Por qué los jueces no pueden liberar a las víctimas de tortura de Guantánamo
27 de abril de 2010
Andy Worthington
Nota: Este artículo se publica como parte de la “Semana del Habeas Corpus de Guantánamo”
(presentada aquí;
véanse también los artículos aquí,
aquí
y aquí),
que ahora se ha ampliado a la “Quincena del Habeas Corpus de Guantánamo”. Este
proyecto incluye también una
lista interactiva de las 47 resoluciones dictadas hasta la fecha (con
enlaces a mis artículos, a los dictámenes no clasificados de los jueces y a
otros recursos).
El pasado diciembre escribí sobre el caso de Saeed
Hatim, un yemení recluido en Guantánamo cuya petición de hábeas corpus
había sido concedida por el juez Ricardo Urbina. En aquel momento, la opinión
no clasificada del juez Urbina no se había hecho pública, por lo que solo podía
basarme en las propias declaraciones de Hatim en Guantánamo. En documentos de
acceso público, dijo a sus interrogadores que quería encontrar una forma de
luchar en Chechenia, pero llegó a la conclusión de que necesitaba entrenarse en
Afganistán. Sin embargo, aunque admitió haber asistido al campamento de
al-Farouq (asociado a Osama bin Laden en los años previos al 11-S), dijo que
"no le gustaba nada del entrenamiento", que fingió tener fiebre para poder
abandonar el campamento y que, tras pasar un tiempo merodeando por las
retaguardias de las líneas del frente talibán, se dirigió a la frontera con
Pakistán, donde se entregó a la policía pakistaní y fue posteriormente
entregado a las fuerzas estadounidenses.
Como también mencioné en su momento: “Espero con cierto interés la resolución del juez Urbina,
principalmente […] para descubrir si este relato guarda alguna similitud con la
historia desentrañada por el juez en lo que, a pesar de la persistente niebla
de pruebas clasificadas que ensombrece tantos de los casos de Guantánamo, será
sin duda la primera vez que se lleva a cabo algo parecido a un análisis
objetivo de su caso, tras ocho años bajo custodia estadounidense”.
Como parte de un proyecto destinado a analizar todos los casos
de hábeas corpus de Guantánamo, he tenido ahora la oportunidad de estudiar
el dictamen no clasificado del juez Urbina (PDF).
Aunque las líneas generales de la historia de Hatim eran las mismas que las que
él relató en Guantánamo, y el juez Urbina señaló que “las alegaciones del
Gobierno se basaban casi por completo en las confesiones realizadas por el
propio demandante”, lo que faltaba —y que solo salió a la luz en la sala del
juez Urbina— era la afirmación de Hatim de que hizo esas confesiones
"únicamente porque había sido torturado previamente mientras se encontraba bajo
custodia estadounidense". Además, el juez señaló que "la justificación del
Gobierno para la detención se basa también en gran medida en la identificación
por parte de un tercero, un detenido de Guantánamo cuya fiabilidad ha sido
seriamente cuestionada tanto por el tribunal como por los oficiales de
inteligencia de Guantánamo".
Al analizar y desestimar las alegaciones del Gobierno de que Hatim "se entrenó con, convivió con, actuó
bajo el mando de y trabajó para las fuerzas de Al Qaeda y los talibanes y sus
afiliados", el juez Urbina tuvo que decidir si aceptaba la propia afirmación de
Hatim de que, aunque "huyó a Pakistán por temor a su seguridad personal, [él]
sostiene que no hay fundamento para su detención porque no hay pruebas de que
estuviera relacionado con los atentados del 11 de septiembre de 2001, formara
parte de Al Qaeda o de los talibanes o participara en hostilidades contra
Estados Unidos o sus socios de la coalición".
El caso del Gobierno se basaba en las alegaciones de que Hatim se entrenó en al-Farouq, se alojó en
casas de huéspedes de Al Qaeda y los talibanes, "operó bajo el mando de Al Qaeda
y los talibanes en el frente de batalla contra la Alianza del Norte" y fue
identificado por un compañero de prisión como participante en la batalla de
Tora Bora, un enfrentamiento entre Al Qaeda y las fuerzas estadounidenses en
noviembre y diciembre de 2001.
El testigo poco fiable, que presentó denuncias falsas contra 60 presos
Este último argumento fue fácilmente desestimado, ya que la única declaración
presentada por el Gobierno para justificar su alegación sobre Tora Bora
procedía de uno de los compañeros de prisión de Hatim en Guantánamo, quien, tal
y como explicó el juez Urbina, "ha mostrado un patrón constante de graves
problemas psicológicos durante su detención en GTMO". El juez citó a un
interrogador que, en mayo de 2002, declaró: "No recomiendo que se siga
interrogando a [omitido] debido, en parte, a problemas mentales y emocionales
[y] a su limitado conocimiento", y también señaló que había intentado ahorcarse
en su celda en febrero de 2003, y que había vuelto a intentar suicidarse en
marzo de 2003, "diciendo que había recibido “alucinaciones imperativas” para hacerlo".
