A pesar de que el
acusado del 11/9 no se encuentre mentalmente “apto para enfrentar juicio”,
Biden rechaza acuerdo negociado que le daría cuidado de salud mental, como lo
pide la ley internacional
26 de septiembre de 2023
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 15 de octubre de 2023
Ramzi bin al-Shibh, en una foto reciente tomada en Guantánamo por
representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y el juez de su juicio,
el coronel de la Fuerza Aérea Matthew McCall, quien recientemente aceptara una
evaluación de parte de una Junta de Sanidad del Departamento de Defensa acerca
de no estar apto para enfrentar juicio debido al trastorno por estrés postraumático
y la psicosis.
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En noticias sorprendentes desde Guantánamo hace cuatro días, el coronel de la Fuerza Aérea Matthew McCall, juez en el caso de comisión
militar en contra de cinco hombres acusados de participar en los ataques
terroristas del 11 de septiembre del 2001, decidió que uno de los hombres, Ramzi
bin al-Shibh, no es, como la Associated Press lo describió, “apto para juicio” después de que un
panel médico descubriera que “la tortura lo dejó psicótico” — o “duraderamente
psicótico”, como declara el encabezado del artículo.
Bin al-Shibh, un yemení de 51 años, tenía 30 cuando
fue secuestrado en una redada de una casa en Karachi, Pakistán, el 11 de
septiembre del 2002, en el primer aniversario de los ataques del 11/9. Estuvo
detenido, subsecuentemente, por
cuatro años en “sitios negros” de la CIA alrededor del mundo — incluyendo
Marruecos, Polonia, Rumania y el “sitio negro” que existía en Guantánamo en el 2003-04 — antes de su
transferencia final a Guantánamo en septiembre del 2006, con otros trece
“detenidos de alto valor” incluyendo cuatro hombres acusados de participar en
los ataques del 11/9.
Después de un intento abortivo, en el 2008, para enjuiciar a los cinco hombres en las comisiones militares bajo Bush y un
compromiso subsecuente, en noviembre del 2009, para hacerlo
en un tribunal federal en Nueva York, que fue abandonado
después del respuesta republicana, los cinco hombres fueron acusados en un
sistema de comisiones militares revivido en mayo
del 2011.
Desde el inicio, los abogados de bin al-Shibh argumentaron que podría haber estado “apto para juicio”, como lo explicó
en un sessión informativa de Human Rights Watch en su momento, añadiendo
que los abogados “habían pedido que los procesos en contra suya y los otros co
acusados se suspendieran hasta que su estado mental fuera determinado”, añadiendo que le habían “prescrito drogas
psicotrópicas de las que se usan para tratar esquizofrenia”.
Sin embargo, los hombres fueron procesados
en mayo del 2012, y las audiencias previas a juicio comenzaron
en octubre del 2012, aunque han sido atrapados desde entonces en un tipo
“Día de la Marmota” de justicia frustrada, mientras que los equipos defensores —
correctamente — han estado luchando para establecer los detalles completos de
la tortura a la cual sus clientes fueron sometidos, mientras que los fiscales
han trabajado arduamente para mantenerlos escondidos.
El reporte de la junta de salud acerca del estado mental de bin al-Shibh de
incompetencia para enfrentar juicio
Vergonzosamente, tomó hasta abril de este año para que el último juez de las audiencias previas al juicio del 11/9 — el coronel de la
Fuerza Aérea Matthew McCall, quien tomara el trabajo en julio del 2019 —
aceptara que los argumentos del equipo defensor de bin al-Shibh acerca de la
necesidad de que se evaluara su competencia mental. El 14 de abril ordenó una
investigación en la Capacidad Mental del Acusado bajo la Regla RMC 706, del Manual
de Comisiones Militares, que fue establecido como parte de la Ley de
Comisiones Militares del 2009.
La RMC 706 declara que “si le parece a cualquier
autoridad de capacidad convocatoria que considere la disposición de cargos, o a
cualquier abogado de juicio, de defensa, juez militar o miembro, que existe una
razón para creer que la falta de responsabilidad mental del acusado por
cualquier cargo de ofensa falta de capacidad para enfrentar juicio, el hecho y
la base de la creencia u observación deberá ser transmitida a través de canales
apropiados para que la autoridad autorice la orden de investigación de la
condición mental del acusado. La propuesta debe estar acompañada por una
aplicación para la examinación mental bajo esta regla”.
