Jueces conservadores demuelen la falsa legitimidad de
los juicios por terrorismo de Guantánamo
10.11.12
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 22 de agosto de 2023
¿Cuándo un crimen de guerra no es un crimen de guerra? Cuando lo inventan el poder
ejecutivo y el Congreso, y se aplica durante seis años hasta que un tribunal de
apelación profundamente conservador lo anula.
El crimen de guerra inventado es "proporcionar apoyo material al terrorismo", y el 16 de
octubre de 2012, un panel de tres jueces del Tribunal de Circuito de Washington
D.C. (el Tribunal de Apelaciones de Washington D.C.) anuló la condena de Salim
Hamdan, un chofer de Osama bin Laden, que había recibido
una sentencia de cinco años y medio por "proporcionar apoyo material
al terrorismo" al final de su juicio ante una comisión militar en agosto
de 2008 (aunque fue liberado apenas cinco meses después, ya que su sentencia
incluía el tiempo ya cumplido).
En
su sentencia, el tribunal declaró: "Cuando Hamdan cometió la conducta
en cuestión, el derecho internacional de la guerra proscribía diversos crímenes
de guerra, incluidas formas de terrorismo. En aquel momento, sin embargo, el
derecho internacional de la guerra no proscribía el apoyo material al
terrorismo como crimen de guerra."
Para cualquiera que haya seguido con cierta profundidad la historia de las comisiones militares, el
resultado no era del todo inesperado. Revividas por el gobierno de Bush en
noviembre de 2001, específicamente para juzgar a prisioneros capturados en la
"guerra contra el terrorismo", las comisiones fueron anuladas por el
Corte Supremo en junio de 2006, pero luego fueron revividas por el Congreso,
cuando "proporcionar apoyo material al terrorismo" y
"conspiración" se incluyeron como crímenes de guerra, a pesar de que
no había precedentes para hacerlo.
Cuando el gobierno de Obama reactivó las comisiones en 2009, altos cargos -Jeh Johnson, consejero
general del Departamento de Defensa, y David Kris, fiscal general adjunto de la
División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia hasta 2011- se
opusieron a mantener la expresión "apoyo material al terrorismo" en
la legislación, argumentando que podría ser revocada en apelación. Kris declaró
en una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado que
"existe un riesgo significativo de que los tribunales de apelación
concluyan finalmente que el apoyo material al terrorismo NO es un delito
tradicional del derecho de la guerra, revocando así condenas duramente ganadas,
y dando lugar a dudas sobre la legitimidad del sistema", y Jeh Johnson dijo
al comité: "Tras un cuidadoso estudio, la Administración ha llegado a
la conclusión de que los tribunales de apelación pueden considerar que el
"apoyo material al terrorismo" -un delito que también se encuentra en
el Título 18- no es una violación tradicional del derecho de la guerra."
El Congreso, sin embargo, no tuvo en cuenta estas advertencias.
Para quienes, como yo, han criticado a los jueces del Tribunal de Circuito de Washington DC por
vaciar de todo significado el habeas corpus en lo que respecta a los presos
de Guantánamo, el resultado fue, no obstante, sorprendente. En lo que respecta
a las peticiones de hábeas corpus de los presos, los jueces del Tribunal de
Circuito de Washington D.C. han insistido, desafiando pruebas bien documentadas
de lo contrario, en que la información en la que se basa el gobierno como prueba
debe considerarse presuntamente exacta. El resultado es que, tras una
aluvión de merecidas victorias de 38 presos entre 2008 y 2010, ni un solo
preso ha ganado en los últimos dos años y medio, y varias peticiones que habían
prosperado han sido anuladas.
Los jueces que se han destacado especialmente a la hora de socavar el habeas corpus son los jueces
superiores A.
Raymond Randolph y Laurence
H. Silberman, y la juez Janice Rogers Brown, pero el juez Brett M. Kavanaugh, que redactó la opinión en Hamdan
contra Estados Unidos de América, como parte de un panel en el que también
figuraban el juez presidente David B. Sentelle y el juez superior Douglas H.
Ginsburg, también ha prestado su apoyo.
En marzo de 2011, por ejemplo, el juez Kavanaugh escribió
una notoria opinión revocando la exitosa petición de hábeas corpus de
Uthman Abdul Rahim Mohammed Uthman, concedida en febrero de 2010, a pesar de
que las únicas pruebas contra Uthman, como había reconocido el juez de
distrito, procedían
de prisioneros que habían sido recluidos en "sitios negros" y
sometidos a tortura.
