El juicio a un niño torturado: el legado de Obama en Guantánamo
03 de mayo de 2010
Andy Worthington
Desde que llegó al poder hace 15 meses, con la promesa
de cerrar Guantánamo en el plazo de un año y tras suspender el tan criticado
sistema de juicios ante comisiones militares para los sospechosos de
terrorismo, el entusiasmo del presidente Obama por repudiar las políticas de
detención de la "guerra contra el terrorismo" del Gobierno de Bush se ha estancado.
La decadencia se inició casi de inmediato, cuando la nueva administración invocó
la “doctrina del secreto de Estado” el pasado mes de febrero para hacer
frente a una demanda presentada por varios hombres sometidos a "entregas
extraordinarias" y tortura, y se consolidó el pasado mes de mayo, cuando Obama
pronunció un importante
discurso sobre seguridad nacional en el que anunció que las comisiones
militares volvían a estar sobre la mesa, y también manifestó su intención de
seguir reteniendo a algunos presos en Guantánamo sin cargos ni juicio.
En noviembre, el fiscal general Eric Holder selló el sistema judicial de dos velocidades del Gobierno
para los sospechosos de terrorismo en Guantánamo al anunciar que cinco hombres serían
juzgados ante tribunales federales por su presunta participación en los
atentados del 11-S, mientras que otros cinco serían juzgados por una comisión
militar, en una versión renovada de los "tribunales antiterroristas", aprobada
por el Congreso durante el verano.
Este año, Obama decepcionó a los críticos en EE.UU. y a quienes siguen de cerca sus actividades en todo el
mundo al
no cerrar Guantánamo en el plazo de un año, tal y como había prometido, y
al no fijar una nueva fecha límite para el cierre de la prisión; sin embargo,
la semana pasada su Gobierno siguió adelante con lo que bien podría
considerarse el fracaso más decepcionante a la hora de repudiar las políticas
crueles, caóticas e injustas de la "guerra contra el terrorismo" del Gobierno
de Bush: el juicio, ante una comisión militar, de Omar Khadr.
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Khadr, ciudadano canadiense, tenía tan solo 15 años cuando fue detenido por las
fuerzas estadounidenses tras un tiroteo en Afganistán en julio de 2002, en el
que supuestamente lanzó una granada que mató a un soldado estadounidense, el
sargento Christopher Speer, y fue trasladado primero a la prisión
estadounidense de la base aérea de Bagram y, posteriormente, a Guantánamo,
donde permanece hasta el día de hoy. Llevo cubriendo su caso desde
junio de 2007, cuando tuvo lugar su primera vista previa al juicio en la
primera encarnación de las Comisiones, después de que el Corte Suprema dictaminara en
junio de 2006 que la versión original —una idea de Dick
Cheney y su asesor jurídico David Addington— era ilegal.
Durante casi tres años, por lo tanto, he sido testigo de cómo una parodia de sistema judicial,
inquietantemente caótica y mal concebida, ha intentado, sin éxito, juzgar a
Omar Khadr, y los numerosos fallos de este intento no se han resuelto con los
ajustes que el Congreso introdujo en el sistema el verano pasado.
La vergüenza y la deshonra de juzgar a un menor
En primer lugar, y lo más importante, Khadr era un menor cuando fue detenido. Esto no significó nada para
la Administración Bush, pero está claro que tampoco significa nada para la
Administración Obama. Allá por mayo de 2003, cuando se dio a conocer por
primera vez la noticia de que había menores recluidos en Guantánamo (y las
investigaciones indican que había al menos
22 menores en total), el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, declaró
con impaciencia en una rueda de prensa: "Este constante estribillo de “los
menores”, como si hubiera un centenar de niños allí dentro… Estos no son
niños", y el general Richard Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto, añadió que
"pueden ser menores, pero no están en ningún equipo de la liga infantil. Están
en un equipo de las grandes ligas, y es un equipo de terroristas, y están en
Guantánamo por una muy buena razón: por nuestra seguridad, por vuestra seguridad".
