No es de extrañar el caos en el juicio de Obama sobre Guantánamo
01 de septiembre de 2010
Andy Worthington
Lo último que debería sorprender a cualquiera al enterarse de que la Administración Obama
"ha archivado el proceso judicial previsto", en un juicio ante una comisión
militar, "de Abd
al-Rahim al-Nashiri, el presunto coordinador del atentado suicida
perpetrado en octubre de 2000 contra el USS Cole en Yemen", tal y como informó
el Washington
Post el jueves, o de que altos funcionarios estén "alarmados" por las
reacciones negativas al juicio
ante una comisión militar de Omar Khadr, tal y como informó el New York Times el viernes.
El problema en ambos casos es que los juicios ante la Comisión Militar son inadecuados para cualquiera de
los prisioneros recluidos en Guantánamo, que o bien están acusados de
actividades terroristas —y deberían ser juzgados como delincuentes en el
sistema judicial federal— o bien son soldados capturados en relación con su
apoyo a los talibanes, encarcelados indebidamente en una prisión experimental
creada para permitir interrogatorios coercitivos, en lugar de ser recluidos en
un campo de prisioneros de guerra de conformidad con los Convenios de Ginebra.
Las comisiones —sacadas de las entrañas de la historia en noviembre de 2001 por Dick
Cheney— parecían adecuadas para el exvicepresidente y para el presidente
George W. Bush, porque, al igual que Guantánamo, parecían estar fuera del
alcance de los tribunales estadounidenses y permitirían ejecutar a los
prisioneros tras juicios en gran medida superficiales, utilizando pruebas
obtenidas mediante tortura.
Una de las razones por las que se intentaba evitar la intervención judicial era que los altos cargos de la
Administración Bush eran conscientes de que su "guerra contra el terrorismo"
—que equiparaba a Al Qaeda con los talibanes y no distinguía entre terroristas
y soldados, considerando a todos los que acababan bajo custodia estadounidense
como "combatientes enemigos" o "detenidos de alto valor"— carecía de
precedentes jurídicos y se vería sometida a rigurosos cuestionamientos.
Para la administración Bush, tal injerencia era inaceptable, pero una y otra vez se demostró que estaban
equivocados, ya que el Corte Suprema falló a favor de los prisioneros,
dictaminando que tenían derecho al hábeas corpus en junio de 2004, dictaminando
que las comisiones militares violaban tanto los Convenios de Ginebra como el
Código Uniforme de Justicia Militar en junio de 2006 y, tras las intervenciones
inconstitucionales del Congreso, reiterando
que los prisioneros tenían derecho al hábeas corpus en junio de 2008.
En el caso de los hombres recluidos junto con el resto de la población carcelaria en Guantánamo, las
sentencias del Corte Suprema desmontaron el argumento de la Administración Bush
de que, en él "nuevo paradigma" de la "guerra contra el terrorismo", se podía
mantener a estas personas detenidas indefinidamente sin que pudieran solicitar
a un juez que determinara si existía fundamento para su detención, sobre todo
si, como en muchos casos, alegaban haber sido capturados por error. Como ha
quedado patente en los últimos dos años, cuando las peticiones de hábeas corpus
de los presos han llegado al Tribunal de Distrito de Washington D.C., existen
tantos problemas fundamentales con la detención de los presos —principalmente
relacionados con la tortura
y niveles
inaceptables de rumores disfrazados de pruebas— que, en 38
de los 53 casos resueltos hasta la fecha, los presos han ganado sus peticiones.
La Administración Obama no ha comprendido hasta qué punto estas sentencias son devastadoras para la
autoridad de detención heredada del presidente Bush. Aunque altos funcionarios
han repudiado públicamente la confianza de Bush en las pretensiones de un poder
aparentemente ilimitado ejercido como comandante en jefe en tiempo de guerra,
Obama ha seguido basándose en la Autorización
para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), aprobada por el Congreso la semana
tras los atentados del 11-S, que, junto con otra sentencia del Corte Suprema de junio de 2004 (Hamdi contra
Rumsfeld), permite al Gobierno detener a cualquier persona que
considere que ha apoyado a Al Qaeda, a los talibanes o a fuerzas afines.
Esto ha dado lugar a problemas terribles, como
ya he
explicado en
detalle, porque, en primer lugar, la mayoría de quienes han visto denegadas
sus peticiones de hábeas corpus no eran más que soldados rasos de los
talibanes, a quienes se debería haber retenido como prisioneros de guerra, y,
en segundo lugar, porque el presidente también se basa en la AUMF para
justificar su plan de seguir
reteniendo a 48 de los 176 prisioneros restantes sin cargos ni juicio,
alegando que "el enjuiciamiento no es viable ni en un tribunal federal ni en
una comisión militar".