También señaló que el historial del hospital de Guantánamo indicaba que el testigo "tenía “vagas
alucinaciones auditivas” y que sus síntomas eran compatibles con un “trastorno
depresivo, psicosis, estrés postraumático y un trastorno grave de la
personalidad”", y concluyó "negándose a dar crédito a lo que podría
considerarse la acusación más grave del Gobierno en este caso, basada
únicamente en una declaración, realizada años después de los hechos en
cuestión, por una persona cuya percepción de la realidad parece haber sido, en
el mejor de los casos, precaria".
El recurso a testigos poco fiables no es ninguna sorpresa, por desgracia, ya que los expedientes de los
casos de hábeas corpus hasta la fecha están plagados de declaraciones de
testigos cuya fiabilidad fue puesta en duda por las autoridades de Guantánamo,
pero que el Departamento de Justicia sigue utilizando cínicamente.
Sin embargo, este testigo en particular es digno de mención porque, en junio de 2007, la Oficina de
Revisión Administrativa de la Detención de Combatientes Enemigos (OARDEC), que recopiló
las pruebas contra los prisioneros para sus tribunales y juntas de
revisión, "advirtió que, dado que [su] conocimiento de primera mano había sido
seriamente cuestionado desde 2005, toda la información proporcionada por [él]
debía verificarse adecuadamente a través de fuentes independientes", dado que
esta declaración se realizó en 2006 y porque, como también explicó el juez
Urbina, "el representante personal de otro detenido de Guantánamo determinó que
ninguno de los detenidos que [el testigo] había identificado como entrenados en
al-Farouq se encontraba siquiera en Afganistán durante el tiempo en que [él]
dijo que asistieron al campamento".
Esto, aunque resulte sorprendente, es una referencia al representante legal en el caso de Farouq
Ali Ahmed (también conocido como Farouq Saif), un yemení puesto en libertad
el pasado diciembre, quien destapó el alcance de las declaraciones falsas
realizadas por el testigo poco fiable allá por 2004, cuando descubrió que este
había mentido sobre su asistencia a al-Farouq en los casos de un total de 60
presos —y, por lo tanto, cabe suponer que el Gobierno sigue basándose en estas
declaraciones desacreditadas en docenas de otros casos de hábeas corpus que aún
no han salido a la luz.
Confieso que me parece alarmante el uso reiterado de este testigo desacreditado (y de otros identificados en
otros casos de hábeas corpus), porque denota un profundo cinismo por parte del
Departamento de Justicia, que parece esperar poder engañar a los jueces, en
lugar de desestimar todas las afirmaciones realizadas por este hombre a menos
que, como aconsejó la OARDEC, puedan ser "verificadas adecuadamente a través de
fuentes independientes".
Las denuncias de tortura de Saeed Hatim
Sin embargo, igual de inquietantes son las denuncias de Saeed Hatim de que solo confesó haber
asistido a al-Farouq porque fue torturado. Como explicó el juez Urbina:
El demandante alega que, tras ser capturado en Pakistán, permaneció recluido durante seis meses en una base
militar de Kandahar, Afganistán, donde sufrió graves malos tratos, entre los
que se incluyen palizas repetidas, patadas en las rodillas y el uso de cinta
adhesiva para sujetarle los ojos vendados. A día de hoy, no puede levantar el
brazo izquierdo sin sentir dolor. El demandante alega también que fue amenazado
con ser violado si no confesaba ser miembro de los talibanes o de Al Qaeda.
Como consecuencia, afirma que las declaraciones incriminatorias que realizó en
Kandahar se debieron únicamente a estas amenazas. Alega además que, tras ser trasladado
a Guantánamo en 2002, repitió esas declaraciones incriminatorias en 2004 porque
temía ser castigado si cambiaba su versión de los hechos.
No es la primera vez que un preso alega que inventó una historia falsa bajo tortura o amenazas, y que la repitió
ante el tribunal por temor a represalias si cambiaba su versión. El pasado mes
de septiembre, me inquietó profundamente —a pesar de haber estudiado Guantánamo
sin descanso durante cuatro años— descubrir que esto había ocurrido en el caso
de un kuwaití, Fouad
al-Rabiah, a quien habían entrenado para repetir una confesión falsa sobre
su encuentro con Osama bin Laden y su gestión de un puesto de suministros en
Tora Bora, cuando en realidad no era más que un cooperante humanitario que se
había visto atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado.