Esta retórica tuvo buena acogida entre quienes sostienen que todo el mundo es responsable de sus actos,
independientemente de su edad, pero en un mundo más progresista —del que
Estados Unidos forma parte técnicamente—, los menores —definidos como aquellas
personas menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito del que
se les acusa— "requieren una protección especial", según el Protocolo
Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, del
que Estados Unidos es signatario. El Protocolo Facultativo reconoce
específicamente "las necesidades especiales de aquellos niños que son
particularmente vulnerables al reclutamiento o a la participación en hostilidades",
y exige a sus signatarios que promuevan "la rehabilitación física y psicosocial
y la reintegración social de los niños víctimas de conflictos armados".
Sería difícil encontrar un caso más adecuado de un niño que fuera "especialmente vulnerable al
reclutamiento o la utilización en hostilidades" que el de Omar Khadr, quien
pasó gran parte de su infancia en Afganistán, llevado allí por su padre, un
presunto recaudador de fondos para Osama bin Laden, y, sin embargo, como
demostré en un artículo de octubre de 2008 titulado “Omar
Khadr: Los archivos de Guantánamo”, Khadr nunca ha recibido "rehabilitación
física y psicosocial ni reintegración social", porque se ignoró por completo un
plan detallado presentado por cuatro médicos al Departamento de Defensa en
enero de 2003, titulado "Medidas recomendadas para la acogida y detención de
menores de 18 años".
El problema de los cargos inventados por crímenes de guerra
Más allá de este problema tan evidente en el juicio de Omar Khadr (y de sus casi ocho años de detención),
otro problema fundamental de la decisión de Obama de seguir adelante con el
enjuiciamiento de un antiguo preso menor de edad en un juicio por crímenes de
guerra tiene que ver con el fundamento de los cargos contra Khadr. A nivel
intuitivo, los críticos del juicio a Khadr han reconocido, desde el principio,
que hay algo terriblemente sesgado en la redefinición de las leyes de la guerra
aceptadas internacionalmente, de modo que una de las partes en un conflicto
armado —Estados Unidos— pueda matar a quien quiera con impunidad, mientras que
a sus oponentes se les considera terroristas o, cuando son llevados a juicio,
como personas que han cometido "asesinato en violación del derecho de la guerra".
El teniente coronel David Frakt, que sabe más sobre el derecho de la guerra que el Congreso o los
funcionarios de las administraciones de Bush u Obama, lleva mucho
tiempo señalando que las comisiones militares adolecen de defectos
fundamentales porque incluyen "delitos de derecho de la guerra" inventados por
el Congreso, entre ellos "prestar apoyo material al terrorismo" y "asesinato en
violación del derecho de la guerra". Tal y como explicó
la semana pasada, al iniciarse las audiencias previas al juicio de Khadr,
este último delito fue introducido por el Departamento de Defensa en 2003,
cuando se definían los delitos susceptibles de ser juzgados por una comisión
militar, como "asesinato cometido por un beligerante no privilegiado". Añadió:
En virtud del artículo
4 del Convenio de Ginebra sobre prisioneros de guerra, queda claro que, si bien un miembro de un
movimiento de resistencia organizado o de una milicia puede ser un beligerante
no privilegiado (por no llevar uniforme o no portar armas de forma visible, por
ejemplo), puede seguir cumpliendo con las leyes y costumbres de la guerra, por
lo que no todos los actos hostiles cometidos por beligerantes no privilegiados
son crímenes de guerra. Los ataques perpetrados por beligerantes no
privilegiados que respeten el derecho de la guerra (en el sentido de que atacan
objetivos militares legítimos con armas legítimas) solo pueden ser juzgados en
tribunales nacionales. En Irak, por ejemplo, los insurgentes que intentan matar
a estadounidenses colocando bombas en las carreteras son debidamente detenidos
y juzgados ante el Tribunal Penal Central de Irak como delincuentes comunes.
Los ataques perpetrados por beligerantes no privilegiados que violan el derecho
de la guerra, como los ataques contra civiles o soldados que intentan rendirse,
o el uso de armas prohibidas como el gas venenoso, pueden ser juzgados en un
tribunal de crímenes de guerra.
Cuando el Congreso restableció las comisiones en 2006 (tras haberlas declarado ilegales), el
delito de "asesinato cometido por un beligerante sin privilegios" pasó a
denominarse "asesinato en violación del derecho de la guerra". Sin embargo, tal
y como explicó el teniente coronel Frakt, la distinción parecía ser meramente
superficial y, lo que es más importante, los jueces de los dos únicos juicios
completos que se celebraron (los de Salim
Hamdan y Ali
Hamza al-Bahlul), así como el juez del caso de Mohamed
Jawad (puesto
en libertad en agosto de 2009), rechazaron el supuesto delito,
"dictaminando en cada caso que la mera condición de beligerante sin privilegios
era insuficiente para demostrar una violación del derecho de la guerra".