Los bien documentados fracasos de las comisiones militares
Se trata de un error fundamental que aún no se ha abordado adecuadamente, pero en lo que respecta a
las comisiones militares, los fallos del sistema se han aireado mucho más a
fondo, y la Administración Obama no tenía excusa para colaborar con el Congreso
en su reactivación el verano pasado. En las comparecencias ante el Congreso de
entonces, varios críticos bien informados de las comisiones, entre ellos el almirante
retirado John Hutson y el teniente
coronel Darrel Vandeveld, un antiguo fiscal, explicaron por qué reactivar
las comisiones era una mala idea, pero el testimonio más convincente lo ofreció
el teniente
coronel David Frakt, abogado defensor militar de dos presos de Guantánamo, Mohamed
Jawad (puesto
en libertad el pasado agosto) y Ali
Hamza al-Bahlul (que fue condenado
a cadena perpetua tras un juicio
parcial ante la Comisión Militar en octubre de 2008, en el que se negó a
presentar una defensa).
En un análisis exhaustivo de los fallos de las comisiones militares originales, el teniente coronel Frakt afirmó:
Los redactores de las normas originales de las comisiones militares [PDF] resolvieron cada uno de estos problemas
reescribiendo la ley. En primer lugar, sé reescribieron las normas sobre
pruebas para permitir la introducción de declaraciones coaccionadas y eliminar
las normas que prohibían los frutos de la tortura y los malos tratos. En
segundo lugar, los redactores clasificaron como "crímenes de guerra"
conductas, como los delitos de conspiración y terrorismo, que constituyen
violaciones del derecho penal ordinario pero que nunca antes se habían
reconocido como incluidas en las leyes de la guerra, en gran medida porque las
leyes de la guerra se aplican correctamente al estrecho contexto de los
conflictos armados.
También crearon una serie de "nuevos" crímenes de guerra basados en la supuesta condición de una
persona, en lugar de en una conducta que realmente infringiera las leyes de la
guerra [PDF]. Los ejemplos más atroces fueron los delitos
inventados de "Asesinato por un beligerante no privilegiado" y
"Destrucción de bienes por un beligerante no privilegiado", que
aparecían en la lista original de delitos de la comisión. Estas disposiciones
convertían en crimen de guerra el asesinato de soldados estadounidenses, la
destrucción de bienes militares o el intento de hacerlo. En otras palabras,
EEUU declaró que era un crimen de guerra luchar, independientemente de que los
combatientes cumplieran las reglas de la guerra.
Cabe destacar que el teniente coronel Frakt apenas observó mejoras en la versión revisada de las
comisiones presentada por el Congreso en otoño de 2006, tras la sentencia del
Corte Suprema que declaraba ilegal la
versión de Cheney. Tal y como afirmó, el Congreso "mantuvo la lista completa de
crímenes de guerra (de nuevo con ligeras variaciones), incluidos los
inventados, e incluso añadió otros nuevos, como el concepto flexible y genérico
de “apoyo material al terrorismo”". Añadió:
Si uno revisara los cargos presentados contra todos los aproximadamente 25 acusados en las
comisiones militares, como he hecho yo, llegaría a la conclusión de que el 99%
de ellos no implican crímenes de guerra tradicionalmente reconocidos. Más bien,
prácticamente todos los acusados están acusados de crímenes que no son de guerra,
principalmente conspiración criminal, terrorismo y apoyo material al
terrorismo, todos los cuales son propiamente delitos según el derecho penal
federal, pero no según las leyes de la guerra.
Resulta alarmante que altos cargos de la Administración Obama reconocieran que la prestación de apoyo
material al terrorismo no debía incluirse en la versión revisada de las
comisiones militares que se aprobó el verano pasado. En su comparecencia ante
el Congreso, el fiscal general adjunto David Kris admitió (PDF)
que "existe un riesgo significativo de que los tribunales de apelación
concluyan en última instancia que el apoyo material al terrorismo no es un
delito tradicional del derecho de la guerra, lo que anularía condenas
conseguidas con gran esfuerzo y daría lugar a dudas sobre la legitimidad del
sistema", y el consejero general del Pentágono, Jeh Johnson, también aceptó
(PDF) que "el apoyo material no es un delito viable que pueda ser juzgado ante
una comisión militar porque no es un delito del derecho de la guerra".