La orden del coronel McCall fue subsecuentemente aprobada por la Autoridad Conveniente de las comisiones militares el 3 de mayo
y la Junta de Sanidad RMC 706 posteriormente, el 6 de junio, convino a una
investigación de la “capacidad mental de aguantar un juicio” para bin al-Shibh.
El 24 de agosto, la Junta de Sanidad, que es parte del
Centro de la Agencia de Salud para las Ciencias de Comportamiento Forenses (Defense
Health Agency Center for Forensic Behavioral Sciences) del Departamento de la
Defensa, en Bethesda, Maryland, llegaron
a las siguientes conclusiones:.
En respuesta a la pregunta “¿Está el Sr. bin al Shibh actualmente sufriendo de una enfermedad o defecto mental?”, declararon que “Sí”
y, en respuesta a la pregunta “¿Cuál es el diagnóstico clínico psiquiátrico?”,
dijeron que “el diagnóstico clínico psiquiátrico más preciso reflejando
la presentación del acusado es trastorno por estrés postraumático con
características psicóticas secundarias”, mientras “el diagnóstico clínico
psiquiátrico estrictamente confirma al Manual de Diagnóstico Estadístico de
Desórdenes Mentales, explica los síntomas del acusado como “trastorno
por estrés postraumático con desorden delirante del tipo persecutorio”.
En respuesta a la tercera pregunta “¿Está sufriendo el Sr. bin al Shibh, actualmente, de una enfermedad mental o defecto que lo vuelva
incapaz de entender la naturaleza de los procesos en su contra o cooperar
inteligentemente en su defensa?”, también dijeron que “sí”.
Respondiendo al fallo, David Bruck, el abogado
principal del al-Shibh, les dijo a los reporteros que la decisión marcó “la
primera vez en la que los Estados Unidos ha reconocido formalmente que el
programa de tortura de la CIA produjo profundo y prologado daño psicológico”,
añadiendo que esto era “exactamente lo que la CIA prometió que no sucedería”.
Como declarara el reporte de la AP, bin al-Shibh se ha quejado desde su transferencia a Guantánamo “que los guardias lo estaban
atacando, incluyendo rayos invisibles, para privarlo de sueño y causarle
dolor”. En mi análisis previo, comenté las quejas de sus abogados acerca de su
salud mental al momento de ser acusado por primera vez en mayo del 2011, pero
también destacablemente que, en su fallo, el coronel McCall mencionó que “los
reportes psicológicos que datan por lo menos desde el 2004 documentaron los
asuntos mentales de al-Shibh”.
Como le dijo David Bruck al coronel McCall en la
audiencia antes de que diera el fallo, “el enfoque abrumador de su cliente en
intentar detener los ataques invisibles y su insistencia de sus abogados
hiciera no mismo, lo vuelve incapaz de tomar parte significativa en su defensa”.
Bruck también le dijo al juez que el “confinamiento en
solitario de bin al-Shibh por más de cuatro años en los sitios obscuros de la
CIA y la tortura que incluyó ser forzado a estar de pie sin dormir hasta por
tres días a la vez, desnudo excepto por un pañal y mojado con agua fría en
cuartos con aire acondicionado” llevaron a su “creencia duradera de que los
guardias americanos estaban conspirando para privarlo de sueño”.
Como resultado del fallo, el caso de bin al-Shibh ha
sido cercenado del de los otros cuatro hombres, dejándolo en lo que la
académica Lisa Hajjar, en X (antes Twitter), llamó “territorio
inexplorado” en términos de su tratamiento.
En la audiencia de la semana pasada, como descrita por la AP, David Bruck “indicó … se esperaba que al-Shibh permaneciera en custodia
mientras los oficiales de la corte esperaban que volviera a ser mentalmente
competente de nuevo, si eso alguna vez llega a suceder”. Añadió que “el
tratamiento para el PTSD (por sus siglas en inglés) ofrecería la mejor
esperanza para que al-Shibh pudiera recuperar alguna vez la competencia para
enfrentar un juicio”, señalando que “la forzada marginación del caso de EE.UU.
en su contra sería ‘una oportunidad para que el país rindiera cuentas acerca
del daño’ provocado por lo que llama ‘programa de experimentación humana’ de la CIA”.