A pesar de que el teniente coronel Frakt alertó al Congreso sobre estos problemas el verano pasado, los
legisladores mantuvieron sin cambios la definición de "asesinato en violación
del derecho de la guerra" en la nueva versión de las comisiones; sin embargo,
sorprendentemente, los funcionarios del Departamento de Defensa añadieron un
"comentario oficial" en el que explicaban que "un acusado puede ser condenado
en una comisión militar… si la comisión determina que el acusado incurrió en
una conducta que tradicionalmente puede ser juzgada por una comisión militar
(por ejemplo, espionaje; asesinato cometido cuando el acusado no cumplía los
requisitos de beligerancia privilegiada), incluso si dicha conducta no viola el
derecho internacional de la guerra". En otras palabras, tal y como explicó el
teniente coronel Frakt, "un detenido puede ser condenado por asesinato en
violación del derecho de la guerra aunque, en realidad, no haya violado dicho derecho".
La primera semana, plagada de irregularidades, de las vistas previas al juicio de Omar Khadr
Este nuevo giro en las comisiones, absurdamente mal concebidas, no se hizo patente durante la primera
semana de las actuaciones previas al juicio en el caso de Omar Khadr, aunque
sin duda saldrá a la luz si el juicio llega a celebrarse en julio, y su equipo
de defensa aún no ha planteado la edad de Khadr en el momento de su captura
como tema de campaña. Aun así, hubo incompetencia y manipulación más que
suficientes como para indicar que la decisión del presidente Obama de reactivar
las comisiones conducirá, con toda probabilidad, no solo a prolongados recursos
judiciales, sino también a la indignación internacional por el fracaso tanto de
la Administración como del Congreso a la hora de hacer justicia a los presos de Guantánamo.
Mientras decenas de periodistas se preparaban para las audiencias previas al juicio en Guantánamo
el pasado martes, tras haber experimentado la pesadilla logística que hace que
celebrar juicios en la base naval sea una idea tan desacertada, solo por
razones de coste y viabilidad, recibieron su primera muestra del caos que, sin
falta, convierte estos procedimientos en poco más que una oscura farsa. La
vista del primer día se retrasó para que todos pudieran revisar el nuevo Manual
de Comisiones Militares (PDF),
que no fue firmado por el secretario de Defensa, Robert Gates, hasta la tarde
del 27 de abril, y que ahora había que descargar e imprimir en una parte del
mundo donde la tecnología suele estar estancada, en el mejor de los casos, a finales
del siglo XX.
Aunque Khadr se presentó al inicio retrasado de las vistas del primer día, que comenzaron el miércoles por
la tarde, boicoteó prácticamente el resto de las sesiones de la semana, durante
las cuales, ya fuera de forma deliberada o no, puso de manifiesto el tipo de
medidas de seguridad excesivas que se consideran normales en Guantánamo. El
segundo día, tras quejarse de dolor ocular, aparentemente provocado por una
conjuntivitis, se negó a ponerse unas gafas opacas para el trayecto desde su
celda hasta la sala del tribunal en un vehículo sin ventanas, y le dijo a su
escolta, la capitana de la Infantería de Marina Laura Bruzzese: "Estás
intentando humillarme". Aunque le convencieron para que asistiera más tarde ese
mismo día, volvió a negarse a acudir el tercer día, quejándose de que un
registro en la cintura en busca de objetos prohibidos "se acerca demasiado a
sus genitales por la forma en que se lleva a cabo", tal y como explicó Barry
Coburn, uno de sus abogados defensores militares. El sábado, se negó de nuevo y
le dijo a la capitana Bruzzese: "No voy a ir, nada empieza a las 07:30".