Sin embargo, el Congreso decidió ignorar incluso las peticiones del Gobierno, y el 13 de noviembre del
año pasado, el fiscal
general Eric Holder anunció que cinco hombres previamente sometidos a
juicio ante una comisión militar bajo la presidencia de Bush —Omar Khadr, Abd
al-Rahim al-Nashiri, Ibrahim
al-Qosi, Ahmed
al-Darbi y Noor
Uthman Muhammed— se enfrentarían a lo que era el segundo o tercer intento
de Estados Unidos de obtener condenas a través de juicios ante una comisión militar.
Excusas inaceptables para continuar con el juicio contra Omar Khadr
En consecuencia, resultó un tanto hipócrita por parte del Gobierno quejarse ante el New York Times,
a través de funcionarios anónimos, de que el primer juicio completo celebrado
bajo el sistema reformado, el de Omar Khadr, estaba "socavando su esfuerzo
general por poner de relieve las reformas que, según ellos, han hecho que las
comisiones militares sean justas e imparciales".
Las preocupaciones internacionales y nacionales sobre las propuestas de someter a Khadr a un
juicio por crímenes de guerra se han venido expresando desde que se le sometió
a juicio por primera vez en noviembre de 2005, principalmente porque el
ciudadano canadiense tenía solo
15 años cuando fue capturado tras un tiroteo en Afganistán en julio de
2002, pero también debido al reconocimiento generalizado de que el Gobierno
había traspasado una línea al afirmar que su presunto delito —lanzar una granada
que mató a un soldado estadounidense— era un crimen de guerra.
Dado que la Administración Obama decidió hacer caso omiso de ambas críticas al seguir adelante con el
juicio de Khadr, la queja expresada al Times por funcionarios anónimos
—según la cual "nadie pretendía que el caso Khadr fuera el primer juicio bajo
el sistema reformado", tal y como lo describió Charlie Savage — es francamente
censurable, ya que implica el reconocimiento explícito de que todo el juicio es
inaceptable, y solo sería aceptable si se hubiera podido ocultar a la sombra de
un caso más destacado —uno, por ejemplo, que implicara acusaciones reconocibles
de terrorismo.
Los funcionarios que hablaron con el Times también intentaron restar importancia a esta
incómoda realidad, pero en gran medida sin éxito. Los funcionarios explicaron
que no estaban seguros de si ofrecer un nuevo acuerdo de declaración de
culpabilidad a Khadr para evitar que se celebrara el juicio constituyese una
"influencia ilegal del mando", algo prohibido por las normas de las comisiones.
A Khadr ya se le había ofrecido anteriormente un
acuerdo de culpabilidad, que él rechazó, y, como explicó Charlie Savage,
"los funcionarios de la Administración han debatido si los altos mandos civiles
del Pentágono o de otros lugares podrían intervenir para ayudar a reactivar las
negociaciones del acuerdo", o incluso si podrían ordenar al vicealmirante Bruce
MacDonald (la autoridad convocante de las comisiones, responsable de aprobar
todos los cargos y sentencias) que "hiciera una oferta más atractiva".
Lo que les preocupaba, explicaron, era la prohibición de la "influencia ilegal del mando", definida
como cualquier intento de "coaccionar o, por cualquier medio no autorizado,
influir" en las actuaciones de los fiscales o de la autoridad convócate.
Charlie Savage añadió: "Los funcionarios están debatiendo qué significa eso",
pero esta supuesta reticencia fue rebatida por el coronel Morris Davis, antiguo
fiscal jefe de las comisiones, quien sugirió la disposición a los legisladores
en 2006. El coronel Davis dimitió
en octubre de 2007 después de que se le sometiera a la cadena de mando del
consejero general del Pentágono, William J. Haynes II, quien pretendía utilizar
información obtenida mediante tortura, en contra de la propia negativa del coronel
Davis a tolerar el uso de dicho material, y declaró al Times que "creía que la
disposición no tenía por objeto impedir la presión para mejorar una oferta de
acuerdo", y le dijo a Charlie Savage: "Es evidente que no se trata de
“influencia de la jerarquía” hacer algo favorable al acusado. Todo el concepto
era justo lo contrario".
Parálisis en el caso de Abd al-Rahim al-Nashiri
Irónicamente, al mismo tiempo que se esgrimían estas pobres excusas en el caso de Omar Khadr, el Washington
Post reveló que, en el caso de un auténtico sospechoso de terrorismo,
Abd al-Rahim al-Nashiri, presunto cerebro del atentado contra el USS Cole en
octubre de 2000, "no hay cargos pendientes ni se contemplan en un futuro
próximo contra al-Nashiri". Como explicaba el Post, "La declaración, incluida
en una moción para desestimar una petición de los abogados de Nashiri, sugiere
que la perspectiva de nuevos juicios militares para los detenidos en la bahía
de Guantánamo, Cuba, se ha estancado prácticamente por completo".