Desafortunadamente, aunque Bruck está, sin dudas, en
lo correcto al indicar que el tratamiento de PTSD podría ayudarle a bin al-Shibh,
también es destacable que, por 17 años, desde su llegada a Guantánamo, el
gobierno estadounidense ha fallado claramente en darle un tratamiento de salud
mental adecuado, a pesar de la obligación internacionalmente reconocida de
hacerlo, que, para cualquier medida objetiva, ha contribuido significativamente
o es enteramente responsable por su incompetencia mental, como concluyó la
Junta del propio Departamento de Defensa.
El significado del devastador reporte de la relatora especial de la ONU acerca de Guantánamo
En febrero, Fionnuala Ní Aoláin, la relatora especial en la Promoción y Protección
de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la lucha contra el
terrorismo, se convirtió en la primera relatora de la ONU en visitar Guantánamo
y, en su
subsiguiente reporte devastador, emitido en junio, mencionó de manera
específica que “el fracaso del gobierno estadounidense en proveer
rehabilitación de tortura directamente contraviene sus obligaciones bajo la
Convención Contra la Tortura”.
En un largo y dañino párrafo acerca de los detalles específicos de los fracasos del gobierno estadounidense, declara que estaba “gravemente
preocupada por el incumplimiento del gobierno estadounidense en relación a los
programas de rehabilitación de tortura” y que era particularmente dura acerca
del “cuidado especializado y las instalaciones que son inadecuadas para los
asuntos complejos y urgentes de salud mental y psicológica de los detenidos,
incluyendo impedimentos permanentes, heridas cerebrales traumáticas, dolor
crónico incluidos dolores de cabeza y pecho, estómago, espalda, recto y de
articulaciones, problemas gastrointestinales y urinarios, trastorno de estrés
post traumático complejo y no tratado, y otras manifestaciones de tortura
física y psicológica y rendición después del 11/9, así como daño acumulativo e
interseccional empeorado por la detención continua, estrés psicológico
profundo, privación de apoyo físico, social y emocional de familia y comunidad
en el ambiente de detención sin juicio para unos y sin cargo para otros por
21años, huelgas de hambre y alimentación forzada, daño auto infringido e
ideación suicida y envejecimiento acelerado”.
Mientras que la conclusión dañina de la relatora especial fue que numerosos factores, incluyendo el haber fallado en “proveer
rehabilitación alguna por tortura a los detenidos”, significó que la situación
actual en Guantánamo “equivale a tratamiento cruel, inhumano y degradante” que
“podría estar al límite de la tortura”, el gobierno de Biden sólo contestó con
una brusca y ofensiva respuesta
de una página, en la que, entre otras cosas, descartan los descubrimientos.
Michèle Taylor, representante permanente del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU para EE. UU, alegó que los hombres todavía detenidos en Guantánamo “reciben
cuidado médico y psiquiátrico especializado”.
El caso de los acuerdos negociados y el vergonzoso rechazo del presidente Biden de
las condiciones requeridas
De hecho, tanto Taylor como Biden fracasaron en incorporar
un reconocimiento por parte de los fiscales en el caso del 11/9 acerca de que
el uso de la tortura había impactado de manera tan severa la credibilidad de
las comisiones que la única manera de seguir adelante involucraba acuerdos
negociados, en los que, a cambio de declaraciones de culpabilidad, se quitaría
de la mesa la pena de muerte y los co acusados del 11/9 pudieron poner sus
propias peticiones para un acuerdo que consideren aceptables.
El detonador para el reconocimiento tardío de la naturaleza irremediablemente rota de los tribunales fue, aparentemente, la declaración de Majid
Khan, quien aceptó un acuerdo negociado en el 2012, relacionado a su papel como
mensajero para al-Qaeda, que se le permitió hacer en octubre del 2021 (ver aquí y
aquí),
en la cual, mientras se disculpaba profunda e incondicionalmente por su
participación en terrorismo, también describió la tortura a la cual fue sujeto,
en detalles tan desgarradores que siete de los ocho jurados militares
presentaron una carta escrita a mano haciendo un llamado
de clemencia, describiendo su tortura como “una mancha en la fibra moral de
América” comparándola con los tipos de tortura “ejecutada por los regímenes más
abusivos de la historia moderna”.