Mientras tanto, en la sala del tribunal, los debates se centraron en la fiabilidad de las pruebas
recabadas por el Gobierno durante los interrogatorios a Khadr. El equipo de
defensa de Khadr ha sostenido desde hace tiempo que Khadr, que se encontraba
gravemente herido en el momento de su captura —había recibido dos disparos en
la espalda—, fue sometido a un trato brutal en la prisión estadounidense de
Bagram y, posteriormente, en Guantánamo, lo que descarta cualquier declaración
autoincriminatoria que pudiera haber realizado como "fruto de la tortura". Como
expliqué en un análisis
exhaustivo del caso de Khadr en noviembre de 2007:
Según su propio relato, recogido por Amnistía
Internacional, "pidió analgésicos para sus heridas, pero se los negaron", dijo que
"durante los interrogatorios le colocaron una bolsa en la cabeza y el
personal estadounidense introdujo perros militares en la habitación para
asustarlo", y añadió que "no le permitieron ir al baño y lo obligaron
a orinarse encima". Como a muchos otros prisioneros, también le colgaron
de las muñecas, y explicó que "le ataron las manos por encima del marco de
una puerta y le obligaron a permanecer de pie en esta posición durante
horas." Un artículo de Rolling Stone, de agosto de 2006,
añadía más detalles, señalando que "lo llevaban a las salas de
interrogatorio en camillas, con mucho dolor", y que "le ordenaban
limpiar el suelo con las manos y las rodillas mientras sus heridas aún estaban
húmedas."
La mayor parte de lo anterior parece haber tenido lugar en Bagram, donde la brutalidad era tan
habitual durante la estancia de Khadr allí que al menos
dos presos murieron a causa de las heridas infligidas por sus guardias
apenas unos meses después de su salida. Sin embargo, los malos tratos
continuaron en Guantánamo, donde —cabe señalar— llegó más o menos en el momento
en que acababa de implantarse un régimen de humillación, aislamiento y malos
tratos —que incluía la manipulación extrema de la temperatura, la desnudez
forzada y la humillación sexual—, basado en la ingeniería
inversa de las técnicas de tortura utilizadas en un programa militar
diseñado para entrenar al personal estadounidense a resistir los
interrogatorios en caso de ser capturado, en un intento por aumentar el escaso
flujo de "información de inteligencia procésale" procedente de la prisión. Como
expliqué en 2007:
Contó a sus abogados que le "encadenaban con grilletes cortos las manos y los pies a un perno del suelo y
le dejaban así durante cinco o seis horas", y que "de vez en cuando un oficial
estadounidense entraba en la habitación para burlarse de él". También dijo que
le "mantenían en habitaciones extremadamente frías", que "le levantaban por el
cuello mientras estaba encadenado y luego le dejaban caer al suelo" y que "le
golpeaban los guardias". En un incidente especialmente notorio, los guardias lo
dejaron encadenado hasta que se orinó encima, y luego "le echaron un líquido
limpiador con aroma a pino y lo utilizaron como “fregona humana” para limpiar
el desastre". Como si hiciera falta más humillación, añadió que "no le
proporcionaron ropa limpia durante varios días tras esta degradación".
En contraposición a las afirmaciones de Khadr, el Gobierno ha alegado que se le trató de forma humana y que él mismo
proporcionó voluntariamente información autoincriminatoria. Robert Fuller, un
agente del FBI que interrogó a Khadr en Bagram en octubre de 2002, declaró el
miércoles que sus interrogatorios a Khadr fueron "coloquiales" y "sin
confrontaciones", y añadió: " Nunca le pusimos las manos encima al señor
Khadr", y afirmó que Khadr habló "abiertamente, con confianza y sin reparos
sobre Al Qaeda" y admitió haber lanzado la granada que mató al sargento Speer.
El testimonio de Fuller continuó el jueves, y el viernes, una joven reservista
de la Marina (identificada únicamente como "agente número 11") también habló
sobre interrogatorios no coercitivos, esta vez en Guantánamo.
Tal y como explicó Michelle Shephard en el Toronto Star, la antigua interrogadora declaró ante el
tribunal que, "a lo largo de 12 entrevistas, que comenzaron en el hospital de
la prisión cuando Khadr llegó [a Guantánamo] el 28 de octubre de 2002, él
accedió a hablar mientras compartían M&Ms y Fig Newtons". Afirmando que fue
elegida para interrogar a Khadr con la esperanza de que él se identificara con
ella como una "figura materna", también declaró que su relación era tan buena
que Khadr le dijo: "Prefiero estar en la sala de interrogatorios contigo que
aburrido en mi celda".