En el caso de Saeed Hatim, no esperaba que surgieran tales afirmaciones, ya que parecía plausible que hubiera asistido a
al-Farouq, que hubiera logrado marcharse fingiendo estar enfermo y que luego
hubiera sido capturado tras viajar por su cuenta hasta la frontera con
Pakistán. Sin embargo, el juez Urbina dejó claro que, dado que el Gobierno “no
refuta las alegaciones del demandante sobre coacción ni las numerosas denuncias
de tortura de otros detenidos antes de su llegada a GTMO”:
Las acusaciones de tortura formuladas por Hatim, que no han sido refutadas, socavan la fiabilidad
de las declaraciones realizadas tras su detención en Kandahar. Por lo tanto, el
Gobierno se enfrenta a una ardua tarea a la hora de intentar convencer al
tribunal de que la detención del demandante está justificada sobre la base de
la acusación de que se entrenó en al-Farouq, dado que la única prueba
presentada en apoyo de dicha acusación está viciada por la tortura.
El juez Urbina añadió que, incluso si Hatim hubiera asistido a al-Farouq, había "escasas pruebas" de que "participara
realmente en la estructura de mando de Al Qaeda recibiendo y ejecutando
órdenes", y que esta interpretación se veía reforzada por su salida del
campamento, y también porque ningún testigo externo "indicó que [él] fuera
siquiera visto en al-Farouq, y mucho menos que fuera visto siguiendo órdenes en
nombre de Al Qaeda".
A continuación, procedió a desestimar las alegaciones de que Hatim hubiera participado en la estructura de mando de Al
Qaeda, ya fuera detrás de las líneas del frente o en las casas de huéspedes en
las que se había alojado, concluyendo que “el Gobierno ha presentado al
tribunal una justificación de la detención intrínsecamente defectuosa”.
No hay escapatoria de Guantánamo
A pesar de ello, Saeed Hatim sigue en Guantánamo, más de cuatro meses después de que el juez Urbina dejara claro al
Gobierno que este “no había cumplido con su obligación de convencer al tribunal
de que [su] detención es legal”. El Gobierno no ha recurrido la sentencia del
juez Urbina, como ha hecho en otros casos que ha perdido, pero es muy posible
que esto se deba a que las autoridades están seguras de que la puesta en
libertad de Saeed Hatim de Guantánamo no se producirá en un futuro próximo.
Cuando Saeed Hatim ganó su recurso de hábeas corpus, el 15 de diciembre de 2009, las perspectivas de liberación para los
yemeníes de Guantánamo parecían menos sombrías de lo que habían sido durante
muchos años. Alla Ali bin Ali Ahmed, que había ganado
su recurso de hábeas corpus en mayo de 2009, había sido repatriado
con éxito en septiembre, rompiendo así la reticencia de larga data, tanto por
parte de George W. Bush como de Barack Obama, a liberar a ninguno de los casi
100 yemeníes de Guantánamo, basada, al parecer, en el temor de que el Gobierno
yemení no pudiera garantizar que fueran vigilados adecuadamente tras su liberación.
Justo antes de Navidad, parecía que se habían logrado nuevos avances, ya que se liberó
a otros seis yemeníes; pero cuando, el día de Navidad, un nigeriano, Umar
Farouk Abdulmutallab, intentó hacer estallar un avión y se reveló que, al
parecer, había sido adoctrinado en Yemen, el presidente Obama cedió ante la
oleada de histeria que provocó esta noticia y suspendió
la liberación de cualquier otro preso absuelto hacia Yemen en un futuro próximo.
Casi inmediatamente después, el Grupo de Trabajo interinstitucional del presidente, que había estado revisando los casos
de los presos durante todo el año en un universo paralelo sin prestar apenas
atención a los jueces que tramitaban las peticiones de hábeas corpus de los
presos, reveló
que “al menos 110 detenidos” habían sido autorizados para su liberación, y que
esta cifra incluía a unos 30 yemeníes, que eran “elegibles para la repatriación
inmediata o el reasentamiento en un tercer país”, y otros 30 yemeníes
aproximadamente, que habían sido “clasificados en una categoría propia, cuya
puesta en libertad dependía de una estabilización drástica de las condiciones
en su país de origen”.
Como consecuencia de la capitulación de Obama, por supuesto, ninguno de estos 60 hombres va a salir de Guantánamo en un
futuro próximo, y parece claro, por lo tanto, que no importa si Saeed Hatim —o
cualquier otro yemení, para el caso— gana su recurso de hábeas corpus, ya que permanecerán
en Guantánamo hasta que alguien del Gobierno decida que liberarlos es
políticamente conveniente.
Esto no solo convierte el hábeas corpus en una farsa; también demuestra a los presos que, independientemente de las
mejores intenciones de cualquiera, su destino no depende de nociones de
justicia, sino, como ocurría bajo el mandato de George W. Bush, de los vientos
políticos que soplan en Washington D.C. Y si nadie en la Administración
encuentra la voluntad de hacer lo correcto, en lugar de lo que es políticamente
conveniente, es posible que esos vientos sople para siempre en su contra,
asegurando que la puerta de salida de Guantánamo permanezca firmemente cerrada.
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