En marzo del 2022, los fiscales del caso del 11/9 comenzaron negociaciones en relación a un posible acuerdo negociado, en el
cual, como explicó el New York Times
hace tres semanas, cinco co acusados “buscaron un programa manejado por civiles para tratar los desórdenes del sueño, heridas
cerebrales, daño gastrointestinal y otros problemas de salud” asociados con su
tortura y “garantías de que no cumplirían sentencias en confinamiento solitario
y podrían, en lugar de eso, continuar a comer y rezar en comuna — como hacen ahora”.
Desafortunadamente, como el reporte del Times también explicara, dos
oficiales del gobierno, hablando de manera anónima, le dijeron al periódico
que, en víspera del aniversario 22 de los ataques del 11/9, el presidente Biden
ha rechazado la “lista de condiciones propuestas” referidas en las decisiones
judiciales como “principios de política conjuntos”.
Según los oficiales, el presidente Biden “adoptó una recomendación por parte del secretario de defensa Lloyd J. Austin III” de no
aceptar “principios de política conjuntos” con un oficial declarando que el
presidente “no cree en que las propuestas, como base para un acuerdo negociado,
serían apropiadas” mientras que otro “citó la naturaleza atroz de los ataques”.
Como añadiera el Times, aunque el acuerdo negociado “sigue estando en la mesa”, “la decisión del presidente de rechazar
condiciones adicionales reduce la posibilidad de alcanzar tal acuerdo”.
Esto es profundamente decepcionante porque, aunque era
obvio que siempre iba a ser difícil persuadir a varios americanos que una
negociación que prevenga que los hombres estén en confinamiento solitario era
aceptable como parte de un acuerdo negociado, rechazar aceptar los “principios
de política conjuntos” también significa que el gobierno estadounidense
continúa a privar a los hombres de rehabilitación de tortura que el gobierno
tiene que proveer por requerimiento bajo la Convención Contra Tortura de la
ONU, el ”cuidado médico y psiquiátrico especializado” que Michèle Taylor dice
que reciben, pero que la relatora especial dijo que no existe.
A menos que el gobierno implemente un programa apropiado de cuidado, parece
probable que se requerirá que los Mandatos Especiales de la ONU continúen
emitiendo reportes dañinos y opiniones acerca de sus fracasos, mientras que los
abogados para los otros hombres acusados en el caso del 11/9 aumentarán sus
esfuerzos totalmente justificados para que sus clientes sean excluidos de
cualquier proceso de juicio, debido a los atroces efectos de la tortura que
experimentaron — en
particular, Ammar al-Baluchi, que experimentó daño cerebral y Mustafa
al-Hawsawi, que está físicamente incapacitado debido a la violación anal a la
que fue sujeto.
La decisión del presidente Biden también frustra el trabajo duro que realizado por los fiscales el último año y medio, a través del
cual el fiscal principal Aaron C. Rugh y su equipo han estado reuniéndose con
los familiares de las víctimas del 11/9 para explicar, como lo describió el Times, que “los acuerdos de
culpabilidad logran “finalidad judicial” o “certeza judicial” porque un prisionero
que se declara culpable renuncia a su derecho de apelar, entre otras cosas, la
legitimidad del tribunal o de la convicción”.
Como añadió el Times, “los fiscales han estado explicando los mecanismos de admisión de culpabilidad a cambio de condenas de
por vida en reuniones con pequeños grupos de familiares en New York, Boston y
Florida desde, por lo menos, mayo”. También “enviaron una carta de dos páginas
a un grupo más grande el mes pasado” en la que escribieron que “no debería
sobreestimarse que un acuerdo de culpabilidad es una evidencia definitiva de culpabilidad”.