Sea esto cierto o no, la "agente número 11" reveló sin querer la futilidad general de cooperar con los
interrogadores de Guantánamo, al explicar que "él sabía que, si se mostraba
cooperativo, se aceleraría su repatriación a Canadá", una afirmación que
carecía claramente de fundamento. También afirmó que él confesó haber lanzado
la granada que mató al sargento Speer "como se ve en las películas", y añadió
que él dijo "que miró su reloj justo antes de lanzar la granada para anotar la
hora". El abogado defensor militar, el teniente coronel Jon Jackson, calificó
esto de "extraño", según Shephard, "sobre todo porque… Khadr sangraba por la
cabeza y había perdido la vista de un ojo por la metralla en ese momento" —o,
en otro posible escenario, estaba inconsciente y boca abajo bajo un montón de escombros.
¿Lanzó Omar Khadr la granada?
La cuestión de si Khadr lanzó o no la granada que mató al sargento Speer es, por supuesto, crucial para
su caso, y en el tercer día de las vistas (el sábado) se abordaron estas
afirmaciones y contraargumentos. Allá por marzo de 2008, se reveló
que existían dos versiones de un informe que describía el tiroteo, ambas
redactadas por el comandante de la unidad de Fuerzas Especiales encargada de
capturar a Khadr, identificado únicamente como "teniente coronel W".
En la primera versión, el "teniente coronel W" afirmaba que la persona que había lanzado la granada había
resultado muerta. Esto, por supuesto, descartaría a Khadr como sospechoso, pero
en la versión revisada, el "teniente coronel W" cambió una sola línea para
señalar que la persona que lanzó la granada fue "atacada", implicando así a
Khadr, que era el único superviviente no estadounidense del tiroteo. El sábado,
él "teniente coronel W." testificó por videoconferencia desde la Escuela
Superior de Guerra del Ejército de EE.UU. en Pensilvania, alegando que había
modificado su informe "por el bien de la historia", pero únicamente porque
inicialmente había creído que Khadr había fallecido. Afirmó que lo modificó,
varios años después de los hechos, tras recibir la visita de investigadores militares.
¿Salvará un acuerdo con la fiscalía a Omar Khadr (y a Obama) de los riesgos de un juicio?
Las vistas previas al juicio continúan esta semana en Guantánamo y, para ser sinceros, podría pasar
cualquier cosa. Según algunas de las primeras informaciones de la semana
pasada, la fiscalía ofreció a Khadr un acuerdo con la fiscalía antes incluso de
que comenzaran las vistas —proponiéndole que cumpliera cinco años en una
prisión estadounidense a cambio de declararse culpable de los cargos de
crímenes de guerra que se le imputan—, pero el equipo de la defensa rechazó la
oferta. Sin embargo, el sábado el Washington
Post afirmó que la Administración Obama estaba buscando activamente un
acuerdo de declaración de culpabilidad. Un alto funcionario, al referirse al
juicio propuesto para julio —que sería el primero en celebrarse bajo el mandato
de Obama—, declaró al Post: "Esto no es lo que uno elegiría para
empezar. Khadr se ha convertido en una causa, y este no es un caso que vaya a
demostrar la solidez y la validez de las comisiones militares".
Esto parece bastante hipócrita, ya que el Gobierno sabía claramente lo que hacía cuando se propuso
el nombre de Khadr el pasado noviembre, pero quizá Obama haya encontrado por
fin su conciencia y se esté echando atrás. Al fin y al cabo, como declaró con
autoridad el teniente coronel David Frakt la semana pasada:
La decisión del Gobierno de seguir adelante con el primer juicio por crímenes de guerra contra un niño soldado en
la historia moderna es incomprensible. Que el Gobierno intente luego garantizar
una condena tratando de reescribir la ley para crear un nuevo delito de guerra
es censurable.
Si una Administración que prometió "esperanza y cambio" no quiere acabar definitivamente tachada de
defensora de lo "incomprensible y censurable", Obama debe actuar con rapidez.
Modificar el acuerdo de declaración de culpabilidad para que Khadr quede en
libertad tras un período mucho más corto que cinco años sería un buen comienzo;
y suprimir las comisiones inmediatamente después sería una forma sensata de dar
continuidad a esta medida.
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