Aunque las sentencias de hábeas corpus del Tribunal de Circuito de Washington siguen proyectando una
monstruosa sombra de injusticia sobre la detención de presos en Guantánamo, la
sentencia del tribunal sobre las comisiones militares asesta un duro golpe a la
legitimidad de esos juicios.
Salim Hamdan fue acusado de conspiración, así como de proporcionar apoyo material al terrorismo,
aunque fue absuelto del primer cargo por su jurado militar. De los siete
hombres condenados en juicios ante comisiones militares -o mediante acuerdos de
culpabilidad- sólo uno, el australiano David Hicks, que se declaró culpable en
marzo de 2007, fue acusado únicamente de proporcionar apoyo material al
terrorismo, lo que significa que su condena también debe
ser anulada.
Sin embargo, es posible que el cargo de conspiración también se marchite bajo el escrutinio. La
prueba de ello está próxima en un recurso presentado en nombre de Ali Hamza
al-Bahlul, que fue declarado culpable de conspiración y apoyo material por
crear un vídeo de propaganda para Al Qaeda y condenado
a cadena perpetua en noviembre de 2008, tras
un juicio parcial en el que se negó a presentar defensa.
Además, al-Bahlul no está solo. De los otros cuatro hombres que han sido declarados culpables o que
han aceptado acuerdos con la fiscalía, Ibrahim al-Qosi, sudanés puesto
en libertad en julio de este año, se
declaró culpable de un cargo de conspiración y otro de apoyo material al
terrorismo en julio de 2010, y otro sudanés, Noor Uthman Muhammed, también se
declaró culpable de apoyo material al terrorismo y conspiración en febrero
de 2011, y su puesta en libertad está prevista para diciembre de 2013.
Los casos de Majid Khan y Omar
Khadr (trasladado a custodia canadiense en
septiembre) son más complejos, ya que Khan aceptó un acuerdo de culpabilidad
por haber participado en la conspiración de actos de terrorismo y haber
trabajado con Khalid Sheikh Mohammed, el presunto cerebro de los atentados del
11-S, y Khadr, notoriamente, se vio obligado a declararse culpable de matar a
un soldado estadounidense, en tiempo de guerra, en un país ocupado por las
fuerzas estadounidenses, cuando sólo tenía 15 años, un acto que la
administración Obama tiene el descaro de considerar un crimen de guerra.
Ahora que el presidente Obama inicia su segundo mandato como presidente, la sentencia Hamdan
le ha dejado con un sistema de juicios desacreditado en Guantánamo, cuya
credibilidad no puede rescatar. Como explicó
el profesor de Derecho Steve Vladeck en un análisis de la sentencia para el
blog Lawfare:
Si [la] decisión es una pérdida para alguien, es una pérdida para el propio sistema de comisiones, en
el que, sin ninguna disidencia, el juez de primera instancia y el Tribunal
de Revisión de Comisiones Militares sostuvieron que era simplemente
incuestionable que el MST [proporcionar apoyo material al terrorismo] era una
violación reconocida de las leyes internacionales de la guerra. Esa opinión
recibió exactamente cero votos de un panel muy conservador de un tribunal que
no se ha mostrado precisamente comprensivo con las reclamaciones de los
detenidos de Guantánamo. Es difícil imaginar un reproche más contundente a la calidad
(o falta de calidad) del razonamiento jurídico empleado por la comisión militar
o por el CMCR, y puede que sea en ese repudio donde [la] decisión tenga las
mayores ramificaciones a largo plazo.
Si el presidente Obama está prestando atención, puede que sea sensato hacer planes para hacer lo que prometió
en noviembre de 2009, pero de lo que luego se retractó
cuando fue criticado, y es procesar a los acusados de auténticos delitos de
terrorismo -Khalid Sheikh Mohammed y sus cuatro coacusados, y un puñado de
hombres más- ante tribunales federales, y abandonar de una vez por todas las
desacreditadas comisiones militares. Eso no eliminará el hedor de la tortura en
los casos de los "detenidos de alto valor", ni superará
la incapacidad de exigir responsabilidades a quienes autorizaron la
tortura, pero cerraría la puerta al menos a un terrible legado de los años de Bush.
También sería sensato dejar de fingir que figuras periféricas -como Salim Hamdan, David Hicks, Noor
Uthman Muhammed, Omar Khadr y otros que, en un momento u otro, han sido propuestos
para ser juzgados por comisiones militares- son culpables de crímenes de
guerra, y enviarlos de vuelta a casa, junto con los 86 presos que siguen
retenidos en Guantánamo (de un total de 166), cuya liberación
está autorizada desde hace muchos años, pero que siguen retenidos a causa
de los juegos políticos y la cobardía presidencial que han caracterizado el
primer mandato de Barack Obama.
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