En conclusión, entonces, siendo contundentes, es profundamente desesperanzador que todo lo anterior ahora parece estar
descarrilado como resultado de la inhabilidad de los republicadnos y de los
medios de derecha en aceptar que un juicio exitoso es imposible debido al uso
de tortura por parte de la CIA y también porque el gobierno de Biden no puede
aceptar que a los hombres en cuestión se les debe permitir algún tipo de
ventaja útil para ellos.
Aparte de cualquier cosa, la capitulación de los fracasos de Biden para reconocer que el acuerdo negociado a través de los
“principios de política conjuntos” es particularmente conveniente para la CIA,
porque elimina cualquier tipo de cuenta judicial por el programa de tortura.
Habrá puesto en la balanza la CIA esto, me pregunto, o
su posición sigue siendo lo que los que hemos estado observando de cerca hemos
sospechado por varios años: que, para prevenir la divulgación de detalles del
programa de tortura, es mejor, desde la perspectiva de la CIA que los juicios
jamás procedan y aquellos acusados simplemente se debiliten y mueran en
Guantánamo, lo que sea que ocurra, sin que nada que se parezca a la justicia
sea jamás dada.
El presidente Biden debería de pensar otra vez acerca de sus opciones. Los juicios claramente son imposibles, pero entregar a los
hombres a una muerte lenta en Guantánamo sin darles el cuidado médico y
psiquiátrico que necesitan es indefendible. Algo de osadía es claramente requerida,
lo que involucre más que patear imprudentemente el caso esperando lo mejor.
EPÍLOGO: el reporte de la relatora especial acerca de Guantánamo y el fallo del coronel
McCall, después de los descubrimientos de la Junta de Sanidad acerca del estado
mental de Ramzi bin al-Shibh no son las únicas opiniones devastadoras y fallos
que, en este año, han socavado minuciosamente cualquier esfuerzo por parte del
gobierno de Biden para reforzar la legitimidad quebrada de las comisiones militares.
En mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU en Detención Arbitraria condenó
al gobierno estadounidense por la detención arbitraria de más de 20
años de Abd al-Rahim al-Nashiri, quien está atrapado en audiencias
interminables previas a juicio en relación a su supuesta participación en el
bombardeo del USS Cole en el 2000. El Grupo destacó la valoración del
médico experto como “uno de los individuos más severamente traumatizado que
jamás he visto”, haciendo un llamado para su liberación y, además, declaró que
“bajo ciertas circunstancias, el encarcelamiento extendido o sistemático u otra
privación severa de libertad, en violación de la ley internacional, podría
constituir crímenes contra la humanidad”.
Después, a finales de agosto, el juez del juicio de al-Nashiri,
el coronel Lanny Acosta, Jr., dio
un gran golpe a la viabilidad de su caso al decidir que las
declaraciones auto incriminatorias que hizo después de su llegada a Guantánamo
de los “sitios obscuros” de la CIA al llamado “equipo limpio” de interrogadores
que no eran de la CIA eran inadmisibles porque era imposible para él no haber
estado sufriendo de los efectos de la tortura y del “condicionamiento” que los
acompañaba. Como los hombres acusados de participar en los ataques del 11/9
también fueron sujetos a interrogaciones de “equipo limpio”, el fallo del juez
en el caso de al-Nashiri, destruyendo un elemento clave en el caso en su
contra, también podría haber dado un golpe mayor al caso del 11/9.
Y, finalmente, a finales de marzo, un número de relatores y grupos de trabajo, condenaron al gobierno estadounidense por su
trato a Abd al-Hadi al-Iraqi, otro “detenido de alto valor”, que aceptó un
acuerdo negociado el año pasado. Al-Iraqi, quien tiene una condición espinal
degenerative, es el prisionero físicamente más incapacitado de Guantánamo,
pero, como destacaron los expertos, los servicios de salud en Guantánamo han
sido y siguen siendo completamente inadecuados para lidiar con sus necesidades
complejas y críticas.
Todo lo anterior, obviamente, sólo destaca cuánto es necesario que la administración de Biden pueda proveer a los hombres todavía
detenidos en Guantánamo con el “cuidado médico y psiquiátrico especializado”
que necesitan, que, en las negociaciones acordadas, fueron específicamente
requeridos por los co acusados del 11/9.
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