Aunque el Pentágono rebatió la declaración, alegando que "los fiscales de la Oficina de Comisiones
Militares están investigando activamente el caso contra el Sr. al-Nashiri y
preparando los cargos contra él", y el Post habló con oficiales militares que
afirmaron que "un equipo de fiscales del caso Nashiri lleva tiempo listo para
ir a juicio", un oficial militar pareció zanjar estas evasivas al afirmar: "En
este momento es una cuestión política". Tal y como lo describió el Post,
"dijo que cree que la Administración no quiere proceder contra un detenido de
alto valor sin alguna perspectiva de juicios civiles para otras figuras
importantes en la Bahía de Guantánamo".
Se trataba de una referencia a Khalid
Sheikh Mohammed y otros cuatro "detenidos de alto valor" acusados
de participar en los atentados del 11 de septiembre, cuyos juicios ante
tribunales federales se anunciaron
el mismo día del pasado mes de noviembre en que Eric Holder anunció la
reanudación de los juicios ante comisiones militares contra Omar Khadr, Abd
al-Rahim al-Nashiri y los otros tres mencionados anteriormente. En aquel
momento, la atención crítica se centró en el sistema
judicial de tres niveles que consagraba el anuncio de Holder, con juicios
ante tribunales federales para algunos presos, juicios ante comisiones
militares para otros y, como también admitió la Administración, detención
indefinida sin cargos ni juicio para otros.
Esto fue criticado con razón como una parodia de la justicia, ya que implicaba procesos diferentes en
función de lo que la Administración considerara su nivel de éxito potencial, y
no quedó compensado por la afirmación de Eric Holder de que, en el caso de
al-Nashiri, por ejemplo, "en lo que respecta al atentado contra el Cole, se
trató de un ataque contra un buque de guerra de los Estados Unidos y eso, en mi
opinión, encaja adecuadamente en el marco de una comisión militar". Como dejó
claro el artículo del Post de la semana pasada, era más probable que se optara
por una comisión militar para al-Nashiri porque se "esperaba que la acusación
se basara en gran medida en las declaraciones realizadas al FBI por dos
yemeníes que presuntamente implicaban a Nashiri", y que, a diferencia de lo que
ocurre en un tribunal federal, no estarían obligados a testificar, y también,
por supuesto, porque, al ser uno de los tres "detenidos de alto valor" sometidos
al submarino —y amenazado con una pistola y un taladro eléctrico—, las
propias declaraciones de al-Nashiri probablemente serían inadmisibles como prueba.
Parálisis generalizada
Sin embargo, diez meses después, con los juicios en tribunales federales contra los presuntos cómplices
del 11-S aún en el aire —tras una reacción popular que ha sumido al Gobierno en
la parálisis— y con las últimas noticias sobre las comisiones, que indican que
estas también se han "prácticamente paralizado", resulta, lamentablemente,
evidente que la palabra "parálisis" define ahora la respuesta general del Gobierno
de Obama respecto a Guantánamo.
De los 176 presos restantes, solo 35 tienen, por el momento, un nuevo destino, tras haber sido autorizados
para su puesta en libertad por el Grupo de Trabajo Interinstitucional para
la Revisión de Guantánamo del presidente Obama, mientras que el resto —58
yemeníes también autorizados para su puesta en libertad, pero que siguen
detenidos debido a la moratoria
impuesta en enero por el presidente Obama sobre la liberación de más
yemeníes, los 35 presos que supuestamente están programados para ser juzgados y
los 48 designados para la detención indefinida sin cargos ni juicio— se
encuentran atrapados en un limbo de parálisis política que es poco probable que
se resuelva antes de las elecciones de mitad de mandato, y que podría ser
imposible de remediar tras las elecciones si el equilibrio de poder en el
Congreso se aleja de los demócratas.
Las maniobras políticas y el pragmatismo han desempeñado un papel fundamental en todo esto, al igual que
el alarmismo sin escrúpulos de los republicanos y de miembros del propio
partido de Obama, pero el resultado —ningún juicio, pocas liberaciones y ese
ambiente dominante de parálisis—— es un mal reflejo de la administración, de
los legisladores de ambos partidos y de Estados Unidos en general, porque el
fracaso a la hora de llevar ante la justicia a auténticos sospechosos de
terrorismo, liberar a los presos que no constituyen una amenaza y cerrar
Guantánamo de una vez por todas no es motivo de celebración.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
