pakistaní), quien, según al-Libi, vivía
en Doha, Catar, fue capturado en Bagdad en 2004 y estuvo recluido en Abu Ghraib
y en una «prisión de tortura» no identificada antes de su traslado a Bagram.
De los otros tres hombres mencionados por al-Libi, dos —Issa (tunecino) y Abu Naseem (libio)— también
aparecían en “Off the Record”, mientras que el tercero, Abdelhaq al-Jazairi, un
argelino detenido en Georgia, no ha sido mencionado fuera de “The Guantánamo
Files”. Al-Libi escribió que temía que al-Jazairi hubiera sido enviado a
Argelia, y es muy posible que él y docenas de otros prisioneros retenidos por
la CIA, cuyo paradero actual se desconoce, fueran devuelto a sus países de origen.
Estos hombres se encontraban entre los 94 prisioneros mencionados por el fiscal general adjunto Stephen Bradbury en uno
de los famosos “memorandos
sobre tortura” de la Oficina del Asesor Jurídico, redactado en mayo de 2005
y publicado por la administración Obama el pasado mes de abril, y existen sospechas
de que varios “prisioneros fantasma” fueron devueltos a sus países de origen en
2006. Un ejemplo significativo de este proceso es Ibn al-Shaykh al-Libi, el
“prisionero fantasma” más notorio de la CIA. Entregado a Egipto en 2002,
al-Libi confesó
falsamente bajo tortura que existían conexiones entre Al Qaeda y Sadam
Husein, lo que posteriormente se utilizó para justificar la invasión de Irak.
Tras varios
entregas más a prisiones “apoderado” y otras gestionadas por la CIA, fue
devuelto a Libia, donde murió, supuestamente
por suicidio, en mayo del año pasado.
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Sin embargo, aunque es probable que varios de los antiguos “prisioneros fantasma”
hayan sido repatriados para enfrentarse a la pena de muerte o a una nueva
detención, no es inconcebible que algunos prisioneros no figuren en la lista
porque se encuentran recluidos en otro lugar —quizás en algún rincón de Bagram
al que no llega la lista—.
Un indicio de que así es la cosa es la aparente omisión de la lista de Amanatullah Ali, un pakistaní que fue detenido
por las fuerzas británicas en Irak en 2004 y trasladado a Bagram. Su detención
en Bagram ha sido confirmada a través de cartas enviadas a su familia, y su
historia, contada por David Rose en el diario británico Mail on Sunday el 9 de diciembre,
es significativa no solo porque arroja luz sobre la complicidad del Gobierno
británico en el programa de entregas extraordinarias de Bagram, sino también
porque revela hasta qué punto privar a los presos del derecho a impugnar los
fundamentos de su detención perpetúa los mismos errores que se cometieron en Guantánamo.
Amanatullah Ali, un comerciante de arroz que se encontraba en un viaje de negocios a Irán, fue detenido en Bagdad tras
decidir visitar algunos lugares sagrados en Irak. Según el secretario de
Defensa británico John Hutton, quien admitió en febrero de 2009 que Ali y otro
pakistaní —Salahuddin, que probablemente sea Salah Din, mencionado
anteriormente— habían sido transferidos a custodia estadounidense en Bagram,
ambos hombres eran considerados miembros del grupo terrorista pakistaní
Lashkar-e-Tayyiba (LeT). En el caso de Ali, sin embargo, esto es imposible, ya
que es musulmán chií y, como han explicado sus abogados de Reprieve, LeT es “un
grupo extremista suní que considera herejes a todos los chiíes y que
actualmente está llevando a cabo una violenta campaña en el Punyab para
despojar de sus propiedades a terratenientes chiíes como el Sr. Amanatullah”.
Este análisis de la lista de presos apenas roza la superficie de los oscuros secretos de Bagram, pero espero que sirva de
punto de partida útil para plantear más preguntas sobre el paradero de los 36
presos extranjeros mencionados en marzo de 2009, y de otros recluidos en la red
de prisiones secretas de la CIA, y que el caso de Amanatullah Ali demuestre por
qué es irresponsable permitir que las políticas de detención de la
administración Bush queden sin respuesta.
En un segundo artículo que publicaré próximamente, analizaré lo que revela la lista sobre cómo los presos de Bagram
siguen sin ser tratados de acuerdo con los Convenios de Ginebra, y lo que no
revela sobre otros presos trasladados desde Bagram a la custodia afgana, o a un
bloque reformado por Estados Unidos en la prisión principal de Kabul,
Pol-i-Charki. También examinaré las afirmaciones de que la administración Obama
no ha abandonado por completo el programa de “entregas extraordinarias” y
podría estar tratando de evitar nuevos litigios al entregar Bagram al Gobierno afgano.
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